La instalación de una mega obra ha
provocado la fragmentación de la etnia yaqui de Sonora, ante la presión de intereses
económicos y políticos.
Divide y vencerás. Una vieja
máxima de la política que pareciera explicar el conflicto violento que se
detonó al interior de la tribu Yaqui y ha dejado ya un muerto, a raíz de la
instalación de un gaseoducto operado por trasnacionales con la anuencia del
gobierno.
Las tensiones comenzaron
cuando la empresa Gaseoducto Aguaprieta, una filial de las empresas Ienova y
Sempra Energy, ganó una licitación para construir el Gaseoducto Sonora,
proyecto que pretende transportar gas natural desde Arizona hasta el norte de
Sinaloa, atravesando 90 kilómetros del territorio perteneciente a la tribu
Yaqui en el estado de Sonora.
Para que la empresa pudiera
construir la obra, se requiere un permiso especial que debe ser concedido de
manera unánime por los ocho pueblos que conforman la tribu Yaqui (Cócorit,
Bácum, Tórim, Pótam, Vícam, Huiribis, Rahum y Belén), según sus usos y
costumbres, tal como quedó asentado en un decreto firmado por el entonces
presidente Lázaro Cárdenas en 1940.
Pero a pesar de que la
construcción del gaseoducto lleva un 90% de avance, la tribu Yaqui no ha
expedido ningún permiso, debido a que los habitantes de Bácum, uno de los ocho
pueblos que conforman el territorio yaqui, han rechazado la instalación del
proyecto ante lo que consideran condiciones abusivas por parte de la empresa
encargada de la obra y los peligros que encierra un gaseoducto que no traerá
mayores beneficios para los pobladores de la comunidad. Una postura que ha
generado tensiones con los siete pueblos restantes, cuyas autoridades se han
expresado a favor del gaseoducto.
Sin importar la falta del
permiso, la empresa continuó con los trabajos hasta un juez de distrito ordenó
cancelar la obra en el territorio de Bácum hasta que no existiera un acuerdo
unánime entre los pueblos de la tribu Yaqui.
Y es en este contexto que el
pasado viernes se produjo un enfrentamiento entre yaquis que dejó un muerto, 13
automóviles incendiados y varios heridos en el pueblo de Loma de Bácum, luego
de que habitantes del lugar llevaron a un notario público para documentar los
trabajos que se siguen realizando en sus tierras pese a contar con una orden
judicial a su favor. Una situación que provocó un enfrentamiento con yaquis
provenientes de Lomas de Guamúchil, quienes trataban de presionar a la
comunidad de Bácum para que finalmente accedieran a la instalación del
gaseoducto.
Pero eso es sólo una parte de
la historia, ya que las autoridades de Bácum señalan que la empresa ha
repartido dinero a otros integrantes de la comunidad yaqui para presionar y
obtener el permiso necesario para continuar con la millonaria obra de 500
millones de dólares, la cual en 2012 fue calificada por el actual Comisionado
Para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México del gobierno federal, Jaime
Martínez Veloz, como "un limpio y 'legal' fraude de cuello blanco".
"Lo que pasa es que hay
un grupo que está de acuerdo en que se haga el gaseoducto y en el pueblo de
Loma de Bácum es un rotundo no por la situación que ha habido ahí, unos
acuerdos que nunca se han cumplido, aparte que ese gaseoducto no se ha dado a
conocer bien, no han cumplido con el reglamento de la consulta. Es por eso que
este pueblo no lo acepta y la riña comenzó por eso. Unos ya recibieron un
ingreso por ese proyecto y los pueblos de Loma de Bácum ha estado manteniéndose
de que no se cruce por su territorio", dice Martín Valencia Cruz,
secretario de las autoridades de Loma de Bácum.
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En entrevista con el HuffPost
México, Valencia asegura que el gobierno de Sonora ha resultado omiso a la hora
de defender los derechos de la comunidad y castigar a la empresa que sigue
realizando obras con apoyo de gente de otros pueblos del territorio yaqui que
fueron contratados para apoyar los trabajos de la empresa de manera ilegal.
"Ese permiso, según el
decreto de Cárdenas, tienen que hacerlo ocho autorizaciones, si no, no pasa
legalmente. Pero esto no le ha importado ni a la empresa, ni al gobierno ni a
nadie", agrega.
De acuerdo con testimonios de
otros comuneros de Loma de Bácum, algunos representantes del Gaseoducto
Aguaprieta se acercaron a las autoridades de los ocho pueblos yaquis para
ofrecerles dinero a cambio de que dieran su permiso para la instlación de la
obra.
"En 2014 se iban a hacer
una serie de reuniones, y en una de esas reuniones, desarrollada en el pueblo
de Belén, donde se levanta un acta a mano, la empresa ofreció 60 millones de
pesos que, dividido entre ocho pueblos tocaba de a 7 millones y medio, aunque
no hubieran firmado o acordado nada, y eso es lo que andaban ofreciendo",
señala Guadalupe Flores Maldonado, quien considera que a raíz del conflicto, la
comunidad yaqui ha quedado dividida.
