Foto: Tomada de Internet
El espionaje no es una práctica ajena al
peñismo, en cambio, sí es una irregularidad no castigada, no investigada, y que
a la fecha sigue impune.
Quienes espían son los
enemigos en una guerra. Lo hacen para conocer las tácticas del otro y anticipar
movimientos, para protegerse y adelantarse a las estrategias de combate, para
conocer las debilidades del otro y contraatacar. Para hacerse daño, obtener
información privilegiada, dar golpes certeros conociendo el plan del enemigo.
Los cuentos de espionaje más
famosos en nuestros días sucedieron durante la Guerra Fría que libraron Estados
Unidos y la Unión Soviética. Una guerra donde no se atacaron físicamente, pero
se controlaron y embistieron ideológicamente.
Un gobierno espía a sus
enemigos. Los enemigos del gobierno de Enrique Peña Nieto parece que son los
periodistas, los activistas y los defensores de los derechos humanos. En una
guerra desigual, desde el gobierno de la república se utilizan los recursos de
la nación para acabar con la privacidad de ciudadanos que persiguen causas y
ejercen sus libertades.
Esta conducta de espionaje en
el gobierno de Enrique Peña Nieto no es nueva. Se ha utilizado incluso antes de
pasar la elección que en tribunales electorales le reconoció el triunfo.
Todavía está en la memoria y en un video que de pronto circula por ahí el
momento en que el equipo de la periodista Denise Maerker toma imágenes en el
avión de campaña de Peña Nieto, y a este le es entregada información privada
sobre una de las personas que participaron en las manifestaciones de la
Universidad Iberoamericana que habría de engendrar el movimiento #YoSoy132.
Tiempo después, en 2015, fue
filtrada información de cómo el gobierno de la república y otros gobiernos de
los estados adquirieron de la empresa italiana HackingTeam un sistema de
control remoto, llamado Da Vinci, con el cual podían introducirse a aparatos
electrónicos de quien quisieran. Investigaciones periodísticas develaron que
aquel programa había sido adquirido por gobiernos como el de Baja California,
Jalisco, Querétaro y el Estado de México y por dependencias como la Policía
Federal, Petróleos Mexicanos y el Cisen (Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional), dependencia que está en la facultad de la Secretaría de Gobernación,
que titula Miguel Ángel Osorio Chong, y que también se apropió del recurso y la
infraestructura que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal para
regresar la policía al área del manejo de la política.
Al año siguiente, en 2016, un
hacker colombiano, Andrés Sepúlveda, concedió una entrevista a Bloomberg y
contó cómo prestó sus servicios de hackeo a distintas empresas y gobiernos;
entre a quienes sirvió estuvo el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, que
en 2012 hackeó dispositivos electrónicos de los “enemigos” políticos del ahora
presidente, que en realidad eran sus contrincantes: Andrés Manuel López Obrador
y Josefina Vázquez Mota.
No es el espionaje una
práctica ajena al peñismo, en cambio, sí es una irregularidad no castigada, no
investigada, y que a la fecha sigue impune. Como si gozara de credibilidad, al
gobierno de Enrique Peña Nieto le es suficiente con enviar un comunicado, o
pedir a un vocero de quinta que niegue los hechos ante la falta de pruebas,
para dar carpetazo al tema de la invasión de la vida privada, el espionaje por
motivos ideológicos y la persecución por criticar a un gobierno muy
cuestionable.
El reciente caso revelado,
una investigación y análisis de Citizen Lab, Artículo 19, R3D (Red de Defensa
de los Derechos Digitales) y SocialTIC, y publicado por el diario
estadounidense The New York Times, y del cual de manera discretísima la
presidencia de Enrique Peña Nieto se ha deslindado sin pruebas, no está muy
distante de los casos anteriores en que ha sido señalado de lo mismo.
Se trata de la adquisición
del software Pegasus, que ataca dispositivos electrónicos vía mensajes e
instala un código malicioso que permite tener acceso a la información contenida
en los dispositivos infectados y utilizarlos como micrófonos y cámaras.
Las personas a las que esta
investigación identifica como los atacados son algunos de los críticos de este
gobierno. Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de
Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, periodistas; Mario Patrón,
Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, defensores de los derechos humanos; Juan
Pardinas y Alexandra Zapata, académicos dedicados a promover el sistema
anticorrupción. En el colmo de un gobierno dictatorial se espió también al hijo
de la periodista Aristegui.
