Despejada la tolvanera que
dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro
del Cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es por qué y de parte de
quién fue la detención. Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no
había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17
objetivos del narcotráfico -de un total de 122- que todavía faltan por detener.
El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni
resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el Gobierno
mexicano? ¿había una investigación en su contra? ¿se le detuvo por presión de
Estados Unidos? Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto sus
temores de comparecer ante la prensa, ha llevado únicamente a contradicciones
que muestran que la verdad del Gobierno mexicano sobre la captura, es una
verdad a medias.
La primera señal de que las
cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio
cuando al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo
Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una
buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la
Marina, la PGR y la Defensa Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente
detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia
estadounidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero
tampoco lo negó. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR,
Omar García Harfuch, profundizó la confusión, al asegurar en un mensaje a
medios el martes -que originalmente se organizó como conferencia de prensa-,
que la detención obedeció a una orden de detención provisional con fines de
extradición a Estados Unidos.
Lo que dijo no se sostiene
con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo
que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en
libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la
cárcel. Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus
agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención
con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría
Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada. Según personas
que conocen los procedimientos, las órdenes de un juez llevan mano sobre las
diligencias de los ministerios públicos, y la captura fue por una orden
judicial con fines de extradición.
Funcionarios federales
confirmaron indirectamente la explicación de Harfuch al señalar que sería
cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de
Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos flagrantes, que tendrían
que ver probablemente con los paquetes de metanfetaminas que se encontraron en
el departamento durante los cateos tras su detención.
La manera como se están
tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de
la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte
estadounidense. El gobierno del Presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin
explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado
el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de
Distrito en Virginia. El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo
incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán y
condenado la semana pasada a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes
del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las
relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadounidenses con ellos y
sus empresas.
En noviembre de 2011 el
gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por
lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares. Las
investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no
se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero
de 2011 fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de
noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos
días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video
hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa “Despertar” de
Televisa.
Ese video cambió la dinámica
dentro del Gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret
dijo que había sido videograbado por una persona que tras entregar el material
viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que
ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos?
Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican. Tampoco por qué, si
era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección. Expertos
en la materia expusieron sus dudas sobre la versión del supuesto hacker y si en
verdad existe tal personaje.
En todo caso, con la
información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el
Gobierno mexicano, sino para el estadounidense. Por lo tanto, sería un activo
de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo,
fue extraído para proteger su vida. Esta acción sería consistente con la
persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar
mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para
obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice,
voluntario o no, de los cárteles de la droga. Todo esto, por supuesto, en la
opacidad de las medias verdades sobre la captura de López.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 04/05/2017 | 01:01 AM)
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