En plena discusión de la Ley
de Seguridad Interior, la Secretaría de Marina propuso
"reconceptualizar" el modelo de seguridad nacional a través de un
modelo integrador, que no se avoque solo al papel de las fuerzas armadas.
Señaló que se debe tomar en
cuenta los factores político, económico, psicosocial, seguridad ampliada,
ambiental, de género, social y humano, lo que permitiría ubicar las prioridades
en todo momento para atender riesgos y amenazas.
De acuerdo con un estudio del
Centro de Estudios Superiores y Navales, elaborado por el almirante José Luis
Vergara, ya no basta con percibir y reconocer las amenazas de grupos
insurgentes, criminales o terroristas.
Se subraya que debe haber un
modelo multifactorial para enfrentar otros aspectos, como los políticos, que
generan amenazas a la estabilidad con hechos de corrupción de la élite política
y su impunidad, la comunicación entre gobernantes y gobernados, un ordenamiento
jurídico eficaz y eficiente, entre otros.
Aunque las iniciativas que se
discuten en el Senado y la Cámara de Diputados solo tocan la seguridad
interior, la Marina circuló un documento interno denominado
"Reconceptualizar la seguridad nacional en México: hacia un modelo
integrador", en el que se subraya que la seguridad nacional ha sido un
tema escasamente debatido; prueba de ello es que hasta 2005 se creó la Ley de
Seguridad Nacional.
Se hace notar que si bien los
temas prioritarios del enfoque tradicional son seguridad militar, política,
económica y psicosocial, es necesario avanzar en la parte de seguridad social,
humana, ambiental y de género, porque inclusive la violencia política hacia las
mujeres o los bajos ingresos que perciben pueden ser un riesgo para la
seguridad.
Por lo que toca al factor
político, el análisis destaca que en el contexto mexicano se consideran seis
factores internos que pueden amenazar la estabilidad de instituciones a nivel
político:
"Ausencia de acuerdos
entre poderes públicos, debilidad institucional del sistema de partidos,
procesos electorales ineficientes, divorcio entre sociedad e instituciones
públicas, conflictos derivados de las condiciones laborales y sociales del
país, erosión de la cohesión social".
Se hace hincapié en que el
gobierno del presidente Enrique Peña propuso una política de seguridad interior
y pública enfocada a enfrentar riesgos y amenazas.
A partir de esas nociones el
modelo propone que el factor político de la seguridad sea medido a través de
variables como cultura política, ideología política, acciones de las élites
orientadas hacia el bien común, comunicación entre gobernantes y gobernados,
situación geopolítica ventajosa para el país, ordenamiento jurídico eficiente y
eficaz, régimen político, uso de tecnologías para la comunicación política,
actos de corrupción de de la élite política e impunidad ante la comisión de
delitos, entre otras.
"El modelo asume que una
mayor o menor capacidad política en cada una de estas variables puede
convertirse en una vulnerabilidad y en una amenaza para garantizar la seguridad
nacional, debido a la relación de cada una de ellas con el poder nacional".
Vergara hace notar que hay
otros factores de la seguridad ampliada que deben considerarse, como el de
género, porque enfrentan amenazas del orden jerárquico patriarcal y violento,
caracterizado por instituciones exclusivas, dominantes y autoritarias como los
gobiernos no democráticos, iglesias y las élites.
El factor societal, a su vez,
se refiere a las amenazas a la identidad y a los grupos minoritarios
amenazados.
En cuanto al tema económico,
el estudio advierte que debe existir una concepción de "seguridad
ampliada" que incluya el tema ambiental, con acuerdos regionales y
colectivos.
ANTICIPA VOTO EN CONTRA
El coordinador del Partido de
la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri,
anticipó el voto de su bancada contra el proyecto de Ley de Seguridad Interior
que, a su juicio, intensifica y legaliza el uso de la fuerza militar en
acciones de seguridad pública.
Subrayó que la fracción
perredista en San Lázaro impulsará, en cambio, las reformas constitucionales en
materia de mando mixto policial.
"El PRD seguirá pugnando
por la profesionalización policiaca, así como el reforzamiento de las
instituciones de seguridad pública, a fin de retirar paulatinamente al Ejército
de las calles", puntualizó.
La Comisión de Gobernación de
la Cámara de Diputados prevé citar a sus integrantes a discutir y votar el
dictamen de la Ley de Seguridad Interior el próximo martes, a fin de someterlo
a consideración del pleno este mismo mes.
PREVÉN DICTAMINAR PROYECTO DE
LEY ESTA SEMANA
La Comisión de Gobernación de
la Cámara de Diputados prevé convocar a reunión de trabajo esta semana para
dictaminar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por los
priistas César Camacho y Martha Tamayo, así como una propuesta de reformas a la
Ley de Seguridad Nacional suscrita por Manuel Espino, de Movimiento Ciudadano.
Por mayoría de votos, la
Comisión de Seguridad emitió el pasado jueves su opinión a favor de ambos
proyectos.
La iniciativa priista prevé
la intervención del Ejército y la Marina en áreas geográficas por lapsos
determinados, en caso de amenazas a la seguridad interior.
Se enlistan los actos
violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el
desarrollo, la integridad de la Federación, el estado de derecho o la gobernabilidad
democrática, así como emergencias ambientales, biológicas, nucleares, químicas,
sanitarias o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes o la
infraestructura estratégica.
Enumera "cualquier otro
acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en
el territorio nacional o en áreas geográficas específicas".
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Angelica
Mercado / Milenio/ 2017-02-14)
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