CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres de los 43
estudiantes desaparecidos el Informe del “Caso Iguala”, sobre el estado que
guarda la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014
en aquella localidad de Guerrero.
Los acontecimientos en los
que fueron agredidos y privados ilegalmente de su libertad los jóvenes de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa “nos alertaron sobre
fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones
criminales en algunas corporaciones policiales municipales en la zona norte de
Guerrero”, reconoció la PGR.
En el documento, admitió que
el reclamo ciudadano ha sido contundente y que exige que los culpables sean
llevados ante la justicia, que se les siga un proceso conforme a derecho, se
les imponga el castigo que señala la ley, y por supuesto, se reparen los daños
a las víctimas.
La PGR hizo un recuento de
las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria, el 4 de octubre de
2014, hasta el 30 de abril de 2016, con el propósito de esclarecer los hechos,
determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los
responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.
Para comprender los hechos
del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el informe establece que “es
importante describir el contexto de delincuencia organizada” en el que tales
acontecimientos se presentaron:
El grupo delincuencial
autodenominado Guerreros Unidos tejió una red de complicidades, especialmente
en Iguala, en Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de
seguridad municipal.
Su penetración, señala PGR
sin dar nombres, alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de
gobierno, quienes recibían de manera regular importantes cantidades de
recursos; dinero que era destinado presuntamente, entre otras cosas, al control
de la policía municipal.
Dentro de una prospectiva de
la investigación, se investigará todos aquellos señalamientos de tortura y
tratos crueles, así como de posibles irregularidades en el desarrollo de la
indagatoria; y de existir elementos, éstos no quedarán impunes.
El informe señala que desde
abril de 2015, se abrieron líneas de investigación sobre la posible
participación de la policía municipal de Huitzuco en el “Caso Iguala” y para
identificar y capturar a los restantes miembros de la célula criminal que
operaba en ese municipio. Esa línea, dice,
se está investigando.
Otra línea de la indagatoria
pendiente es respecto a un evento registrado la noche del 26 de septiembre
sobre la carretera libre México-Acapulco en la zona de Mezcala, hecho que fue
abordado el 27 de octubre de 2014. El 20 de diciembre del mismo año, las copias
certificadas de la indagatoria fueron incorporadas al expediente.
Según la PGR se solicitaron a
los integrantes del GIEI los datos de sus trabajos a efecto de estar en aptitud
de atender las recomendaciones formuladas a esta Institución.
Además, se agiliza la
tramitación de la asistencia jurídica internacional solicitada a las
autoridades de Estados Unidos para profundizar en la línea de investigación
sobre el llamado “quinto autobús”.
La PGR insiste en que en el
caso concreto, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrieron en un
contexto de inseguridad y delincuencia organizada en la zona norte de Guerrero,
donde se ubican los municipios de Iguala y Cocula.
En esa región, agrega, la
organización delictiva Guerreros Unidos tiene fuerte presencia que impacta en
la seguridad de los habitantes de aquella zona. Ese grupo, añade, rápidamente
cobró notoriedad debido a que se fue conformando con células de sicarios de un
perfil violento.
Aunado a lo anterior,
continúa la dependencia, Guerreros Unidos ha venido disputándose áreas de
influencia con otras agrupaciones delincuenciales y en su desarrollo ha tejido
una red de complicidades, especialmente en Iguala y Cocula; infiltrándose como
se investiga en diversas indagatorias penales, en los cuerpos de seguridad
municipales, proveyéndolos de recursos económicos y coludiéndose con diversos
servidores públicos de ese orden de gobierno.
La Procuraduría asegura que
el modo de operar contra sus enemigos, atiende a diversos factores,
principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que genera desmanes en su
territorio y que “calienta la plaza”.
Y advierte: “De darse alguno
de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la
libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía
municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e
inhumándolas, como ocurrió con los normalistas”.
(PROCESO / PATRICIA DÁVILA / 8 JUNIO, 2016)
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