Tres
de los cuatro ex policías de la SSP de Veracruz implicados en la desaparición
de tres jóvenes en 2014, acudieron a su audiencia bien blindados y con abogados
privados. El caso ha estado plagado de irregularidades desde que se cometió la
desaparición forzada y fueron solapadas por la PGJE de Amadeo Flores Espinosa y
de Luis Ángel Bravo Contreras.
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Yerania
Rolón
Ciudad
de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Los ex policías acusados de la
desaparición de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y otro menor
de edad, cometida el 7 de enero de 2014, fueron trasladados del Centro de
Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, a la zona de juzgados para la
audiencia de imputación a proceso.
Bajo
una fuerte lluvia, descendieron de un vehículo blindado los ex elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Mauricio Ramírez Santiago, José Luis
Pérez Vela e Iván Cortés Espíritu, para rápidamente ingresar a la sala 2 de
Juicios Orales.
Efraín
Mártiz, padre de Gibrán, observaba a los detenidos. Tras el asesinato de su
hijo, el hombre, de origen panameño, decidió regresarse a su país natal, pero
antes acudió a la audiencia que se realizó durante la tarde noche y madrugada
del lunes.
Efraín
permaneció cerca del Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas
Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien también acudió a la
audiencia. Ambos evitaron dar declaraciones a los medios y mantenían un trato
de respeto pero distante entre ellos.
Se
informó que en esta ocasión, los ex policías acusados se presentaron con nuevos
abogados para su defensa, a quienes apenas habían contratado dos días antes.
“De
dónde sacan el dinero los ex policías para una defensa privada, alguien los
estará ayudando”, se cuestiona para sus adentros el padre de Gibrán.
Ya
dentro de la Sala de Juicios orales la juez de control, Alma Aleida Sosa
Jiménez, dio inicio a la audiencia con la presencia de los integrantes de la
parte acusadora y la acusada, es decir los ex elementos de la SSP, durante el
lapso en que estuvo a cargo de la dependencia Arturo Bermúdez.
La
Fiscalía tenía un objetivo, relacionar a Ramírez Santiago, Pérez Vela y Cortés
Espíritu con el delito de desaparición forzada y para ello tuvo que sacar a la
luz una serie de complicidades realizadas por la extinta Procuraduría General
de Justicia del Estado.
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Las
irregularidades no han cesado desde ese fatídico 7 de enero y fueron solapadas
por la PGJE durante el lapso de Amadeo Flores Espinosa, así como le llegada de
Luis Ángel Bravo Contreras a la desaparecida dependencia estatal.
Bravo
Contreras fue favorecido por el Gobernador, Javier Duarte, de ahí que ocupó la
PGJE y después la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando pasó a ser un
organismo supuestamente autónomo del Poder Ejecutivo.
Entre
sus argumentos para vincular a proceso a los ex elementos, la FGE reveló que
actualmente hay cuatro exfuncionarios de la FGE y de la PGJE que están siendo
investigados por una actuación “fraudulenta”, aunque Coronel Gamboa no detalló
los nombres.
Por
su parte la defensa fue simple y ante la premura ni siquiera presentaron
elementos de prueba. Los abogados argumentaron que el delito de desaparición
forzada no estaba incluido en el Código Penal de Veracruz en el año que
ocurrieron los hechos, por lo que se estaría aplicando la Ley de forma
retroactiva a sus clientes.
Incluso
explicaron que en 2015 sus clientes ya fueron juzgados casi con los mismos
elementos de prueba que aportó la FGE por el delito de incumplimiento de un
deber legal, lo que generó que perdieran su empleo al interior de la
dependencia.
Al
no ser un delito grave los ex policías obtuvieron su libertad, de ahí que los
abogados argumentaron que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por los
mismos hechos, lo que ocurriría si de nueva cuenta la juez permitiera un
proceso legal por desaparición forzada.
Así,
los abogados de los ex policías acusaron a la Fiscalía General del Estado,
actualmente a cargo de Jorge Wínckler, de intentar convertir a los acusados en
“chivos expiatorios”, afirmando que en todo caso la desaparición forzada fue
cometida por los superiores jerárquicos que participaron en la detención de
José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y el menor.
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Los
ex elementos permanecieron sentados detrás de sus defensores, a quienes
constantemente trataban de asesorar o puntualizarles cierta información.
Todavía más atrás en la sala estaba Efraín Mártiz, junto a los escoltas de los
reos.
Los
argumentos de la defensa fueron desestimados por parte de la FGE, pues de
acuerdo con el fiscal, Luis Eduardo Coronel Gamboa, existe jurisprudencia y
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en casos como el
de Gibrán Mártiz pueden reabrirse los expedientes para investigarse a fondo.
