Un grupo de los fraudeados por
la Caja Magisterial Asoma interpusieron ante la subdelegación de la
Procuraduría General de la República en Mexicali, un documento donde piden la
destitución del Delegado de esa dependencia en Baja California, Pedro Jesús
Torres, al que acusan de “abulia, opacidad, impunidad, desatención, negligencia
y apatía en la Ejecución de diligencias de investigación”.
Concretamente se refieren al
fraude que fueron objeto 128 personas por parte de la Caja Magisterial Asoma,
que en conjunto suma cerca de 100 millones de pesos.
De acuerdo al abogado del
grupo, Rosendo Cervantes, desde abril del año pasado el Ministerio Público del
Fuero Común desglosó una parte de la investigación por los delitos federales y
se remitió parte de la indagación a la Subdelegación de la PGR en Mexicali.
Se trata de posibles delitos
paralelos a las actividades financieras como son captación, préstamo y posible
operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia
organizada.
Y es que a la par todo este
grupo interpuso una serie de demandas ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado en contra de los directivos de la Caja Asoma que encabezaba el ex
líder magisterial de la Sección 2 del SNTE José Peñuelas.
En el caso del Fuero Común ya
hay un juicio en proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y dentro del
procedimiento judicial se realizó una auditoría contable a la Caja Magisterial
Asoma, también hay cuentas y bienes
embargados a los integrantes de la directiva de la Caja.
El abogado Cervantes explicó
que a partir de abril del 2015 han estado ratificando la denuncia, pero la
entonces subdelegada les aseguró que se integraría la investigación, pero a la
fecha consideran que no hay avance.
También solicitaron una
entrevista con el Delegado Pedro Jesús Torres, quien los citó en Tijuana el
pasado 29 de enero, pero nunca los recibió. Motivo por el que solicitan su
destitución y a la par requieren una audiencia con la Procuradora General de la
República, Arely Gómez, para plantearle directamente de lo que consideran
omisiones y negligencia de parte de los funcionarios mencionados.
“Buscamos que se tomen las
medidas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y para que se
castigue a los culpables”, expusieron en un documento en alusión a las
peticiones del grupo, la mayoría jubilados del magisterio.
La tercera petición tiene que
ver con el necesario informe a los afectados del estado que guarda la
investigación y las diligencias realizadas.
“Las autoridades
insisten que hay que presentar las
denuncias, pero viene uno como ciudadano a presentar una denuncia de hechos y
resulta que no vemos acción, uno se desilusiona de las autoridades”, expone por
otra parte uno de los fraudados, el profesor Pedro Ambario, quien cometa que al
menos cuatro de los demandantes han fallecido en el proceso, y uno más se encuentra delicado de salud sin
que hasta el momento y después de tres años de las primeras demandas, hayan
logrado recuperar su dinero invertido en la Caja.
(SEMANARIO ZETA/ Foto: Sergio Haro/
Sergio Haro Cordero/ Miércoles, 15 junio, 2016 01:13 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario