Un reportaje firmado por Azam
Ahmed y Nicole Perlroth y publicado en la portada del diario estadounidense The
New York Times este lunes, titulado: ‘”Somos los nuevos enemigos del Estado”:
el espionaje a activistas y periodistas en México’, afirma que destacados
defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de
México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, el software
Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano que, sólo debería ser utilizado
para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del
programa, señaló el rotativo, se encuentran los abogados Mario Patrón y
Santiago Aguirre, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Otro espiado -junto a su
esposa- fue Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ayudó a redactar el proyecto de la
Ley anticorrupción, la llamada “3de3”. También fueron espiados “dos de los
periodistas más influyentes de México”, dice el Times: Carmen Aristegui Flores
y Carlos Loret de Mola Álvarez, además de la abogada estadounidense Stephanie
Brewer, quien representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la
policía.
Los intentos de espionaje
incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y comunicadores,
incluido un adolescente: el hijo de 16 años de edad de Carmen Aristegui, señaló
el NYT este lunes. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para
intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, afirmó la
periodista.
Esto ha sido así aunque la
empresa que fabrica el software, la israelí NSO Group, afirma que vende la
herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea
utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles del
narcotráfico.
Desde 2011, al menos tres
agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en
programas de espionaje de dicha empresa, entre ellos, el software conocido como
Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para
monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su
celular.
Las infiltración se puede dar
en llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar
vigilancia; es más, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un
micrófono oculto.
Sin embargo, según decenas de
mensajes examinados por el NYT y analistas forenses independientes, el software
ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más
críticas del gobierno, así como a sus familiares, “lo que muchos ven como un intento
sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a
la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”, señaló el medio.
“Somos los nuevos enemigos
del Estado”, señaló Juan Pardinas. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia
se ha deteriorado”, afirmó.
“Este era un gobierno que
pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Loret de Mola, quien recibió
ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el
programa “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando
estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
“Por supuesto que no se puede
justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante. En México nadie pide
permiso para hacerlo”, le dijo al NYT, Eduardo Guerrero Gutiérrez, ex
funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según la ley mexicana, un
juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones
privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien
armado para realizar esa solicitud. “Es muy poco probable que el gobierno haya
recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y
periodistas”, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de
inteligencia al rotativo.
En el caso de Carmen
Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en
México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema
con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un
mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El Gobierno mexicano reconoce
haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a
derecho. Sin embargo, rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias
realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores
de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra
persona sin previa autorización judicial”, le dijo un funcionario al diario.
Sin embargo, no hay pruebas
definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja
rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que
no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos
específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden
verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un
objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún
grupo corrupto interno están involucrados, señala el NYT.
NSO Group afirma que
investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de
venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan
el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad,
la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas
espías o contra quién están siendo usadas.
La compañía simplemente le
cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a
vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante
cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares,
según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó el medio.
“Siempre hemos sospechado que
nos espían y nos escuchan”, dijo Mario Patrón. “Pero tener evidencia de que
somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que
el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar
detenernos”.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /CARLOS ÁLVAREZ /LUNES, 19 JUNIO, 2017 06:58
AM)
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