A pesar del caos financiero que heredó,
no hay sanción o investigación contra la administración de López Valdez
Mario López Valdez heredó una
deuda nunca antes registrada en Sinaloa. Él y sus ex funcionarios arrastran más
de mil procedimientos administrativos de sanción y los movimientos irregulares
en su administración provocaron que el SAT le exija a Sinaloa un primer pago de
500 millones de pesos por impuestos no declarados.
Pese al cúmulo de
irregularidades, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no investigará a López
Valdez, ni a sus ex funcionarios.
Facultado legalmente para
atraer e iniciar investigaciones por irregularidades en actos u omisiones de
servidores públicos, el gobierno de Ordaz Coppel declinó a la facultad que le
otorga la Constitución Política de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa y el reglamento interno
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ejecutivo.
A cambio, el secretario de
administración y finanzas, Carlos Ortega Carricarte, anunció que el gobierno de
Ordaz Coppel se apegará a los procesos normales que realizan la Auditoría
Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los
cuales son aleatorios y se concentran en sólo una muestra específica y no en la
totalidad de los recursos públicos.
“Ya fueron detectadas algunas
de estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los
procedimientos. Es parte de las auditorías y revisiones que se están haciendo.
Ellos (ASF y ASE) son los que determinarán qué es lo que procede”, explicó
Ortega Carricarte durante la presentación del informe en el que se dio a
conocer el estado de las finanzas en Sinaloa.
PIDEN UN CASTIGO REAL
Un día después del informe
prometido por Ordaz Coppel, que en realidad se trata de una obligación que
estipula la Ley de Entrega Recepción de Sinaloa, los diputados de Morena, y de
los partidos Sinaloense (PAS) y Acción Nacional (PAN) alzaron la voz para exigir
un castigo verdadero contra los ex funcionarios de la administración malovista.
La diputada Merary Villegas,
líder de la fracción de Morena, cuestionó que Ordaz Coppel esté evadiendo su
obligación de combatir la corrupción a través de medidas “electoreras”, como el
anuncio de disminuir el número de diputados y regidores en Sinaloa.
La legisladora señaló que si
el gobernador tuviera una intención real de disminuir el gasto gubernamental,
debería fincar responsabilidades penales al ex gobernador y al ex tesorero por
el déficit presupuestal que heredaron.
En el mismo sentido, el líder
de la fracción del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, criticó que el
informe presentado por Ortega Carricarte revela la radiografía de una
administración ineficiente. Corrales Burgueño exigió que este informe tenga un
seguimiento y se llegué a las últimas consecuencias.
Por su parte, el diputado
panista Zenen Xochihua Enciso, criticó que al dar impunidad al gobierno de
López Valdez se manda un mensaje negativo para que el servidor público continúe
incurriendo en actos de corrupción.
SINALOA IMPUNE
Contrario a lo que ha
sucedido en Sonora y Nuevo León —donde los ex gobernadores enfrentan procesos
legales iniciados por las contralorías locales de sus entidades—, o en Veracruz
y Chihuahua —donde la PGR ha atraído las investigaciones contra los ex
mandatarios—, en Sinaloa la contraloría local no actuará.
Aunque aún no se cuenta con
una Fiscalía Anticorrupción del Estado como en Sonora o Nuevo León, en donde
esta instancia es la que ha abierto procesos penales en contra de los ex
gobernadores Guillermo Padrés y Rafael Medina, respectivamente, en Sinaloa la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultada para llevar a
cabo este proceso.
De acuerdo con el reglamento
interno de esta dependencia en su artículo ocho, el Ejecutivo a través de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultado para ordenar
investigaciones, iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción y
denunciar penalmente las irregularidades detectadas.
Independientemente de los
procesos que emitan las Auditorías local y federal, el gobierno de Quirino
Ordaz Coppel podía haber iniciado su propia investigación y en su caso,
presentar las denuncias.
El reglamento en su artículo
8 señala: “Son facultades del Titular de la Unidad, las siguientes: Denunciar
las presuntas responsabilidades penales observadas como resultado de las
investigaciones efectuadas en el ejercicio de sus funciones o instar al área
jurídica de la Dependencia a que formule las denuncias o querellas a que
hubiere lugar, cuando así se requiera, y coadyuvar con las autoridades
correspondientes en las investigaciones complementarias necesarias”.
