Los economistas señalan que los
inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una
participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos
empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren
realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza
económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece
más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de
trabajadores.
Migrantes deportados niegan que el
Gobierno los apoye: “todo siempre se queda en anuncios”
Ciudad de México, 2 de marzo
(AP).- Si la dura postura del Presidente Donald Trump contra la inmigración no
autorizada ocasiona deportaciones a gran escala, entre quienes resulten
afectados podría estar la economía estadounidense.
Ese es el punto de vista de
muchos economistas, que consideran que Estados Unidos no se puede dar el lujo
de perder repentinamente una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que
recogen frutas y vegetales, construyen casas, limpian mesas de restaurantes,
trabajan en plantas de empaque de carne y asean habitaciones de hoteles.
Los inmigrantes que radican
en Estados Unidos sin autorización legal representan aproximadamente 18 por
ciento de la mano de obra en la agricultura, 13 por ciento en construcción y 10
por ciento en restaurantes, hoteles y casinos, según un estudio realizado el
año pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica.
“El impacto económico
ocasionaría ramificaciones generalizadas”, alertó Ben Gitis, director de
política de mercado laboral para el Foro de Acción Estadounidense, un instituto
conservador.
La noche del martes ante el
Congreso, Trump prometió construir “un enorme, enorme muro” para impedir que
mexicanos ingresen a Estados Unidos sin autorización legal. El Presidente
aseguró que mientras él hablaba, las autoridades estadounidenses deportaban a
“los malos”.
El duro discurso del
mandatario sucede a las declaraciones que hizo al programa “60 Minutes” de la
cadena CBS tras ser elegido en noviembre: Advirtió que su gobierno podría
deportar entre dos y tres millones de inmigrantes que no tienen permiso para
vivir en el país.
No obstante, sigue siendo
difuso lo que Trump quiere hacer exactamente respecto a la inmigración no
autorizada porque ha dicho cosas distintas en momentos diferentes. El martes
antes de su discurso, por ejemplo, el Presidente había dado señales de un
potencial cambio durante una reunión privada con conductores de noticieros.
Trump les dijo que estaba abierto a una legislación que otorgaría estatus legal
a algunas personas que viven sin permiso en Estados Unidos y que crearía un
camino a la ciudadanía a personas que hayan llegado al país de manera ilegal
cuando eran niños.
Pero en su discurso por la
noche, el Presidente omitió tal perspectiva. En lugar de ello prometió
enfocarse en quienes se encuentran ilegalmente en la nación y que “amenacen a
nuestras comunidades” y “ataquen a ciudadanos inocentes”.
Los economistas señalan que
los inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una
participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos
empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren
realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza
económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece
más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de
trabajadores.
Pero la generación de baby
boomers se está jubilando; y una proporción inusualmente grande de hombres en
edad productiva dejó de buscar empleo. Casi ocho años después de la Gran
Recesión, la tasa de desempleo ha caído a 4.8 por ciento, cerca de lo que los
economistas consideran el empleo pleno.
Conforme se pensionan los
estadounidenses de mayor edad, los más jóvenes eligen cada vez más inscribirse
en universidades en vez de empezar a trabajar inmediatamente después de egresar
de la secundaria. Como resultado, los empleadores tienen más dificultades para
cubrir empleos que con frecuencia son tomados por inmigrantes de estatus
migratorio irregular.
Trabajadores recolectores de fresas en
Oxnard, inmigrantes. Foto; Cuartosucuro, archivo
Gitis revisó las cifras y
llegó a una conclusión impactante: Supongamos, dijo, que Estados Unidos deporta
o pierde de otra forma a los cerca de 6.8 millones de trabajadores sin
autorización legal. Con empleo pleno, no habría suficientes estadounidenses o
inmigrantes con permiso para ocupar todos esos puestos. Al menos cuatro
millones quedarían vacantes.
No obstante, los críticos
argumentan con frecuencia que los inmigrantes que reciben salarios bajos en
Estados Unidos terminan debilitando el salario para todos los demás; y los
economistas han debatido desde hace mucho tiempo esa posibilidad.
Un documento emitido el mes
pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica estudió lo que
ocurrió en 1964 cuando el gobierno frenó el suministro temporal de trabajadores
agrícolas mexicanos que ingresaban a Estados Unidos. Se suponía que la medida
de excluir a los mexicanos crearía empleos para los trabajadores agrícolas
estadounidenses y elevaría sus salarios.
Pero los investigadores Ethan
Lewis del Dartmouth College y Michael Clemens y Hannah Postel, del Centro para
el Desarrollo Global, encontraron que la prohibición de entrada de trabajadores
agrícolas mexicanos “fracasó en incrementar los salarios o en aumentar sustancialmente
el empleo para trabajadores nacionales”. En lugar de contratar a
estadounidenses, las granjas utilizaron maquinaria para recolectar algodón,
tomates y remolacha azucarera.
Washington ya decidió que deportará a
México a todos los migrantes, del país que sean
El economista Ryan Edwards,
del Mills College, indicó que los empleadores estadounidenses probablemente
reducirían el tamaño de sus negocios —en lugar de buscar en vano trabajadores
legales— si pierden empleados indocumentados debido a deportaciones masivas.
Los recortes podrían
ocasionar un fuerte gravamen económico. Edwards y Francesc Ortega, de la City
University of New York, calculan que los trabajadores indocumentados
representan 3 por ciento del producto interno bruto privado —la medida más
amplia de la producción económica— o casi cinco billones de dólares en 10 años.
Las deportaciones masivas
podrían representar también otros costos. Gitis calcula que el gobierno tendría
que gastar de 400 mil a 600 mil millones de dólares para deportar a todos los
trabajadores indocumentados y evitar una futura inmigración no autorizada.
En un estudio de 2013, la
Administración del Seguro Social encontró que los trabajadores sin permiso
laboral legal habían pagado 13 mil millones de dólares al Seguro Social en 2010
y habían recibido mil millones de dólares en prestaciones. La Administración
llegó a la conclusión que los ingresos por los inmigrantes ilegales habían
tenido “un efecto positivo neto” sobre las finanzas del Seguro Social.
Así que las deportaciones
masivas significan que “no sólo estaríamos perdiendo trabajadores”, dijo Gitis.
“Perderíamos consumidores, incluso contribuyentes”.
(SIN EMBARGO.MX/ AP /marzo 2, 2017 -
4:40 pm)
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