A pesar de que Enrique Ochoa Reza
renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad,
cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos, cinco veces mayor a la que le
correspondía. El actual dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”,
recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él;
“indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su
millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una
investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este semanario forma parte—,
realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) fue costosa para el erario: el actual dirigente del PRI
recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en
esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón
recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese
monto, afirma el abogado Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral.
La razón: se separó voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del
artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE
establece que, “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, esta
empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de que éste
haya cumplido tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de
Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en la carta que le envió al
presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito
con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por
lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia
obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario
Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día,
Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción”
y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su
declaración “3de3”— acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para
obtener una liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó
su petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de
Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de liquidación
en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El pago a Ochoa Reza fue
indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto
de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz,
catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno
de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar
responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta
administrativa”. Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública
“tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que
existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte
sostiene que su proceso de liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó
con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto
pasivo” de un trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su
separación fue “voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue”
cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha
normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la
que Proceso forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso
administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar una
liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a través de
su plataforma digital.
"LA MÁS ALTA LIQUIDACIÓN"
El pasado 8 de julio, en su
último día al frente de la CFE, Ochoa Reza acudió a la Gerencia de Relaciones
Laborales de la empresa. Solicitó el “más amplio y eficaz finiquito”: un millón
725 mil 209 pesos, al que tendría que restar impuestos, hasta quedar en un
millón 206 mil 271 pesos.
Este monto equivale a 253.35
días del salario diario integrado que Ochoa Reza cobró durante su periodo en el
cargo, del 2 de febrero de 2014 al 9 de julio de 2016. Dicho de otro modo: la
CFE pagó a su exdirector general mil 363 pesos por día, equivalente a dos días
extras de sueldo por cada semana que estuvo en su nómina.
Jaime Tadeo Castelán Olguín,
subgerente de Relaciones Laborales, y Karime Slim Ruiz, jefe del Departamento
de Dictámenes, dieron su visto bueno a la liquidación millonaria, la cual quedó
plasmada en el “dictamen de terminación de la relación laboral” número T.L.
49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su “conformidad”.
En ese dictamen, que fue
filtrado a la plataforma Méxicoleaks, la CFE explica que la liquidación “se
otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica “el otorgamiento de
una gratificación especial por los servicios prestados, equivalentes a la más
alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de
Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público de Mando se le otorga
el más amplio y eficaz finiquito”.
La CFE estimó el salario
diario de Ochoa Reza en 6 mil 809 pesos, lo que incluye, además del salario
base, la ayuda para renta de casa, el fondo de ahorro, la prima vacacional, el
aguinaldo, el fondo de previsión, el transporte, la despensa, la “compensación
garantizada” y el bono.
Para justificar el pago de
253 salarios diarios, el dictamen se apoyó en la fracción segunda del artículo
33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE.
Esta fracción establece que,
al liquidar los servidores públicos de mando, la paraestatal les debe 120 días
de salario, más 35 días por año de servicios prestados, más otros 20 días por
cada año laborado, bajo el concepto de prima legal de antigüedad. La suma, en
el caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin embargo, el abogado
Fuentes Muñiz asevera: dado que Ochoa Reza renunció a su cargo de manera
voluntaria, la CFE debió aplicar la fracción primera del artículo 33, la cual
se establece para los casos específicos de “separación voluntaria”.
Fracción I. Separación voluntaria.
Fracción II. La que se aplicó
a Ochoa Reza.
Esta fracción prevé una
liquidación de 20 días de salario por año de servicios para los trabajadores
que renunciaron por voluntad propia. Contempla también un monto extra según la
antigüedad del servidor público de mando, pero solo para quienes cumplieron por
lo menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso del actual
presidente del PRI.
En este escenario, la CFE
hubiera pagado a Ochoa Reza un finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios;
es decir, 330 mil 168 pesos brutos y 231 mil 118 pesos netos si se restan los
impuestos.
Tras analizar los documentos
a petición de la alianza Méxicoleaks, el abogado Fuentes Muñiz explica que el
referido Manual plantea dos supuestos excluyentes: “separación voluntaria” o
“liquidación”. El primero otorga una compensación mucho menor que el segundo.
“Si solamente estuviera el
segundo supuesto, no el primero, habría posibilidades de que los funcionarios
lo pudieran interpretar, dada la vaguedad en la que está redactado. Pero
existiendo el primer supuesto de la renuncia voluntaria tal como está
expresado, obviamente, no procedería porque es evidente que hubo una renuncia
voluntaria y además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes Muñiz.
No sólo eso. Afirma que “los
funcionarios que designaron el pago de liquidación están cometiendo una falta
grave que puede ser incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente
pueden hacer lo que está permitido en las normas”.
“SUJETO PASIVO”
En entrevista, Ochoa Reza
niega que su liquidación fue irregular o que obtuvo un trato preferencial.