—¿Entonces, no habrá sanción
para el responsable que dejó de pagar estos impuestos al SAT y que también dejó
de pagarle al Instituto de Pensiones? —se le preguntó a Ortega Carricarte
durante la presentación del informe.
—Eso es lo que se definirá o
determinará en su caso cuando haga la Auditoría las revisiones
correspondientes, que ya se están haciendo, salvo que incluso la Auditoría
Superior de la Federación lo observó, entonces eso derivará en lo que las
instancias definan. Ya en las revisiones que se están haciendo.
—¿Ustedes van a asumir ese
costo, es decir, ustedes van a estar resolviendo lo que les dejó la
administración anterior?
—Cuando se deja de pagar un
impuesto el impuesto se tiene que pagar de todos modos, no lo haya pagado un
año anterior o posterior es algo que se debe, lo que se tiene que buscar con la
autoridad federal es ver si se puede ministrar ese pago de impuesto. La
realidad es que las deudas que tengan las instituciones digamos en este caso
del Estado son deudas institucionales, ya sean impuestos o sean pasivos a
pensiones o proveedores.
Entonces, igualmente se
hubiera tenido que pagar en años anteriores se están dejando este período, van
a tener que pagarse en este período.
—¿Ustedes están dispuestos a
asumir estos costos políticos, de ajustarse completamente y no meter en riendas
a los servidores públicos que hicieron todo este desorden?
—Eso es parte de las
auditorías y revisiones que se están haciendo. Ya fueron detectadas algunas de
estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los
procedimientos. Ellos son los que determinarán qué es lo que procede.
LAS HUELLAS DE MALOVA:
Deuda pública al 31 de
diciembre de 2016. Se recibe un estado con un importante déficit financiero y
estructural que compromete las finanzas públicas.
Deuda total: 13 mil 130 millones de pesos
Deuda a largo plazo: 4 mil 518 millones de pesos
Deuda a corto plazo, sin fuente de pago: 8 mil
612 millones de pesos.
Proveedores y contratistas: 2 mil 241 millones de
pesos
Instituto de Pensiones: mil 725 millones
Sector Salud: mil 500 millones de pesos
Educación: 396 millones de pesos
Evasión de impuestos. El
Servicio de Administración Tributaria detectó omisiones en el cálculo sobre el
ISR en las nóminas de 2013, lo que derivó en un crédito fiscal. Es decir,
Sinaloa tiene que regresar ese recurso al SAT.
Crédito fiscal 2013: 541 millones de pesos.
El SAT revisa actualmente la
misma omisión en 2014, 2015 y 2016, se advierten futuros créditos fiscales
similares.
Fiscalización de los
recursos.
La Auditoría Superior de la
Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función
Pública cuestionaron el uso irregular de 7 mil 714 millones de pesos.
Recurso en duda: 7 mil 714 millones de pesos
Procesos administrativos contra servidores públicos:
mil 167
ASF: 266 Procedimientos Administrativos
ASE: 540 procedimientos
SFP: 89 procedimientos administrativos
Unidad de Transparencia: 272 procedimientos
Gobierno abultado y
desordenado. Se detectó un incremento de trabajadores y la duplicidad de
funciones principalmente en los organismos descentralizados, lo que elevó los
costos para su operatividad.
Burócratas activos: 74 mil 435 trabajadores
Incremento de 6 mil trabajadores de 2011 a 2016.
Organismos Descentralizados: 51
Incremento de 11 nuevos organismos de 2011 a 2016
Boquete al Instituto de Pensiones. Desde 2013
se dejó de entregar las aportaciones de trabajadores al Instituto de Pensiones
de Sinaloa, a la par, el número de trabajadores en edad de jubilarse se
disparó.
Deuda al Instituto: Mil 725 millones de pesos.
Jubilaciones crecieron 77 por ciento de 2011 a 2016.
Subsidio en 2010 por 709 millones de pesos
Subsidio en 2017 por 2 mil 900 millones de pesos.
Sin bienes públicos. Las
patrullas de Seguridad Pública estaban sin mantenimiento y se carece de
vehículos de modelos recientes. El equipo informático tiene más de seis años de
antigüedad, por lo que opera con fallas y genera altos costos de mantenimiento.
63 por ciento de las patrullas estaban
fuera de servicio
42 por ciento de los vehículos están
malas condiciones
68 por ciento de vehículos son modelos
viejos
80 por ciento del equipo tecnológico es
viejo
(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 27 FEBRERO,
2017)
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