En plena Zona Río, en las inmediaciones del Palacio
Municipal de Tijuana, un elementos de la Policía de Investigación de la PGR fue
privado de la libertad y golpeado por seis criminales que fueron detenidos
cuando lo iban a dejar tirado en vía pública. El reporte oficial es que el rescate lo realizaron sus compañeros de la
SEIDO sin solicitar apoyo a autoridades locales. Existen versiones que refutan
los datos del Informe Policiaco Homologado, presentado por agentes federales
Investigaciones ZETA
La golpiza y secuestro
ejecutado en contra de un policía ministerial de la Agencia Federal de
Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República (PGR),
ocurrido esta semana en Tijuana, agravó el clima de impunidad en Baja
California.
El ataque atrajo la atención
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), agentes se concentraron en investigar los nexos de los seis
secuestradores detenidos por el ataque, “van a caer todos los involucrados”,
advirtieron desde el interior.
Alrededor de las tres de la
tarde del lunes 29 de enero, los titulares de todas las fuerzas del orden que
operan en Tijuana y sus áreas de inteligencia, recibieron un llamado de
elementos de la SEIDO, solicitando apoyo; les preguntaron si alguno de ellos
tenía detenido a un hombre que se estuviera identificando como agente de
investigación de la subprocuraduría. La respuesta fue negativa.
Poco tiempo después, la
Policía Estatal Preventiva (PEP) fue requerida solo como apoyo en la Zona Río
Tijuana, a la altura del Hospital General, sin embargo, cuando llegaron, los
elementos de la Policía Federal Ministerial ya se estaban retirando de la zona,
y no supieron más.
Momentos antes, policías
federales ministeriales de la Agencia Federal de Investigación Criminal de la
PGR habían rescatado a uno de sus compañeros del interior de una clínica de
rehabilitación ubicada en el número 10851 de Avenida Eusebio Kino en la Zona
Urbana Rio, en Tijuana.
Sin embargo, esta versión fue
refutada por abogados de los propietarios del inmueble, quienes llevaron el
caso ante un juez para probar que el enfrentamiento entre particulares y
elementos de la PGR se había dado en las afueras de la clínica y nada tenían
que ver con la empresa, incluso refieren que hubo pugna entre los policías y
algunos visitantes y guardias del centro de rehabilitación que pudieron haber
sido confundidos con delincuentes. “Un juez ya determinó que la historia que
contó la PGR no es real”, aseguró el representante de la empresa.
El agente que poco antes
había sido secuestrado, no ha sido identificado. De acuerdo a los reportes,
presentaba golpes graves en cabeza y rostro. De manera extraoficial, se pudo
saber que en la SEIDO manejaron la versión de que al ser detenidos los criminales,
tirarían al agente en vía pública, dándolo por muerto.
LOS DETENIDOS
En el operativo, los
federales capturaron y presentaron ante el Ministerio Público Federal a seis
hombres: Juan Alberto García Vaca, Ricardo Javier Escobar Galeana, Mauro Vega
Granados, Alfonso Jiménez Evangelista,
Ángel Iván Güereña Espinoza y Héctor González Flores.
La plataforma de criminales
del Estado indica que García Vaca tiene antecedentes por extorsión y estuvo
preso en 2011; Jiménez Evangelista fue detenido por portación de arma prohibida
en 2013; Vega Granados estuvo preso en El Hongo en 2002, pero se ignora el
delito; y González Flores ingresó a prisión en 2011 por delitos contra la
salud. Escobar y Güereña no cuentan con antecedentes delictivos.
Según datos públicos, Juan
Alberto García Vaca promovió en 2012 un juicio en el Juzgado Décimo Sexto de
Distrito:
“En el juicio de amparo
número 189-2012-III, promovido por Raúl Armando Nava Miranda, Jorge Enrique
Paredes Macías, Juan Alberto García Vaca, Israel Villanueva Ramírez, Francisco
Rodríguez Galindo y Víctor René Sánchez Charolet, contra actos del Juez Cuarto
de lo Penal, con sede en esta ciudad, consistentes en el auto de formal prisión
de veintitrés de febrero de dos mil doce, en la causa penal 681-2011, radicado
en el Juzgado Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja
California”, pero no existen más datos disponibles de la determinación.
De acuerdo al Informe
Policiaco Homologado, al momento de ser asegurados estaban en posesión de tres
armas cortas y 500 gramos de cristal, los delitos de los que se le acusa son
privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y contra la Ley
Federal de Armas.
DEL SECUESTRO
Los datos a disposición
indican que cuando fue secuestrado el agente investigador estaba con otra
persona y los criminales se llevaron a los dos, pero liberaron a la segunda
víctima, por lo que los investigadores sospechan que “lo pusieron”.
Las primeras versiones
indicaban que el investigador había sido privado de la libertad en un
restaurante a la hora de comer, sin embargo, no hubo alguna llamada de
emergencia o denuncia al Centro de
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
Datos posteriores reportaban
que la privación del agente se dio en las inmediaciones de la clínica, donde el
oficial se topó con los criminales que habían sido advertidos de que la SEIDO
los estaba investigando.
Se sabe que la inquietud
respecto a su paradero surgió después que compañeros de la víctima intentaron
contactarlo vía telefónica en múltiples ocasiones y no respondió, hasta que uno
de los delincuentes respondió una de las llamadas, lo que generó que se iniciara
el operativo de rescate que elementos de la SEIDO ejecutaron solos.
De manera extraoficial,
también confirmaron la versión que los detenidos pertenecen a la célula
criminal del Cártel Arellano Félix aliada con traficantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CAF-CJNG), encabezada por Pablo Edwin Huerta Nuño “El
Flaquito”, quien decidió contraatacar a las fuerzas federales porque pensó iban
por él. Información proporcionada en el transcurso de la semana refiere que
elementos de la SEIDO aseguran que, previo a la intervención policiaca, un auto
abandonó la escena y que Huerta iba en el vehículo.
Al momento hay más de 40
elementos de la SEIDO trabajando en ese caso en Tijuana.
Hasta el 29 de enero, Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito” no estaba considerado entre los objetivos
prioritarios del Grupos Coordinación a pesar que, desde 2016, le han dado
seguimiento como operador criminal del Cártel Arellano Félix, no cuenta con
orden de aprehensión, pero sí con dos antecedentes delictivos oficiales, ambos
de 2012: uno por intento de soborno en
octubre para evitar una multa por no traer licencia, y otro por portación de
arma de uso exclusivo del Ejército.
Por versiones de la tropa se
pudo saber que la intención de la
corporación es detener y presentar ante el Ministerio Público la mayor cantidad
de delincuentes pertenecientes a la organización criminal que los atacó, para
evitar que los cárteles en Tijuana crean que pueden levantar y tratar de
asesinar a un agente federal y salir impunes.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ZETA/ VIERNES, 2 FEBRERO, 2018 12:00 PM)
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