A
la memoria de Elmer Gutiérrez, el Comandante
Un
día de julio de 2012, el entonces gobernador Mario López Valdez, tuvo una
reunión ejecutiva con sus funcionarios del sector salud, entre ellos Ernesto
Echeverría, su titular. Estuvo también Armando Villarreal, ex secretario de
Administración y Finanzas. Analizaban una serie de notas y reportajes que
Ríodoce había estado publicando con base en información conseguida en la misma
dependencia y en informes, tanto de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), como de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Era
un mundo de anomalías: contratos millonarios amañados, compras a sobreprecios
insultantes, asesorías de despachos que solo existían en el papel, proveedores
a modo a cambio de jugosas comisiones, servicios de laboratorios subrogados a
empresas que no tenían un tubo de ensayo… Un robo vil, cínico, descarado.
En
esa reunión, el gobernador le pidió explicaciones al secretario, pero éste no
pudo dárselas sin que se concluyera que, efectivamente, la administración de la
Secretaría de Salud era un mugrero. “¡Te van a meter a la cárcel!”, le espetó.
Eran
tales las evidencias, que se especuló la salida de Echeverría, pero esto no
ocurrió y terminó su encargo hasta el último día del sexenio.
Luego
de que el nuevo gobierno empezó a revisar lo que estaba recibiendo, encontraron
que una de las dependencias con más anomalías es precisamente la de Salud.
Debe, para empezar, un contrato de más de 500 millones de pesos que se niega a
pagar porque encontraron irregularidades en la licitación y en la cobertura de
los compromisos. Pero la suma de deudas a otros proveedores va más allá de los
1 mil 200 millones de pesos.
Al
suspenderse —el jueves pasado— la cuenta pública del primer semestre de 2016,
diputados del PRI y del PAN expresaron que no era correcto que la comisión de
Fiscalización del congreso no haya revisado las cuentas de Salud ni de
Educación, siendo éstas las que consumen el 60 por ciento del presupuesto
estatal. A Salud, se dijo también, solo le revisaron las cuentas en una ocasión
en seis años, lo cual se les hace sospechoso.
Es
la primera vez que esto ocurre en Sinaloa. Se habían suspendido cuentas
municipales y hasta se habían levantado denuncias penales contra ex alcaldes,
pero nunca se había suspendido una cuenta estatal. Justificado de sobra por
supuesto. Durante seis años —y eso se dijo ayer en tribuna por quienes
impugnaron el dictamen— las dependencias estatales, incluida la de
Administración y Finanzas, cometieron reiteradamente las mismas desviaciones y
anomalías, desdeñando las observaciones, tanto de la ASF como de la ASE, tal
vez pensando que estarían ahí toda la vida.
Ese
mismo jueves que el congreso suspendió la cuenta de Malova, éste hizo público
un comunicado donde dice que es su “obligación moral… ofrecer un
posicionamiento público, y refrendar mi compromiso por la transparencia y la
rendición de cuentas…”. El problema es que tuvo seis años para esos
posicionamientos y no lo hizo. Y para demostrar que era transparente y así
rendir cuentas. Y tampoco lo hizo. Se enconchó en su soberbia y se hundió en
los compromisos con sus “cuates”. Por eso dejó hacer y pasar. Dijo que aclarará
y solventará “todas y cada una de las observaciones que se emitan en función
del análisis de la cuenta pública estatal”, pero si no lo hizo antes no lo hará
ahora, con la desventaja de que ya no tiene ni el tiempo ni el poder para
manipular decisiones del Congreso.
La
de Mario López Valdez ha sido una de las administraciones más corruptas de la
historia moderna de Sinaloa. Si él, en lo personal, está metido en el lodo ya
se sabrá y entonces habrían de esperarlo días aciagos. Lo que casi es una
seguridad es que más de algún secretario o funcionarios de otros niveles no
saldrán bien librados de este escrutinio histórico de las cuentas estatales.
Nunca
en la historia moderna de Sinaloa se habían expuesto con tanta puntualidad y de
manera documentada las anomalías de una administración, pero ante las
denuncias, López Valdez negó los hechos o guardó silencio. Y nunca como ahora
fueron tan manejadas con tanto desorden y turbiedad las finanzas estatales.
BOLA Y CADENA
SE DISCUTÍA TODAVÍA LA CUENTA DE MALOVA, cuando el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, dijo a
la prensa que no habría impunidad para nadie. Que se estaban siguiendo
pesquisas de los órganos auditores del estado y de la federación y que tendrían
que aclararse las observaciones. Muy a tono con la posición de los diputados
priistas, sus diputados, que no tuvieron fuerzas para defender el dictamen, a
pesar que el que preside la comisión de fiscalización es un priista. Línea o
no, Malova y varios de sus funcionarios de primer nivel están en un buen
aprieto. Si hubiera una estricta vuelta de tuerca a este asunto, más de uno
terminaría en la cárcel. Pero ya se verá hasta dónde llegan las cosas.
SENTIDO CONTRARIO
POR LA RAZÓN QUE SEA, LA SUSPENCIÓN de esta cuenta
habla de lo que debe ser un verdadero congreso. Hasta aquí bien las cosas. No
así cuando, la misma mayoría que vota en contra del dictamen, lo hace en favor
de la cuenta del primer semestre del ayuntamiento de Culiacán, donde se
encontraron también anomalías suficientes para suspenderla.
HUMO NEGRO
LA GUERRA INICIADA POR ESTE PINCHE LOCO llamado Donald Trump apenas inicia. Traerá muchos
dolores de cabeza a los mexicanos, aunque también a las empresas gringas y al
pueblo norteamericano. Tiene una ventaja para nosotros y es que puede hacer
que, hablando de política, tal vez termine uniéndonos más que un partido
crucial de la selección mexicana. Lo cual nos hace mucha falta.
(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 30 ENERO,
2017)
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