CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la inseguridad y corrupción
son los principales problemas que enfrenta el país y son mayores que los
desafíos económicos.
Al dar a conocer su mensaje
semanal, la cúpula empresarial señaló que “ahí es donde hay que buscar las
causas del malestar que prevalece en amplios sectores, que opacan, recurrente y
justificadamente, todo tipo de avances en otras áreas”.
A los ojos de los ciudadanos
–comentó– la delincuencia, la corrupción y la impunidad son los mayores
obstáculos que enfrenta el desarrollo del país. 90% ve como frecuente a la
corrupción y 85% percibe que su ciudad es insegura, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ese juicio es equivalente al
prevalente entre agentes económicos y el sector empresarial, nacional e
internacional.
En los índices y rankings
internacionales, alertó el CCE, los factores más problemáticos para hacer
negocios son, consistentemente, corrupción, ineficiencia burocrática y crimen.
La vulnerabilidad de la competitividad reside en las instituciones del Estado
de Derecho: estamos entre los países con peor evaluación en el mundo en
desviación de fondos públicos o fiabilidad de las policías.
De hecho, los “datos duros”
son consistentes. Por ejemplo, el costo de la corrupción va de 2% a 10% del
Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con distintas estimaciones. Asimismo,
abarca 5% de las ventas anuales de las empresas.
Para el sector empresarial,
es urgente acordar y aprobar las siete leyes que son los ejes de la reforma
anticorrupción, la cual se dictaminará durante la semana en comisiones del
Senado de la República, además de ser votada en el Periodo Extraordinario de
Sesiones previsto del 13 al 18 de junio.
Según el organismo presidido
por Juan Pablo Castañón, se deben encontrar caminos para tener una Auditoria
Superior de la Federación con atribuciones que le permitan intervenir en
cualquier investigación en tiempo real; además de reforzar la figura de la
Secretaría de la Función Pública, los tribunales especializados y la fiscalía
especializada, realmente independiente y competente, que puedan investigar,
llevar a juicio y lograr la sanción a los corruptos, sin los problemas de ser
juez y parte.
El CCE fue más allá. Dijo que
un México más justo, debe contemplar necesariamente un nuevo pacto social de
respeto a la legalidad y un alto a la impunidad y la corrupción, con el
compromiso indeclinable de todas las instituciones del Estado, de los partidos
políticos, los ciudadanos y también los empresarios.
De hecho, el organismo ya
estableció cuatro mesas de trabajo conjuntas con la Secretaria de la Función
Pública para atender propuestas concretas que permitan combatir la corrupción.
En ellos se tocan temas como
agilizar y transparentar los procesos de licitación y contratación pública;
coordinar y promover conjuntamente códigos de ética, de conducta y de contacto
para el reconocimiento de las mejores prácticas en el trabajo entre empresas y dependencias
públicas y sus funcionarios.
Además pidió acelerar
acciones de simplificación, desregulación, digitalización de los procesos desde
los municipios en donde existe mayor probabilidad de corrupción, así como promover la denuncia ciudadana y seguimiento
de quejas.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Juan
Carlos Cruz / Proceso/ 2016-05-31)
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