Pobladores de la tercera edad en el
ejido Tenochtitlan, situado en Ocampo, Coahuila, aún esperan por que se haga
justicia y un tribunal agrario haga que la minera canadiense First Majestic los
indemnice por el uso de sus tierras. ¿Resolverá la Jueza a su favor?
Pobladores de Tenochtitlan denuncian
abusos de la empresa canadiense. Foto: Vanguardia
Ciudad de México, 17 de mayo
(SinEmbargo).– En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First
Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio
Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad
hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se
encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.
“La compañía ofreció 10
millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la
gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés Lomas, ex presidente
del Comisariado Ejidal de Tenochtitlan.
La comunidad de 36
ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, se encuentra a la espera de la
resolución de una sentencia del Tribunal Agrario del Sexto Distrito en Torreón,
que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al
menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.
Casi todos los lugareños han
servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre
sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado
sus aguas.
“Además, de devolver el
terreno. Ellos deberían de pagar por usar nuestros terrenos para entrar.
Hicieron un camino sin pagar un cinco y no conformes de ahí sacan las onzas de
plata, llega un avión los martes y miércoles y se las lleva”, dice Valdés.
Los ejidatarios demandan que
se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace
propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la
minera canadiense. El litigio lleva cuatro años.
“En general, es común que
haya grandes asimetrías durante los litigios por minería. En especial, por la
falta de información de las comunidades, pero también por lo onerosos que
pueden resultar los juicios”, relató Francisco Cravioto Lagos, investigador de
la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La empresa canadiense en el
2013 extrajo 4 millones 162 mil onzas de plata de tierras que aseguran les
pertenecen desde el 2006. Éstas fueron en primera instancia compradas por el
Grupo Peñoles a un particular de nombre Armando de Hoyos Galicia, quien las
explotó durante cuatro décadas.
“Él le vendió a Peñoles, y
después se hicieron varias compraventas hasta que llegó a First Majestic, lo
que pasa es que cuando de Hoyos le vende a Peñoles esa venta ya estaba afectada
por la resolución presidencial. Ya no le podía vender. Ya se había presentado
la solicitud para la dotación, la ley federal de Reforma Agraria establecían
que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya no se podían
hacer ninguna operación u enajenación del terreno”, explicó el abogado que
lleva el caso Juan Francisco Flores Gándara.
Desde el 2011 autoridades
ejidales demandaron a la Minera Encantada y a First Majestic Silver Corp,
subsidiaria y empresa, de forma correspondiente, por usurpar mil 300 hectáreas.
Tal como lo expone el expediente 290/2011.
“Nosotros esperamos que el
tribunal ordene que se vuelva a ejecutora la resolución presidencial en la
forma que se dictó y conforme al plano [en 1973]”, expuso Flores.
Los lugareños han trabajado
en la mina durante décadas. Sin embargo, esta actividad dejó de ser atractiva
para las nuevas generaciones del lugar, muchos de los cuales se han ido.
“Antes, el 95 por ciento de los ejidatarios trabajaban en la compañía, pero
ahorita ya sólo hay tres”, dijo Mario Valdés Lomas, quien también es
ejidatario.
La mina cuenta con diversas
instalaciones como un campamento y una pista de aterrizaje aledaña. Y de
acuerdo con un informe de la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados
Unidos (Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés) cuenta
con un abastecimiento de dos pozos de agua en el poblado El Granizo.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
El abogado Flores Gándara explicó que en
la demanda de los ejidatarios coahuilenses también se incluye la
responsabilidad de la Sedatu. Foto: First Majestic
Flores Gándara atribuyó a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –antigua
Secretaría de la Reforma Agraria– la permisión de las ventas de los terrenos en
un área correspondiente a los ejidatarios.
“Ellos permitieron la venta
de estos terrenos, aunque esto no se podía hacer. Y después en el 2009
volvieron a dar un área complementaria que tampoco es legítima”, explicó.
En ese año, la Secretaría
entregó un terreno de mil 300 hectáreas a los ejidatarios, pero en otra, área a
la zona donde fue delimitada originalmente las tierras que les proveyó el
decreto presidencial.
“Esos terrenos fueron una
entrega virtual. Una entrega de palabra. Llegó el Secretario y firmó un papel,
ya está. Pero cuando llegaron los ejidatarios resulta que ya tienen dueños, y
la otra es el campo de aterrizaje de la empresa”, dijo Flores.