Ninguno de ellos es
funcionario ni político o pertenece a un partido, tampoco son líderes de una
oposición ideológica, no pertenecen a grupos de choque, no son subversivos ni
enemigos del gobierno.
Su labor, en el activismo por
los derechos humanos, en el periodismo y en la senda del combate a la
corrupción, no daña a un gobierno, y sí favorece a la sociedad porque aporta a
la madurez de la nación y a la evolución del sistema de procuración de
justicia, judicial, de transparencia y rendición de cuentas.
Todos ellos, como muchos
otros, procuran un sistema que fortalezca el Estado de derecho. Pero esas
acciones al presidente de la república y su equipo les molestan y las
consideran ataques directos a su gobierno. No hay otra forma de entender —nunca
justificar— el espionaje a quienes, desde la sociedad, ejercen sus libertades
de pensamiento, acción, asociación y participación ciudadana, para fortalecer
un sistema donde la corrupción es endémica y la impunidad, igual.
El espionaje es un recurso de
autoridades brutales para obtener elementos y atacar a quienes consideran sus
enemigos, en este caso, el gobierno de Enrique Peña Nieto contra los
periodistas, activistas y organismos de la sociedad civil. Ni siquiera es una
práctica nueva en el priismo. Fueron miembros del Partido Revolucionario
Institucional quienes crearon la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una
dependencia que, sin miramientos y con todo el presupuesto, espió, persiguió,
torturó, desapareció y secuestró a quienes desde los años 40 consideraban
adversarios al gobierno porque se reunían y pensaban distinto.
En uno de sus últimos auges,
desde la Dirección Federal de Seguridad, en el gobierno del priista José López
Portillo se espió a periodistas como don Jesús Blancornelas y don Julio
Scherer, cuyos expedientes hoy se pueden consultar en el Archivo General de la
Nación, instalado en lo que fue la prisión de Lecumberri, adonde la misma DFS
mandó a jóvenes estudiantes, intelectuales y artistas con ideas propias.
En aquella época, la DFS
estaba a cargo de Miguel Nazar Haro, acusado de encabezar la guerra sucia, y
solo investigado —brevemente— en 2003 cuando en la presidencia de Vicente Fox
se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
A Nazar le giraron una orden de aprehensión en 2003 por la desaparición de
miembros de la Brigada Campesina Lacandona, se la cumplimentaron en 2005, y fue
absuelto en 2006. Tuvieron que pasar casi treinta años para que los casos
fueran investigados, mas nunca expuestos a la justicia.
El gobierno del PRI, ahora
con Enrique Peña Nieto, no es tan distinto del de López Portillo. Igual abusa
de los recursos de la nación en detrimento de la sociedad y sus representantes,
sea de manera directa e intencional, o culposa por omisión.
Pese a que las víctimas de
espionaje en el sexenio peñista hicieron hace unos días una denuncia ante la
Procuraduría General de la República, porque lo que se busca es justicia,
investigación para deslindar responsabilidades y acabar con estas prácticas de
represión, la PGR abrió una investigación sobre el espionaje en la Fiscalía
Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
comandada por Ricardo Sánchez, y cementerio de expedientes.
Según el Comité para la
Protección a los Periodistas desde 2010 en esa “Fiscalía Especial” solo se han
resuelto tres casos. Mientras, Artículo 19 indica que, de 800 carpetas, han
cerrado de manera satisfactoria tres. Esto indica que el grado de impunidad en
los casos que llegan a la FEADLE es del 96 por ciento.
También es un dicho priista:
si quieres que un caso no se resuelva, créale una fiscalía especial. La
insensibilidad del presidente de la república y su poco compromiso con la
verdad y la justicia se demuestran al enviar la investigación del espionaje a la
fiscalía famosa por su impunidad.
Es evidente que al presidente
Enrique Peña Nieto no le interesa resolver el caso aun cuando por eso mismo se
le identifique como el cabecilla de un gobierno enviciado, abusivo, violento e
incapaz de estar a la altura de la sociedad civil.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / ADELA
NAVARRO BELLO /MARTES, 27 JUNIO, 2017 07:32 PM)
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