En 2010 y 2012, dos diputados
presentaron una iniciativa de Ley para la Revocación de Mandato para dar el
derecho a la ciudadanía de correr y renovar funcionarios públicos “ineficaces o
corruptos”. Sin embargo, no tuvieron eco “porque no quieren ser tocados”, dijo
el también investigador Jaime Rodríguez, uno de los promotores de esa
legislación. Actualmente, luego de que salieron a la luz diversos casos de
desvío de recursos y endeudamiento de estados sin resultados, organizaciones
civiles impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual incluye dos
marcos, tanto administrativo como penal, para castigar con destitución,
deshabilitación o prisión a funcionarios públicos. No obstante, otra vez está
encontrando frenos de la clase política porque el Senado no ha asignado a los
magistrados especializados, acusaron especialistas.
Constituyentes aprueban la revocación de
mandato a funcionarios, incluida la del Jefe de Gobierno
Ciudad de México, 19 de abril
(SinEmbargo).– Ante la falta de control a ex gobernadores señalados de
corrupción, algunos detenidos y otros prófugos, organizaciones y académicos
llamaron a la asignación de los 13 magistrados faltantes para el Sistema
Nacional Anticorrupción cuyo régimen de responsabilidad administrativa
permitirá la revocación y deshabilitación hasta por 20 años. También
propusieron eliminar el fuero político o implementar la revocación de mandato
existente en otros países del continente.
En diciembre de 2012, como
parte del inicio del actual sexenio, los gobernadores priistas que iniciarían
su gestión posaron para la foto sonriente y a lado de quien portaba la banda
presidencial, Enrique Peña Nieto. Cinco años después, cuatro de ellos están
detenidos, incluyendo Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); mientras César Duarte
Jáquez (Chihuahua) es prófugo de la justicia y sobre Roberto Borge Angulo
(Quintana Roo) pesan seis órdenes de aprehensión.
Durante sus seis años de
gubernatura, nadie los frenó a tiempo por el “pacto de impunidad entre
políticos”, la “corrupción institucionalizada muy extendida en la clase
política del país” y por el poder que tenían esos mandatarios sobre los
congresos locales ante “la debilidad y dependencia” de la figura presidencial,
dijeron organismos y especialistas en derecho, transparencia y sistema
político.
Los allegados (como Bermúdez) lo
hundieron, según los cargos; Duarte ya no ríe: suda, muy serio
Hace siete años, dos
diputados implementaron, sin ser decretada, una iniciativa de Ley de Revocación
de Mandato, una figura de participación ciudadana y de rendición de cuentas no
existente salvo en la Constitución de la Ciudad de México, actualmente bajo
impugnación. En Ecuador, Colombia y Venezuela hay esta figura democrática a
nivel nacional y constitucional.
Max Kaiser, director de
Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo en
entrevista que ya no hace falta esta figura por el régimen de administraciones
graves del Sistema Nacional Anticorrupción que entrará en rigor el próximo 18
de julio, “una herramienta más poderosa y objetiva que la revocación de
mandato, la cual suele ser de mayorías políticas que se tramita en Congresos estatales”.
“El nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción incluye un nuevo régimen de responsabilidades administrativas
graves de tipo juicio que depende de la calidad de la investigación y capacidad
del juez (no de Congresos)”, destacó Kaiser.
Con este régimen, los 13
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrán investigar a
funcionarios públicos partir de una denuncia de la Auditorías Superior de la
Federación, la Secretaría de la Función Pública o de cualquier órgano que
encuentre algún caso de corrupción.
Si en este juicio se
encuentra culpable al servidor público señalado, se sancionará con destitución
y deshabilitación para ejercer ese cargo o similar por los próximos 20 años,
así sea un Gobernador o Alcalde en funciones, explicó Káiser.
“Espero que poco a poco
empiecen a entender y vean que aunque vayan en sus primeros días de gobierno y
les falte casi todo su mandato, si son sorprendidos en un acto de corrupción y
son debidamente investigados por el Tribunal, puedan quedar destituidos de su
cargo”, reiteró.
No obstante, advirtió que
todavía no están nombrados los magistrados de este Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
Ni fiscal, ni magistrados, y más: apenas
3 entidades están listas para el Sistema Anticorrupción
Eduardo Bohórquez, director
de Transparencia Mexicana, expuso que el año pasado se aprobaron siete de 22
leyes que tienen que ser reformadas para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción, entre ellas, las ya aprobadas del régimen de responsabilidades
administrativas y la que se hizo en materia penal. En los estados de la
República se está armonizando para tener vigencia a nivel local.
“Para que una estrategia
anticorrupción funcione se necesitan las dos herramientas: en algunos casos es
la vía administrativa, que es equivalente a la Secretaría de la Función
Pública, y su mayor sanción es la inhabilitación. Con la penal, equivalente a
la PGR, se puede llegar a la cárcel”, explicó Bohórquez.
Investigadores en derecho y
ciencia política también destacaron la ausencia del nombramiento de magistrados
especializados en la vía administrativa (en la vía penal ya hay jueces) y del
Fiscal Anticorrupción.
“Se tiene el marco jurídico,
pero no se tiene a los aplicadores. El Senado de la República aún no asigna a
los magistrados que conocerán las faltas graves de los servidores públicos. ¿De
qué sirve el SNA si la autoridad que la aplicará no se ha conformado porque no
quieren ser tocados? Hay una falta de voluntad política y además los
nombramientos de los titulares de este sistema los hace la propia clase
política; es un sistema débil porque el vigilante depende del vigilado”, dijo
el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime
Fernando Cárdenas Gracia.
