Una nueva ruptura en el Cártel de
Sinaloa enfrenta a El Guano –uno de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera– con
Dámaso López Núñez, compadre y artífice de la fuga del capo sinaloense del
penal de Puente Grande en enero de 2001. El estado de Sinaloa, gobernado por
Quirino Ordaz Coppel desde el pasado 1 de enero, está bajo el fuego de los
sicarios, que ya causó más de 150 asesinatos en lo que va del año. De ellos, 11
ocurrieron el martes 7 en sólo media hora. El semanario sinaloense Ríodoce
comparte con Proceso la siguiente información sobre estos hechos.
CULIACÁN, Sin. (Proceso).- Los
enfrentamientos de la semana pasada en Sinaloa –que dejaron 11 muertos en menos
de 72 horas– anticipan una nueva guerra intestina en el cártel que dirigía
Joaquín Guzmán Loera. Su hermano Aureliano, El Guano, inició una pugna por el
control de territorios con Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los
operadores más cercanos al Chapo que incluso orquestó su fuga del penal de
Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Los tiroteos ocurrieron
mientras elementos de la Policía Militar patrullaban las calles de Culiacán
como parte de las acciones emprendidas el 6 de enero pasado para reforzar la
seguridad en la capital del estado.
Según fuentes no oficiales,
El Guano tomó el lugar del Chapo para proteger a los hijos de éste –Iván
Archivaldo y Alfredo Guzmán– e intenta desplazar al Licenciado.
El Cártel de Sinaloa sufrió
una ruptura en 2008, cuando Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, acusó al Chapo de
entregar a su hermano Alfredo, El Mochomo, a las fuerzas federales en Culiacán.
En dos años, la guerra entre El Chapo y los Beltrán Leyva causó 2 mil 250
muertes, de las cuales mil 167 fueron en 2009.
Desde el 1 de enero pasado,
cuando Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura, la violencia repuntó. Ese
mes cerró con 116 homicidios dolosos. El 70% ocurrieron en Culiacán y Mazatlán
–donde se registraron 40 casos, una cifra histórica–, municipios donde los
cárteles se disputan el control del territorio. En lo que va de febrero ha
habido 39 asesinatos, incluidos los 18 de Culiacán y los siete de Navolato, así
como 12 personas privadas de su libertad.
En el puerto, autoridades
estatales atribuyen la violencia a la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de
los Beltrán Leyva, mientras que en la capital del estado se habla de la
fractura entre El Guano y El Licenciado.
En el segundo semestre de
2016 el primero mantuvo otra guerra contra los Beltrán Leyva en Badiraguato,
tierra de éstos y del Chapo. Ahí le disputó territorios a Alfredo Beltrán
Guzmán, El Mochomito –hijo del Mochomo–, quien fue detenido en diciembre
pasado.
A su vez, El Licenciado y su
hijo Dámaso López Serrano, El Mini Lic, mantenían su batalla en Baja California
Sur contra la célula de Los Adanes por el control del narcomenudeo.
VILLA JUÁREZ, EN EL FUEGO CRUZADO
El último desencuentro entre
los Dámaso y los Guzmán ocurrió el martes 7 por la tarde en la sindicatura de
Villa Benito Juárez, en Navolato, zona que se disputan las células Los Montana,
quienes operan para El Licenciado, y Los Chimallis, cercanos a los Guzmán.
En solo media hora hubo
cuatro enfrentamientos más sobre las carreteras 20 y 50 y la que conduce al
campo pesquero Las Puentes, en los cuales murieron dos presuntos delincuentes y
tres civiles, incluida una joven de 22 años, según los reportes.
Sin embargo, los lugareños
comentaron que en realidad hubo más bajas entre los sicarios, sólo que éstos se
llevaron los cadáveres de sus compañeros; lo mismo hicieron con cuatro
personas, a quienes subieron en la caja de una camioneta a punta de pistola.
Una testigo narró que sobre
las carreteras 20 y 50 circulaban varias camionetas desde las cuales se
disparaban los sicarios de los grupos rivales. “No sé de dónde salió tanto
carro, yo corrí a esconderme”,
dijo.