Esto
ya que se trata de delitos de lesa humanidad, los cuales son permanentes o
continuos, es decir que el delito se sigue cometiendo mientras dura la
privación de la libertad y José Eduardo de la Cruz Caballero sigue en calidad
de desaparecido hasta la fecha.
La
juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez aceptó que se puede volver a juzgar a
los ex policías sin violar el principio de irretroactividad.
Se
recordó que Cortés Espíritu, Ramírez Santiago y Pérez Vela no rindieron un
informe de la detención, ni informaron sobre el posible paradero de las
víctimas, pese a que es sabido que fueron levantados y, al menos en el caso de
Gibrán y el menor de identidad resguardada, fueron asesinados.
Por
esto, Sosa Jiménez dictaminó la imputación del delito de desaparición forzada
en contra de los ex integrantes de la SSP.
La
defensa intentó replicar que los tres acusados no tenían por qué informar sobre
las irregularidades en la detención de los jóvenes, pues los acompañaba el
“Comandante Platino”, Felipe de Jesús López, su superior jerárquico y
responsable directo de los hechos del 7 de enero.
La
juez reviró explicando que el orden jerárquico no exime al funcionario cuando
se trata de un acto ilícito. Es por esto que a los acusados sí se les debe investigar
por el delito de desaparición forzada.
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Dentro
de las otras pruebas presentadas, la FGE mostró entrevistas de los ex elementos
de la SSP donde ellos mismos confirman su participación en la detención de los
tres jóvenes.
Se
reunieron declaraciones de testigos que observaron el momento de la detención
el 7 de enero de 2014, informando en total son 7 los policías que participaron
ese día y que a los otros 4cuatrotambién se les está buscando.
También
se comprobó por medio de un dictamen de balística que uno de los policías
acusados portaba el arma de uno de los desaparecidos y la entregó a la SSP,
luego de que se abrió una investigación por el caso, aunque contradictoriamente
nunca se generó un informe de la detención de los jóvenes.
Con
dichas pruebas presentadas por la FGE, la juez de control, Alma Aleida Sosa
Jiménez, vinculó a proceso a los ex policías, que recibieron un año de prisión
preventiva imputados por la desaparición forzada de José Eduardo de la Cruz
Caballero, Gibrán Mártiz y el menor de edad.
Se
añadieron tres meses para una investigación complementaria, no seis como pedía
la Fiscalía, debido a que este caso ya se ha investigado previamente.
De
acuerdo con la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), son 13 ex funcionarios en total los que incurrieron en
incumplimiento de un deber legal.
Tras
la detención, desaparición forzada y durante los años transcurridos, la PGJE y
la FGE no hicieron nada por perseguir, investigar o llevar a juicio a los
policías estatales involucrados en el homicidio del Gibrán Mártiz y los otros
dos jóvenes.
Sin
embargo, la Fiscalía advirtió que las irregularidades que se cometieron serán
investigadas y se buscará una sanción contra los responsables.
De
igual forma, se busca detener a los otros ex policías partícipes, Ángel Bravo
Martínez, Manuel Ortiz Alarcón, Uriel Pérez Pérez y Felipe de Jesús López
Domínguez.
Así,
se confirmó que a la fecha ya existe una denuncia e investigación en contra de
cuatro ex funcionarios de la FGE, entre los que podrían estar Bravo Contreras y
Flores Espinosa, ex titulares del organismo autónomo y de la desaparecida PGJE.
Tras
la audiencia, el padre del ex cantante de la Voz México, Efraín Mártiz reveló
que en una investigación que él mismo realizó, logró documentar que los ex
elementos ahora detenidos fueron solapados al punto de continuar laborando en
el servicio público, ahora como taxistas.
Detalló
que se otorgaron concesiones de taxis a los acusados de la desaparición de su
hijo, pues José Luis Pérez Vela conducía un taxi que logró conseguir porque
está a nombre de su suegro, mientras que Iván Cortés Espíritu lo tenía a nombre
de su esposa y Mauricio Ramírez a nombre de hermana.
Debido
a que para obtener estos permisos no debes tener antecedentes penales, estas
personas utilizaron el nombre de algún familiar para hacerlo.
Cuando
concluyó la audiencia todos los presentes se apresuraron a salir y los ex
policías fueron trasladados de nueva cuenta al CERESO de Pacho Viejo.
Sin
embargo, Efraín señaló que los ex elementos involucrados que se encuentran en
libertad también obtuvieron concesiones de taxis, tal es el caso de Felipe de
Jesús López Domínguez y Manuel Ortiz, lo que demuestra la protección que les
dieron las autoridades.
Al
informar sobre esto, Efraín dijo no temer: “No hay que tener miedo, si uno les
teme se empoderan más. Uno no se puede esconder con este tipo de cosas”.
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(SIN EMBARGO.MX/ BLOG EXPEDIENTE/ REDACCIÓN / JUNIO 28, 2017, 5:48 PM)
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