La politóloga especialista en
sistema político mexicano, Ivonne Acuña Murillo, urgió a que ya funcione la
Fiscalía Anticorrupción para frenar “la libertad” de los gobernadores para que
no pase “lo que estamos viendo con los Duartes, Borge y demás”.
“El SNA y la Fiscalía
Anticorrupción necesita autonomía para poder fiscalizar y sancionar; que no
tengan compromisos políticos ni partidistas. También se necesita que los
gobernadores rindan el uso de sus presupuestos”, llamó la académica.
Sin embargo, advirtió Acuña
Murillo, los gobernadores “se han fortalecido porque el Presidente los necesita
y no los va a presionar ni quitar atribuciones si necesita de su apoyo”, por lo
que “aumenta” la posibilidad de que “no haya un control suficiente sobre lo que
hacen”.
Ante ello, Gerardo Rodríguez
Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, afirmó que “es
urgente eliminar el fuero político desde el Presidente de la República, los
gobernadores, los presidentes municipales y los diputados y senadores. La revocación
de mandato serviría contra la corrupción si se quitan estos fueros”.
El Sistema Nacional Anticorrupción queda
instalado… pero sin Fiscal ni magistrados
REVOCACIÓN DE MANDATO
El Diccionario de Ciencia
Política de Dieter Nohlen define la revocación de mandato como el procedimiento
institucional de una democracia participativa que permite a los electores “en
todo momento” despedir y reemplazar a funcionarios públicos previamente a que
terminen el periodo para el que fueron elegidos.
En febrero de de 2010, el
Diputado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una iniciativa de Ley de Revocación de
Mandato. En ella argumentó que “estimula” a los funcionarios públicos electos a
ser más responsables con sus electores, y a los votantes a jugar un rol de
“supervisión más activo”.
En entrevista con este diario
digital, el investigador afirmó que la propuso para que “los ciudadanos
tuviesen mecanismos para remover de su cargo a los malos gobernantes; que se
pudiesen remover si no estaban cumpliendo con su plataforma electoral o que la
ciudadanía encontrara que no fuesen eficientes o por razones de corrupción”.
“La figura existente en
países sudamericanos existe para dar a entender que existe el derecho de
nombrar a los gobernantes y también de quitarlos, aunque no concluya su mandato
correspondiente. Generalmente se establece a la mitad de la gestión”, aseguró
Cárdenas Gracia.
Sin embargo, no tuvo eco.
“Los demás grupos parlamentarios
de la Cámara de Diputados no respaldaron salvo algunas voces minoritarias. No
hubo una corriente de partidos grandes dominantes a favor, por lo que no se
pudo dictaminar la iniciativa”.
En 2011, después de la
discusión de una reforma política sin incluir la figura, el abogado y
politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez contrastó al argumentar que la revocación
de mandato “le habría arrancado al poder la estabilidad que requiere para tomar
decisiones riesgosas que son necesariamente impopulares. Habría sometido al
gobierno al veleidoso imperio de la encuesta”.
En septiembre de 2012, la
Diputada Julisa Mejía Guardado insistió y también lanzó una iniciativa para
reformar los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución –sobre soberanía,
democracia y facultades del Congreso de la Unión– para que “actos de
corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de
legitimidad se consideren causales para que el electorado solicite la
revocación de mandato de un funcionario público electo”.
No pasaron. Pero justamente
son las causas por las que seis ex gobernadores priistas han sido detenidos o
son buscados por la justicia.
El Presidente Enrique Peña Nieto con
quienes gobernaban los estados de la República en 2012. Foto: Twitter.
De izquierda a derecha de la
foto referida, Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León) fue procesado por desvío
de recursos y daño al patrimonio estatal; Andrés Granier Melo, el de los
cientos de pantalones, está detenido por desvío de al menos 2 mil 600 millones
de pesos; Javier Duarte (Veracruz) fue recién capturado por delincuencia
organizada y desvío de recursos tras 186 días fugado; César Duarte (Chihuahua)
es buscado incluso por la Interpol por desvío de dinero; Fausto Vallejo
(Michoacán) procesado y relacionado con el crimen organizado; y contra Roberto
Borge (Quintana Roo) se han solicitado seis ordenes de aprehensión por venta de
bienes ambientales públicos.
Los Duarte y Borge son
quienes más salen cercanos al abanderado Peña Nieto. En el caso de los dos
primeros priistas, endeudaron a niveles rojos sus respectivas entidades y no
frenaron los índices de violencia y violación a derechos humanos. Borge Angulo,
por su parte, es acusado de represión a la prensa y de ceder terrenos a
empresas.
El politólogo por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Andrés Lajous, resaltó en un
texto de la revista Nexos que las iniciativas de revocación deben considerar si
el gobierno o grupos de ciudadanos son quienes deben convocar al proceso
revocatorio; qué porcentaje de votos permitiría la destitución y cómo sería el
mecanismo de salida una vez aprobado.
A principios de mes, el
sector empresarial expuso la necesidad de garantizar “un ejercicio responsable
y constructivo” de las instituciones públicas.
“Debemos fortalecer la
representatividad y la rendición de cuentas en todo el país, así como también
asegurar que los organismos autónomos del Estado mexicano conserven la
independencia que requieren para realizar sus tareas y quienes los dirigen sean
electos por sus méritos profesionales y no por intereses políticos o
personales”, declaró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Este lunes, añadió a
propósito de la detención de Javier Duarte en Guatemala, que “la única manera
de tener instituciones sólidas es dotándolas de legitimidad y eficiencia, y
cerrando cualquier camino de corrupción e impunidad”.
#Anuario2016 | Un año de escándalos, y
el Sistema Anticorrupción sin armas para atacar el cáncer
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ ABRIL 19,
2017, 8:00 PM)
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