Un video grabado desde una
gasolinera que se encuentra en el cruce de ambas carreteras captó parte de la
balacera. A un costado del expendio quedaron atrapados en el fuego cruzado dos
jornaleros de la colonia Los Amapas –Zenén Santiago y Norberto “N”–, quienes
viajaban en una camioneta Ford Explorer. Según otro testigo, ambos bajaron del
vehículo e intentaron refugiarse debajo del vehículo, pero cayeron muertos.
A unos metros de ahí, Rocío
Rendón y su esposo también fueron alcanzados por las balas cuando caminaban
frente a una refaccionaria. Ella murió, mientras que él sólo resultó lesionado.
Durante el tiroteo,
trabajadores y personas que se encontraban en la clínica número 11 del Seguro
Social, ubicada en el área de la refriega, fueron encerrados en el inmueble por
personal de seguridad.
Peritos y agentes
investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
levantaron cuatro cadáveres esa tarde y olvidaron uno. Al día siguiente fueron
por él. Estaba a un costado de la carretera que conduce al campo pesquero Las
Puentes, junto a una camioneta.
En los cuatro lugares donde
fueron los enfrentamientos quedaron ocho camionetas, tres fusiles AK 47, 16
cargadores para AR 15 y AK 47, una granada de fragmentación y 437 casquillos
percutidos.
ENTRE EL BEISBOL Y LAS BALAS
Mientras los equipos de
beisbol se disputaban la Serie del Caribe en el estadio de Tomateros, los
grupos delincuenciales se enfrentaban a balazos en las calles de Culiacán.
Entre el viernes 3 y el lunes
6 hubo enfrentamientos en la sindicatura de Imala, en el fraccionamiento Villas
del Real y en las colonias Las Flores, La Costera y Libertad.
El domingo 5 por la tarde,
grupos armados se encontraron sobre la avenida Pedro Infante, en el sector Las
Flores, y se enfrentaron a balazos. Hubo dos lesionados. En el lugar quedaron
ocho vehículos, dos fusiles AK 47, dos granadas, 14 cargadores, 82 casquillos,
cinco cascos blindados y 422 cartuchos.
Poco después hubo otra
refriega en la que murieron dos presuntos delincuentes. Las autoridades
hallaron tres fusiles AK 47 y cuatro pistolas calibre 9 milímetros en la zona.
En los primeros minutos del lunes 6, elementos del Ejército se enfrentaron con
civiles en la colonia Libertad. No hubo ninguna baja; tampoco detenidos.
Al día siguiente, en el
fraccionamiento Villas del Real hubo otro tiroteo entre elementos de la Marina
y civiles. De acuerdo con la PGJE, los marinos realizaban patrullajes cuando se
encontraron con un grupo armado y se inició la refriega.
El saldo: cinco presuntos
delincuentes y un marino muertos. Ahí quedaron también una camioneta, cuatro
fusiles AK 47, un AR 15, seis pecheras, 28 cargadores para AK 47 y AR 15 y 250
casquillos. Los delincuentes se desplazaban en al menos cinco vehículos.
La tarde del viernes 3 se
desató otra balacera en la comunidad de El Pozo, en la sindicatura de Imala,
entre delincuentes y la Policía Militar. Un agente castrense resultó herido en
un tobillo; los delincuentes lograron escapar.
El incidente provocó un
despliegue policiaco en la zona. Los agentes localizaron un plantío de 10
hectáreas sembradas de mariguana, así como un predio de cinco hectáreas de
amapola, cuatro vehículos, uno de ellos blindado y con pedestal para portar un
rifle de grueso calibre, 56 cargadores, 310 cartuchos calibre 50 y tres
granadas.
Ninguno de los presuntos
delincuentes muertos ha sido identificado y sus cadáveres permanecen en el
servicio forense sin ser reclamados. Hasta el cierre de edición, las
autoridades no habían detenido a ningún sospechoso relacionado con los
tiroteos.
LAS CARENCIAS DE LA AUTORIDAD
Ante la reciente ola de
violencia, la entidad dejó las investigaciones en manos de la Procuraduría
General de la República (PGR), en tanto que el gobernador Ordaz Coppel ha
evadido los cuestionamientos de la prensa sobre la inseguridad.