Es por esta razón que, la
demanda además pide la nulidad de los documentos que ha avalado la Secretaría
por ser incongruentes con el decreto presidencial de 1973.
En junio del 2013, cansados
de no obtener respuesta por parte de las autoridades estatales, 14 ejidatarios
de la tercera edad decidieron cerrar el camino que pasa por sus terrenos hacia
la minera. “Estábamos buscando el diálogo”, recordó Valdés.
En cambio, la repuesta fue
para sorpresa de los locales que 40 policías estatales llegaran para abrir el
paso y consignaran a los presentes, quienes tuvieron que pagar 500 pesos para
quedar libres.
Después, el 16 de octubre de
aquel año, Valdés solicitó al Gobierno de Coahuila su intervención en la
comunidad para que la empresa extranjera pague por el uso del camino, las
tuberías de agua y una postería de luz que pasa por el camino. “A la fecha, no
hemos recibido respuesta alguna”, dijo el ex presidente ejidal.
DAÑOS AL AMBIENTE
El 13.5 por ciento del territorio
nacional está concesionado a mineras, de acuerdo con un estudio. Foto: First
Majestic
First Majestic utiliza una
planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso
que contamina el ambiente.
“Lo que hace el cianuro es
que disuelve los componentes de la tierra, separa el oro, de la tierra, pero
también de otros componentes sumamente tóxicos como el mercurio, plomo, cadmio,
y otros”, explicó Cravioto.
La mina adjudica que desde
que inició a utilizar cianuro en el 2011 su producción aumentó. “El cianuro
basta menos de un gramo para matar una persona. Y en esto , se utiliza en
metros y metros de ese material. Todo el material es extraído de la mina es
finamente molido, y después lavado, con infames cantidades de agua”.
Lugareños confirmaron que
temen por la contaminación del agua; los primeros que han mostrado síntomas de
afectación han sido los animales.
“La contaminación es una cosa
escandalosa. Si va alguien y se fijan en lo que ha hecho el cianuro de esta
mina es algo espantoso. Las aves que toman de esa agua y se mueren”, dijo
Valdés.
Asimismo, el proceso de
extracción a gran escala es un daño para el ambiente. En First Majestic la mina
cuenta con 800 metros de profundidad.
La remoción de los químicos a
cantidades profundas, también suponen contaminación, dijo Cravioto: “Si la
perforación es muy profunda porque estamos removiendo materiales que son
bastante peligrosos como son arsénico, sustancias ácidas, y materiales radiactivos.
Genera un daño permanente. Me refiero que no se quita en miles de años”.
“Eso sucedió con las minas
del Porfiriato en San Luis Potosí. Se hizo un análisis de la presencia de
materiales pesados en animales y las plantas en el área circundante a la mina,
y hoy 100 años después el 12 por ciento de las especies la siguen teniendo en
su cuerpo. Estos materiales nunca se degradan, pero pasan de generación en
generación”, expuso Cravioto.
FIRST MAJESTIC
Pobladores aseguraron que el agua ha
sido contaminada en Tenochtitlan. Foto: Vanguardia
La mina cuenta con 18
concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha
sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de
explotación.
“El caso de Ocampo no sólo se
caracteriza por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la
problemática, sino también porque en nuestro estudio es una de las minas que
más gana y que menos retribuye, como se muestra en el apartado fiscal de este
capítulo”, planteó un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México.
En el país, las minas deben
pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades desde la Reforma Fiscal que inició a
operar en el 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco
fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable, apuntó Cravioto.
“En otros países, los
impuestos se pagan por el valor del volumen extraído en boca de mina. Quiero decir
que se calcula cuánto se sacó, cuánto vale en mercados internacionales, y sobre
eso se saca el impuesto”, dijo el investigador.
La Alianza Mexicana contra el
Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año
por el concepto de estas utilidades. “No es nada, es lo mismo que vale la
suavicrema de la Ciudad de México. No se pagan los daños ambientales, a la
salud ni los que carga al Estado, porque será el que deba cubrir estos daños
con los impuestos de la gente”, dijo Cravioto.
Por ahora, el abogado de los
pobladores del Ejido de Tenochtitlan espera que la resolución de la Jueza
Marcela Gerardina Ramírez Borjón, resuelva a más tardar el próximo mes, las
indemnizaciones que los ejidatarios han estado pidiendo.
(SIN EMBARGO.MX/ Juan Luis García
Hernández /mayo 17, 2016 - 12:05 am)
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