PUEBLA, PUE.- En pocos días,
el negocio del huachicol –como se le denomina popularmente al combustible
robado de los ductos de Pemex– amplió sus horizontes en Puebla y ahora se
ejerce en más de una veintena de municipios.
Desde principios de mes,
Paco, un joven desempleado de esta ciudad, comenzó a ofrecer gasolina a 12
pesos el litro a vecinos y amigos. Armó su micronegocio invirtiendo sólo lo
necesario: condujo su auto hacia la central de abasto de Huixcolotla y compró
decenas de garrafas de 25 litros del llamado huachicol, que trasladó a su
domicilio en varios viajes.
Hoy, él y su familia venden
el combustible robado a los ductos de Pemex. Y les está yendo bien, pues en el
estado el litro de Magna cuesta 16.59 pesos, mientras que el de Premiun se
cotiza en 18.36. Paco y los “huachicoleros” o “chupaductos” la consiguen entre
ocho y 10 pesos.
En 2016 Puebla fue la entidad
con mayor incidencia de robo de combustible del país. Los directivos de Pemex
detectaron más tomas clandestinas que en ninguna otra parte: hasta septiembre
pasado sumaban mil 145; en 2010, antes de que arrancara el sexenio de Rafael
Moreno Valle, sólo había 49 tomas.
El antiguo “triángulo rojo”
ahora se conoce como “la franja del huachicol”. La actividad delictiva se
extendió a más de 20 municipios, entre ellos Tepeaca, Acatzingo, Quecholac,
Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc,
Xoxtla, Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y el sur de
la capital poblana.
En esa zona, el combustible
ilegal se puede conseguir en múltiples puntos de venta a lo largo de las
carreteras, así como en improvisadas tienditas o casas.
En febrero de 2016, el
titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, dijo en una
entrevista televisiva que Los Zetas operaban el robo de combustibles en Puebla.
La situación se agravó, pues,
a decir de las autoridades federales y municipales, la comercialización a gran
escala del combustible robado, así como la ordeña de ductos y la venta en
tambos, involucran ya a comunidades enteras.
“Esto es un trabajo con el
que damos de comer a nuestros hijos”, sostiene un huachicolero de Quecholac. Y
acusa: “El petróleo es de todos. Lo que quiere el gobierno es dárselo a Estados
Unidos. Lo que quieren los políticos es robar. Nosotros sólo sacamos para la
familia”.
Hoy, dice a la reportera un
alcalde que pide omitir su nombre, cualquier chamaco sabe por dónde pasan los
ductos de Pemex y cómo se hace una perforación para extraer el combustible;
actividad que no puede entenderse sin la complicidad de personal de Pemex.
Y se pregunta: “¿Cómo sabe
esta gente por dónde pasan los ductos? ¿Quién les enseñó a hacer las
perforaciones? ¿Cómo saben cuándo va a correr el combustible?”.
PUEBLOS HUACHICOLEROS
Pablo Morales Ugalde es un
empresario gasolinero, pero desde 2014 funge como alcalde de Palmar de Bravo.
En febrero de 2016, durante su segundo informe, sorprendió a la comunidad al
declarar que, gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos
compran gasolina más barata.
En la región algunos
pobladores también los defienden. Por esas fechas, habitantes de Palmarito
Tochpan, municipio de Quecholac, corrieron a pedradas a elementos del Ejército
que habían asegurado un vehículo cargado con combustible robado. En varias
poblaciones incluso veneran al Santo Niño Huachicolero –una adaptación del
Santo Niño de Atocha–, quien carga una garrafa de diesel y una manguera y está
rodeado de tambos de combustible.
Para Isabel Allende, delegada
de la Secretaría de Gobernación en Puebla, en numerosas comunidades de la
entidad el robo a Pemex ya no es vista como un delito, sino como una
“oportunidad” o “modo de vida”.
“Lo preocupante es que los
niños de esa zona crecen con la visión de que el robo del combustible permite a
sus padres sostener a la familia, o que en sus casas o tienditas las amas de
casa estén al frente del negocio. Eso refuerza la percepción de que ser
huachicolero es una actividad económica y no un delito”, dice la funcionaria.