Asegura que el cálculo del monto de su finiquito estuvo a cargo de la CFE y que
él fue un “sujeto pasivo” en todo el proceso. Además, estima que “de ninguna
manera” esta liquidación le resta calidad moral o credibilidad a su postura de
combate a la corrupción.
“Es una normatividad que se
aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde
tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen
teniendo esa honrosa responsabilidad”, dice. Añade: “En ese sentido, yo no tuve
ningún trato preferencial”.
A la pregunta sobre si
considera que una liquidación tan elevada es correcta, asevera: “Así es como lo
establece la normatividad interna de la CFE y de la que yo soy un sujeto
pasivo. Básicamente el cálculo se hizo por parte de la institución y ella
determinó que ese era el monto que me correspondía”.
El cheque de liquidación de
Ochoa Reza.
–¿La carta que usted envió al
presidente es de renuncia?, se le pregunta.
–Sí, como no. Es una carta
donde presento la renuncia, la hice pública en los medios de comunicación y en
las redes sociales y en ese momento inicié el camino de acuerdo a los
procedimientos del PRI para ser su presidente nacional.
–¿Eso significa una
separación voluntaria?
Ochoa Reza frunce el ceño.
Después de un momento de reflexión, responde: “Sí, pero…”. Con la mano, alienta
a precisar la pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con el Manual, la CFE le
tenía que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es que la normatividad,
según he escuchado y analizado el caso, la normatividad no distingue…, la
normatividad se refiere a la separación y en cuanto a esa normatividad, que
tiene 15 años de vigencia y se ha aplicado a todos los directores, se calcula
cómo terminará mi relación laboral con la empresa”, afirma.
Y añade: “a través de las
preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero
creo que quedan puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a
cabo fue legal y además preciso y oportuno”.
La carta de renuncia dirigida
a Peña.
Previo a la entrevista, Ochoa
Reza dejó hablar a Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa,
respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado
General de la CFE, para que explicaran la parte legal de su liquidación.
Durante la reunión estuvo presente el senador priista Arturo Zamora, quién de
vez en cuando compartía sus opiniones.
Tanto De La Cruz como
Martínez han colaborado con Ochoa Reza desde que dirigía la subsecretaría de
Hidrocarburos –entre diciembre de 2012 y febrero de 2014–. El actual dirigente
del PRI los reclutó en la CFE siete días después de asumir la dirección de la
empresa productiva del Estado. Durante más de media hora, insistieron en que no
hubo ilegalidad alguna en el otorgamiento de la liquidación a Ochoa Reza.
Sus argumentos: todos los
directores de la CFE recibieron el mismo trato en los últimos 15 años; la
normatividad está muy firme “porque no ha sido cuestionada por ningún otro
instrumento legal”; y Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los beneficios de la
fracción segunda pese que su caso aplicaba para la fracción primera, pues estas
dos no se anulan.
Todavía el pasado 18 de
agosto, la situación laboral de Ochoa Reza en el Sistema de Información de
Estadística de Personal (SIEP) lo catalogaba en la categoría de “Separación
voluntaria”. Cinco días más tarde, el 23, esta mención había desaparecido, sustituida
por la mención “reajuste”, según documentos filtrados a través de Méxicoleaks.
De “separación voluntaria” a “reajuste”.
Los cambios de Ochoa en la base de datos de la CFE.
Según los abogados de la CFE,
este cambio no resultó de una maniobra engañosa, sino de una banal limitación
del software. Explicaron: “no existe un campo que diga liquidación, entonces
(reajuste) es el campo que se aplica internamente (…) Y si consultas con los
demás directores es igual. Son categorías informáticas, no legales”.
SIMPLE TRÁMITE
Con su liquidación ya pactada
con la CFE, a Ochoa Reza sólo le faltaba cobrar su cheque. El pasado 24 de
agosto, acudió a la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje junto
con Castelán Olguín, el subgerente de Relaciones Laborales de la empresa.
Presentaron un convenio fuera
de juicio –una figura que permite resolver casos laborales sin pasar por
tribunales– elaborado el mismo día. Este convenio señaló que Ochoa Reza deseaba
terminar su relación laboral con la CFE tal y como lo estipulaba el dictamen
T.L. 49/2016.
La junta fue breve: el
fedatario público aprobó el convenio, constató la entrega del cheque número
0000272 por un millón 206 mil 271 pesos con 81 centavos –fechado el 18 de
agosto– a Ochoa Reza y ordenó el archivo del asunto como “total y
definitivamente concluido”.
En el transcurso de esta
investigación, se consultó el acta de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias del cheque, del
convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En realidad la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje no es la que autoriza el contenido del convenio,
solamente revisa la forma en que se otorga la indemnización, pero no le
corresponde validar el documento en cuanto a la norma. Si la empresa decide dar
ese pago es responsabilidad de ella”, añade el abogado.
(PROCESO / HOMERO CAMPA Y MATHIEU
TOURLIERE/ 25 SEPTIEMBRE, 2016)
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