México ha sido coto de caza
de la pederastia clerical. Con arrogancia e impunidad, los jefes de la religión
estadísticamente mayoritaria del país han desechado por siempre las fundadas
acusaciones de abusos sexuales practicadas por miembros de su gremio contra
niños y adolescentes.
Un depurado ejemplo clasista
de esa altivez protectora de hechos delictivos la ha dado en años recientes la
congregación de los Legionarios de Cristo, a quienes se les moteja como
“Millonarios” en virtud del segmento socioeconómico en el que se asentaron. A
pesar de las múltiples denuncias contra el fundador y caudillo de esa
agrupación, Marcial Maciel, los voceros y directivos se dijeron largamente
perseguidos y calumniados, e incluso importantes firmas comerciales
establecieron boicot publicitario a medios de comunicación que difundieran los
señalamientos contra el hasta entonces casi intocado religioso michoacano
siempre incrustado en la élite vaticana y protegido especialmente por Juan
Pablo Segundo, quien durante su paso por el papado mantuvo una inflexible
complicidad protectora de sus correligionarios dedicados a la depredación
sexual.
Ahora, caído en desgracia el
difunto Maciel, imposible el negar o pretender la atenuación de los cargos
contra quien en vida idolatraban, los legionarios han salido a la opinión
pública ofreciendo disculpas, aunque la estructura y la operación de esa orden
religiosa apenas parece ir en vías de ciertas correcciones y sin que haya
sometimiento a procesos judiciales de quienes al amparo del poder de las sotanas
cometieron actos delictivos.
Otro ejemplo evidente es el
del máximo jefe formal de la iglesia católica mexicana, el cardenal Norberto
Rivera, quien ha eludido con especial apoyo de los gobiernos federales panistas
las acusaciones hechas en Estados Unidos por víctimas sexuales de un sacerdote
mexicano al que, según esos señalamientos, el purpurado nacido en Durango ha
protegido con gran aplicación. En Los Ángeles se tejen acuerdos entre abogados
de esas víctimas y autoridades de la iglesia local para dar a conocer
expedientes de abusos sexuales protegidos por la estructura clerical, como
acaba de suceder en Chicago. De hacerse públicos esos archivos en la ciudad
californiana, el cardenal Rivera volverá a tener encima los reflectores
mediáticos y eventualmente la reanudación de acciones judiciales en su contra.
En Oaxaca también se ha demostrado la protección del arzobispo José Luis
Botello a un sacerdote que abusó sexualmente de medio centenar de niños y
adolescentes indígenas. ¿Podrá el papa Francisco, dar un paso justiciero
histórico, no sólo ante las Naciones Unidas, sino en especial en una de ellas,
tan agraviada en esos aspectos, como la mexicana?
Convertido en un eficaz
secretario de operaciones legislativas, el sonorense Manlio Fabio Beltrones ha
anunciado que a más tardar a finales del presente comenzará el procesamiento de
las iniciativas de leyes secundarias, sobre todo en materia de
telecomunicaciones, competencia y energía. El jefe de la cámara de diputados
dijo que Enrique Peña Nieto está muy interesado en que se le dé celeridad a
esos temas. Tal normatividad secundaria es particularmente delicada, pues en
ella se establecerán los detalles que permitirán la aplicación de los grandes
conceptos, de por sí muy polémicos, contenidos en las respectivas reformas
constitucionales. Las empresas dominantes en materia de telecomunicaciones,
Televisa y Televisión Azteca, por ejemplo, tienen multiplicado interés en
anular o suavizar clausulados que les son lesivos. Y el máximo interés nacional
está en riesgo en la letra chiquita, y no tan chiquita, que fuese aprobada en
el congreso federal para dar paso a la firma de peligrosos contratos petroleros
con avasallantes y desestabilizadores consorcios internacionales.
Salvador Manzur Díaz tuvo que
renunciar en mayo del año pasado a la secretaría de finanzas y planeación del
gobierno de Veracruz por su involucramiento en una red de utilización de
recursos públicos (sobre todo de Sedesol, dirigida por Rosario Robles) para
propósitos electorales. Manzur fue sacrificado luego que el PAN dio a conocer
audios y videos que demostraban mapachería electoral. Ahora Manzur ha anunciado
que en Veracruz será el delegado de Banobras, la institución encargada por
Enrique Peña Nieto a uno de sus primos, Alfredo del Mazo Maza, como premio de
consolación por haber declinado a buscar la candidatura priísta a gobernador
del Estado de México que, por razones tácticas, EPN hubo de conceder a Eruviel
Ávila. El “sacrificio” político, paga.
Podría llamársele “justicia
de conveniencia”, para usar el término que en razón de su horario, surtido y
ubicación (lo “conveniente” de estos) suele darse a las tiendas en cadena que
se multiplican por el país. Bueno es que se haya aprehendido a los presuntos
responsables de ataques incendiarios a establecimientos de la marca Oxxo en
Hidalgo y el Estado de México (veneros burocráticos de este sexenio), pero
parece que esas acciones se hacen por conveniencia política, pues tanta
celeridad y contundencia no se observan en la infinidad de casos criminales que
afectan a empresas o ciudadanos sin la relevancia de la red de nueve mil
tiendas Oxxo, pertenecientes a la poderosa embotelladora (y no sólo de
Coca-Cola) FEMSA, o a entidades federativas que no tienen paisanos en las
alturas del gobierno federal.
Y, mientras continúa la toma
federal de Michoacán, con el nombramiento de comisionados federales por cada
uno de los rubros gubernamentales, ahora en abierto desplazamiento de los
secretarios y directores estatales nombrados por el gobernador formal en vías
de extinción política, Fausto Vallejo (Gabriel O’Shea, actual director del
Seguro Popular, ex secretario de Salud del gobierno mexiquense, es el segundo
comisionado que llega a Morelia), ¡feliz fin de semana, con Lorena Martínez
designada como titular de la Profeco, desde donde seguirá buscando ser
candidata priísta al gobierno de Aguascalientes en 2016 (fue presidenta
municipal de la capital de su estado y diputada federal)!
(ZOCALO/ COLUMNA “ASTILLERO” DE JULIO
HERNANDEZ LÓPEZ/ 12 DE MAYO 2016)
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