Un testigo usado en contra de Iván Reyes
Arzate, ex policía federal que lideró durante varios años una unidad de
investigaciones especiales de la corporación, aseguró que el ex mando policiaco
y altos funcionarios se reunieron con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y les
habría pagado millones de dólares por información.
Mark Stevenson y María Verza
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un ex
enlace mexicano de alto nivel con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) es
procesado en Estados Unidos por pasar información al cártel de las drogas de
los hermanos Beltrán Leyva durante al menos siete años a cambio de millones de
dólares.
Iván Reyes Arzate, quien se
entregó a las autoridades estadounidenses en Chicago, era el comandante de una
unidad de inteligencia especial que compartía información tanto con la DEA como
con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la acusación revelada
el miércoles por una corte de distrito del Illinois.
Horas antes de que dicha
corte informara del proceso contra Reyes Arzate, el comisionado de la Policía
Federal de México, Manelich Castilla, informó del caso pero sin especificar el
nombre ni cargo del mismo. Castilla sólo dijo que el “ex policía” fue separado
de su cargo en noviembre y que se entregó recientemente a las autoridades
estadounidenses en Chicago.
La acusación estadounidense
va, sin embargo, mucho más allá. Detalla que Reyes Arzate, de 45 años, lideró
durante varios años una unidad de investigaciones especiales de la Policía
Federal y, como jefe de la misma, era “el principal enlace de información” con
las autoridades estadounidenses.
Según un ex policía federal
que pidió el anonimato porque ya no forma parte de ese cuerpo, Reyes Arzate
estaba en el tercer nivel de mano de dicha corporación.
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Sin embargo, trabajó también
para el cártel de los Beltrán Leyva al menos desde 2009, ya que la acusación
asegura que mantuvo encuentros directos con su líder, Arturo Beltrán, y este
capo murió abatido por las fuerzas federales mexicanas en diciembre de ese año.
Las unidades especiales,
llamadas SIU por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative Unit) surgieron
en los años 90 para tener grupos de plena confianza con los que Estados Unidos
pudiera intercambiar la información más delicada.
Por ese motivo, sus mandos
eran entrenados e investigados previamente por los estadounidenses quienes,
además, se encargaban de los controles de confianza y los exámenes del
polígrafo. No obstante, según la acusación, “algunos comandantes senior” de
esas unidades quedaron exentos de tales pruebas.
El resultado, al menos en este
caso, fue la infiltración.
Reyes Arzate era un
funcionario con acceso a información confidencial y delicada de la lucha contra
el crimen organizado que supervisó operaciones que conllevaron numerosas
detenciones, “incluidas las de múltiples miembros del Cártel de Sinaloa
acusados en este distrito”, dice la acusación sin especificar.
Sin embargo, al mismo tiempo,
facilitaba información a los Beltrán Leyva a cambio de pagos regulares que
sumaron millones de dólares y conspiraba para “obstruir, influir e impedir”
cualquier investigación que les afectara.
“Saben que estás ahí y
quieren ver con quién andas. No hables”, advertía el ex policía a los capos, a
quienes incluso proporcionó fotos de las investigaciones en marcha y les pedía
deshacerse de los teléfonos interceptados.
“Líbrate de todo (…) Ayer
llegó un audio y dijeron que estaban en el segundo nivel (…) No andes con nadie
en público los próximos días” eran el tipo de datos y consejos que daba, según
transcripciones de sus conversaciones incluidas en la acusación y que
comenzaron a ser rastreadas el pasado mes de septiembre.
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Reyes Arzate reconoció
haberse reunido con un capo pero negó haberle dado información.
Más allá de las escuchas
realizadas al funcionario, la acusación ofrece el testimonio de una fuente
anónima que explica cómo el ex policía mantenía reuniones “mensuales” con
Arturo Beltrán Leyva, en las que también estaban “funcionarios de alto rango
del gobierno mexicano y agentes de seguridad” y en las que todos recibían
“millones de dólares” para garantizar su lealtad y que protegieran los
intereses del cártel.
En concreto, se menciona una
cita de 2009 en la que Beltrán informa a los funcionarios de su preocupación
porque creía que su organización estaba infiltrada por un colombiano que
trabajaba como informante de la DEA y que había facilitado la aprehensión de
cargamentos de toneladas de cocaína.
Según esa misma fuente de la
acusación, Reyes Arzate desveló al capo la identidad de dicha persona por lo
que Arturo Beltrán, delante del ex policía, ordenó secuestrar, torturar y matar
al informante. Posteriormente, pagó a los tres funcionarios presentes tres
millones de dólares.
Según explicó Mike Vigil,
exjefe de operaciones internacionales de la DEA, a The Associated Press, uno de
los problemas de las unidades especiales como la que lideraba Reyes Arzate era
precisamente que sus mandos se negaban a pasar los controles de confianza
aunque los agentes de más bajo nivel sí eran sometidos a ellos, con lo que la
información “podía quedar fácilmente comprometida”.
Vigil cree que muchos de esos
mandos “son corruptos” o “tienen serios problemas de integridad” y que por eso
no quieren someterse a los controles que, si se hicieran a todos, conllevarían
tener en marcha un programa muy eficaz.
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El caso suscita muchas
interrogantes sobre cómo una infiltración de este tipo pudo persistir durante
tanto tiempo y no ser detectada, pero no es el único escándalo de corrupción de
alto nivel que se ha descubierto recientemente entre las autoridades mexicanas.
Hace una semana, el fiscal
general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, un funcionario estatal con acceso
a las principales plataformas de información mexicanas, fue arrestado en
Estados Unidos por conspiración para traficar con cocaína, heroína y
metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.
“Aquí hay un patrón”, dijo a
AP el analista de seguridad Alejandro Hope. “En ambos casos, las capturas se
han hecho sin la participación de las autoridades mexicanas, eso es lo que me
llama un poco la atención”.
Tanto el proceso de Reyes
Arzate como el de Veytia podrían contribuir a incrementar las ya existentes
tensiones por otros temas entre México y Estados Unidos.
De ahí que se lamenten
quienes intentaron afianzar la colaboración entre los dos países en temas de
crimen organizado. “Esto daña la relación de trabajo que tanto nos ha costado
construir”, señaló Vigil.
(SIN EMBARGO.MX/ AP/ abril 5, 2017 -
7:32 pm)
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