El martes 7, ante la
insistencia de los reporteros, Ordaz dijo que se estaba reforzando la seguridad
en coordinación con fuerzas federales. “Tengo un mes en el cargo y estamos
trabajando en ese sentido”, se justificó.
El secretario de Seguridad
Pública estatal, el general Genaro Robles Casillas, aseguró que la delincuencia
no ha rebasado a la autoridad, pese a las evidencias en sentido contrario. Sin
embargo, dijo, “estamos cubriendo todas las necesidades, respondiendo a la
necesidad de la población”.
Mencionó que las
corporaciones locales necesitan más vehículos y unidades aéreas para reaccionar
de manera más pronta. Admitió también que a los uniformados se les dificulta la
detección de grupos armados en las calles debido a que las cámaras de vigilancia
no funcionan.
De las 168 cámaras que
controla C4i en Culiacán, sólo 11 sirven, y de las 249 que opera el Centro de
Emergencias y Respuesta Inmediata del municipio, apenas 14 están activas,
reveló.
El encargado del despacho de
la Procuraduría General de Justicia Estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo
que la ola de enfrentamientos se debe al antagonismo entre delincuentes, pero
la fiscalía no los ha identificado. Asimismo, manifestó que dejarán la
investigación de los tiroteos a la PGR.
PÁNICO CIUDADANO
Los recientes hechos de
violencia provocaron sicosis entre los habitantes de Culiacán y Navolato. El
martes 7, luego del tiroteo en Villa Juárez, empezaron a circular mensajes de
voz y de texto en los que se alertaba a la población sobre la supuesta presencia
de grupos armados en las calles; otros indicaban que se dirigían hacia una
población; uno más hablaba de un toque de queda.
Los mensajes se acompañaban
de imágenes de personas presuntamente asesinadas en Villa Juárez, aunque en
realidad correspondían a otros enfrentamientos. Ese martes por la tarde, la
línea de emergencias 911 recibió 7 mil 375 llamadas en las que se reportaron
supuestos hechos violentos y la presencia de grupos armados, de los cuales sólo
475 resultaron
verídicas.
Por la noche circularon
mensajes de tiroteos en las cercanías del estadio de beisbol, donde se jugaba
la final de la Serie del Caribe entre México y Venezuela, así como en varios
sectores de Culiacán y Navolato. El inmueble y las inmediaciones estuvieron
fuertemente resguardados por policías locales y militares.
Mientras la sicosis cundía
entre los ciudadanos, el gobernador Ordaz Coppel se encontraba en el estadio de
beisbol disfrutando la final del encuentro. Lo acompañaba el titular de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
José Calzada Rovirosa.
Entre los padres de familia
empezaron a circular mensajes de que habría tiroteos y decidieron no enviar a
sus hijos a clases.
Al siguiente, el miércoles 8,
en por lo menos 148 escuelas de la zona centro del estado se suspendieron las
clases y 40% de los estudiantes de las preparatorias y facultades de la
Universidad Autónoma de Sinaloa no acudieron a las aulas.
A la sindicatura de Villa
Juárez la paralizó el miedo y la sicosis después de los tiroteos. Las calles
lucían desoladas, los comercios cerrados y las escuelas vacías. El síndico
Pedro Rodríguez Nevárez no se presentó a trabajar; tampoco sus empleados.
En el poblado tampoco había
vigilancia, no se observaron patrullas de policías ni militares. “Pensamos que
iba amanecer lleno de guachos y marinos”, comentó uno de los habitantes.
En el mercado municipal
Benito Juárez, los pasillos estuvieron solos, pues la mayoría de los locales
permanecieron cerrados. Quienes sí abrieron calcularon que cuando mucho una
cuarta parte del mercado estaba funcionando. Los negocios tampoco abrieron.
Los seis jardines de niños,
seis primarias, tres secundarias, cuatro preparatorias y una guardería del DIF
no dieron clases. Fue hasta el jueves 9 cuando elementos de la Policía Estatal
y la Policía Militar empezaron sus recorridos.
ESTE REPORTAJE SE PUBLICÓ EN LA EDICIÓN 2102 DE LA
REVISTA PROCESO DEL 12 DE FEBRERO DE 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ALEJANDRO MONJARDÍN /
RÍODOCE / 14 FEBRERO, 201)
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