CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) negó de manera categórica que
personal naval esté involucrado en la desaparición de los hermanos Levi y
Jaciel Ramírez Ramírez, y el primo de éstos, Rafael Armando Ramírez Bravo,
ocurrida el pasado 5 de enero en el puerto de Veracruz.
“No existen registros de que
las citadas personas fueron detenidas por personal comisionado en la Unidad de
Tarea de la Policía Naval”, precisó la dependencia en un comunicado.
Aseguró que los elementos de
la Semar no realizaron ninguna detención y tampoco ingresaron a ninguna persona
en el módulo preventivo controlado por la Unidad señalada.
“En la fecha referida en
diversas notas informativas se informa que el Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Veracruz recibió el reporte de dos
personas muertas, por lo que fue activado el protocolo de apoyo correspondiente,
arribando primero la Policía Estatal y la Fiscalía del estado de Veracruz.
Posteriormente una patrulla de la Policía Naval, que solamente apoyó
acordonando el área, siendo esta la única acción y motivo de la presencia del
personal de Policía Naval”, puntualizó.
La Semar destacó que el
personal comisionado en la Policía Naval ha colaborado en todas las actuaciones
ministeriales solicitadas por las autoridades correspondientes, así como en las
investigaciones requeridas con el fin de esclarecer los hechos.
Y aseguró que el personal
naval comisionado “desarrolla sus operaciones en estricto respeto a los
derechos humanos, con la finalidad de brindar seguridad a las familias
veracruzanas y visitantes del puerto”.
Los hermanos Carolina y
Miguel Ramírez Bravo, padres de los jóvenes desaparecidos, han pedido que les
entreguen a sus hijos “como sea”, e incluso se comprometieron a no continuar
los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple desaparición, así
como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de Carolina) y Uriel
Ortega Jaca.
Ayer, en entrevista con Apro,
, los hermanos Ramírez Bravo –acompañados de su abogado Homero Pérez Aquino–
señalaron que ya interpusieron recursos judiciales en el estado y en la
Federación para tratar de localizar a sus hijos, además de una queja ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Luego de que el caso fue
atraído por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la
Procuraduría General de la República (PGR), contactaron a las organizaciones
civiles I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que solicitaron la
intervención del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por
sus siglas en inglés).
El 24 de febrero el organismo
solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de inmediato” las
medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y “permitir la
plena participación de los familiares y allegados (…) en la investigación,
dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los
resultados”.
El CED también emitió
“medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez
Ramírez y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al
Estado mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.
Carolina y Miguel están
desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y
su amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos
de la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de
autoridades civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de
oficinas municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así
como la negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir
declaraciones.
También se han topado con el
miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que hasta
ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero, luego
de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en
Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una
ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas
contra el “gasolinazo”.
Carolina recordó que la
última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les
dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares
se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de
Veracruz–, que a unos diez minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto,
y en una calle aledaña el de Uriel.
Por las imágenes en la red,
vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas personas
junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos, Carolina lo
identificó como su hijo Jaciel.
Cuando la mujer llegó al
lugar, los cuerpos ya habían sido levantados y llevados a una funeraria, donde
se apersonó y recuperó el cuerpo de Hugo Alberto.
“La gente en Veracruz tiene
miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los
tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y mi
sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, señaló.
“Hugo tenía un tiro en la
cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de armas
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acotó el abogado Pérez Aquino.
Hasta ahora la familia ha
tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y las
desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo
Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La
camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo
con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito”
“reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de
vigilancia”, relató Carolina.
La mamá de los desaparecidos
agregó que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que se le
informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre Gardiel
Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.
Hasta ahora, los padres de
los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos para que
Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado por la
Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del “Penalito” han
dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que personal de la
dependencia detuvo a los jóvenes.
A ello se suma que un
funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo
que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de
Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.
Miguel, padre de Rafael
Armando, quien vive en el Estado de México, fue informado de la tragedia por su
hermana el mismo 5 de enero, y desde entonces se acompañan en la búsqueda.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN / Seguir a
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MARZO, 2017)
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