Nos afecta a nuestro
territorio. Ahorita, las afectaciones en la parte humana es el rompimiento del
tejido social que ha tenido aquí. Lo único que está dejando es familias
divididas, hermano contra hermano, pariente contra pariente".
Guadalupe Flores Maldonado,
comunero de Loma de Bácum
Y mientras tanto, otros
liderazgos de la tribu Yaqui se han dividido entre apoyar o no al proyecto, tal
como ocurre con Mario Luna, de la comunidad de Vícam, y Tomás Rojo, dos de los
líderes más vivibles de la tribu yaqui contra el proyecto del Acueducto Independencia,
que pretendía despojar de agua a los yaquis para abastecer a la ciudad de
Hermosillo impulsado por el gobierno del panista Guillermo Padrés, hoy prófugo
de la justicia.
"Era un asunto interno
que ha desestabilizado a la tribu Yaqui, son siete pueblos que por un lado se
sostienen en la posición política y por otro lado en oposición a la obra hay
solo un pueblo, nosotros veíamos con agrado el proceso de unidad de los ocho
pueblos, pero lamento está violencia que se ha creado con la única finalidad de
agraviar la tranquilidad de los ocho pueblos con potencial político y
social", aseguró por su parte Tomás Rojo, quien ha expresado públicamente
su apoyo a la construcción del gaseoducto.
Y mientras el conflicto ha
dividido a la tribu Yaqui, el gobierno de Sonora, encabezado por Claudia
Pavlovich, ha tenido algunos acercamientos para tratar de mediar el conflicto,
a pesar de los señalamientos de que las autoridades estatales han realizado
maniobras para presionar a los comuneros de Bácum a otorgar el sí al gaseoducto
a cambio de programas sociales, según reconoció el secretario de gobierno
sonorsense, Miguel Pompa Corella en entrevista con el diario El Imparcial.
Pero el conflicto del
gaseoducto no es el primero que enfrenta la tribu Yaqui ante un modelo
económico que ha erosionado la cohesión de la etnia, tal como asegura Alejandro
Valenzuela, sociólogo por la Universidad de Sonora e investigador de posgrado
por la UNAM, quien sostiene que el modelo neoliberal y medidas como la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han tenido impactos
profundos en una comunidad que se había mantenido en guerra constante desde
hace cinco siglos por la defensa de su territorio.
"La entrada del TLCAN
fue uno de los elementos que con más fuerza debilita las estructuras
tradicionales de la tribu, una comunidad que se dedicaba a trabajar la tierra,
y el tratado impacta negativamente al campo: deja de haber apoyos, una serie de
elementos que mantenían paupérrimamente con vida al campesinado mexicano y eso
le pasa a la comunidad yaqui", asegura el académico.
"Esto trae impactos
catastróficos para las estructuras tradicionales de la etnia. Al no poder
generar su propia forma de vida, unos se rentan como jornaleros en sus propias
tierras y otros se van a la industria maquiladora en Guaymas y Ciudad Obregón,
principalmente, lo cual trae una destrucción de los lazos impresionante. Esa
debilitación de las representaciones culturales posibilita la entrada
paulatina, en el transcurso de 20 años por lo menos, de priistas y panistas
poderosos que empiezan a meter sus manos porque saben que es una comunidad que
les puede ser funcional y ven a futuro", explica Valenzuela.
Es por ello que ante los
niveles de pobreza e inseguridad que se viven en aquella región, las comunidades
resultan particularmente vulnerables ante los intereses de los partidos
políticos mediante el uso discrecional de programas sociales y los
megaproyectos de infraestructura promovidos por grandes empresas trasnacionales
que cuentan con el respaldo del gobierno. Algo que explica la manera en que las
estructuras de gobierno de los yaquis se hayan duplicado y generado tensiones
ante intereses políticos, tal como ocurre con las guardias duales que existen
en pueblos como Vícam y Pótam, los cuales se encuentran divididos por disputas
políticas.
"Cuando priistas y
panistas sonorenses empiezan a darse cuenta que pueden usufructuar socialmente
a la tribu, empiezan a a meter sus manos, a comprar conciencias y generar
guardias tradicionales duales, funcionales a sus intereses. Si yo PAN en el
gobierno quiero meter un proyecto como el Acueducto Independencia, y la guardia
tradicional de Vícam no está de acuerdo, sencillo: incentivo la creación de una
guardia tradicional dual que esté de acuerdo con el proyecto que estoy
impulsando", concluye.
Una situación que, lejos de
resolverse, ha provocado una fragmentación cada vez mayor de un pueblo
ancestral como la tribu Yaqui.
(DOSSIER POLÍTICO/ TOMADO DE: MANUEL
HERNÁNDEZ BORBOLLA / THE HUFFINGTON POST/ 2017-01-24)
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