Peor aún, algunos habitantes
son cooptados con fiestas o regalos de electrodomésticos para que no delaten a
los huachicoleros. “Hay complicidad, pero también hay miedo”, señala.
Pese a ello, la creciente
ordeña de ductos disparó los índices de violencia en una zona. El gobierno
federal ha tratado de impulsar campañas de concientización, pero no ha tenido
resultados, pues la mayoría de los huachicoleros esconde en sus casas el
hidrocarburo robado.
VIOLENCIA
El año pasado hubo 21
enfrentamientos entre presuntos chupaductos con tropas del Ejército y policías
que dejaron cuatro muertos: un menor y tres uniformados.
El 27 de diciembre último,
sujetos armados balearon una gasolinera en la población de Tochtepec, cuya
concesionaria es la exdiputada federal perredista Aída Ramírez Torres y actual
presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros
(Amegas).
Los sicarios dejaron una
cartulina en su negocio: “Síguete metiendo, esto es una advertencia. Cierra la
boca o te la cerramos”.
Ramírez Torres había
denunciado que los concesionarios de los municipios que integran el llamado
“triángulo rojo” han resentido una caída de sus ventas en más de 80% debido a
la venta de combustibles robados a Pemex.
También declaró que muchas de
las gasolineras de Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac
y otros municipios están siendo vendidas por incosteables.
A principios de mes, un
policía federal fue asesinado y tres militares resultaron heridos por presuntos
huachicoleros. Además, se incrementaron los robos de autos y los asaltos.
En localidades como Palmar de
Bravo, Palmarito Tochpan, San Bartolomé Hueyapan, la Magdalena Tetela, San
Matías Tlalancaleca y Acatzingo grupos armados se disputan el territorio, según
las autoridades.
La PGR admite que algunas
gasolineras poblanas venden al público combustible robado; incluso los
conductores de transporte de carga, camiones urbanos y taxis de la ciudad de
Puebla lo compran para “bajar sus gastos”.
El PRI y el PAN aseguran que
por lo menos cinco alcaldes, entre ellos los de Tochtepec de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, Marcos Pérez Calderón y Francisco Palacios Lorenzo,
respectivamente, han sido amenazados para que dejen operar a los huachicoleros.
A mediados de diciembre
pasado, en San Miguel Xonacatepec, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, un
grupo delincuencial se llevó a dos policías estatales y pidió a las autoridades
la liberación de una pipa decomisada con carburante robado y del chofer como
intercambio.
OMISIÓN O COMPLICIDAD
La diputada perredista
Socorro Quezada Tiempo sostiene que el robo de combustibles es resultado de la
complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno
de Moreno Valle.
“Por proyectos personales y
sueños casi inalcanzables de lograr la candidatura presidencial, el gobierno de
Moreno Valle descuidó el tema de la seguridad. Eso desató la delincuencia”,
comenta la legisladora local.
Según ella, las autoridades
“dejaron que esto creciera al grado de que ahora tendrán que enfrentarse a
comunidades enteras para combatirla”.
Y pone un ejemplo de esa
complicidad: a mediados de julio de 2015, cuando detuvieron al director general
de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el encargado
del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por custodiar
vehículos con hidrocarburo robado, la administración de Moreno Valle no actuó.
El jefe directo de ambos los
dos detenidos, Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad del estado, se
retiró del cargo sin ningún señalamiento por parte del gobierno estatal.
A Roxana Luna, exdiputada
federal y candidata a la gubernatura, le resulta sospechoso que los índices
delictivos se dispararan durante la gestión de Moreno Valle.
En su edición del martes 10,
el diario local El Popular publicó que de las 258 personas detenidas por el
robo de hidrocarburos en Puebla de 2011 a noviembre de 2016, 204 fueron
liberadas; sólo fueron procesadas 54, de las cuales la mitad obtuvieron
libertad bajo caución.
Ciudadanos y alcaldes
comentan a la corresponsal que las autoridades estatales son omisas cuando
ellos presentan quejas o piden ayuda para atrapar a los chupaductos. Afirman
que éstas siempre responden que no pueden actuar, pues se trata de un delito
federal.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GABRIELA
HERNÁNDEZ/30 ENERO, 2017)
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