Las primeras historias de
horror sobre la corrupción en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
comenzaron a circular en la primavera de 2013. Varios empresarios mostraban
asombro porque la exigencia abierta de “comisiones” para citas con altos
funcionarios o licitaciones, que llegaban a ser hasta de 40 por ciento. Dos
secretarios de Estado a quienes se les preguntó en ese entonces si habían
escuchado esos comentarios, dijeron que nadie, en absoluto, les había dicho
nada. Tres años después, las cosas han cambiado significativamente:
*Varios funcionarios, en
violación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
que en su artículo 47, fracción XIII, los obliga a excusarse de intervenir en
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta
el cuarto grado, participen de negocios importantes a cargo del erario, lo han
tolerado. Tanto, que a manera de ejemplo un conocedor político priista ironizó
sobre un Secretario de Estado: “Salieron muy buenos sus hermanos para el
negocio”.
*Hay funcionarios que
adquirieron propiedades con tasas de interés por debajo de la tasa del mercado,
lo que es delito. Uno muy cercano al entorno presidencial está terminando de
construir una casa en zona de las Lomas de Chapultepec, con un valor de mercado
superior a los 55 millones de pesos. Otro, hasta hace poco miembro del
Gabinete, se acaba de mudar a un departamento en Polanco donde las propiedades
superan los 40 millones de pesos. Tres ex funcionarios del Gabinete utilizaban
los helicópteros de las dependencias que encabezaban como vehículos para
transportarse en recorridos particulares o para ir a comer a sus casas.
*Un subsecretario fue
congelado por los indicios de que varias de las gestiones en que ha intervenido
carecieron de la transparencia esperada, pero no han podido tomar acción legal
porque no existen pruebas que permitan establecer un presunto delito. En Pemex
ya comenzaron los primeros ajustes por prácticas presuntamente corruptas, y
siguen apareciendo indicios de que las irregularidades y las ilegalidades
topaban en las más altas oficinas de la empresa. Funcionarios en otras áreas a
quienes se les han descubierto abusos que suponen beneficios económicos, sólo
han sufrido reprimendas, sin mayores consecuencias.
La corrupción es un fenómeno
inherente de los mexicanos. Pero a diferencia de otros tiempos, el fenómeno
está teniendo externalidades en la política y la vida pública.
Hasta las elecciones presidenciales de 2012,
si bien la corrupción fue un tema que voló sobre los candidatos, no fue tan
significativo en términos electorales como en las elecciones de 2015, las
federales y para el gobierno de Nuevo León. Los cambios en los intereses y
frustraciones del electorado, han llevado a varias empresas de opinión pública
a incorporar la corrupción como una de sus tres variables básicas en los
cuestionarios (además de la economía y la seguridad). El tema genera irritación
nacional y preocupación internacional.
En la reciente Cumbre
Anticorrupción en Londres, el Primer Ministro inglés, David Cameron, presentó
un documento de políticas públicas donde refirió que una de cada cuatro
personas en el mundo tiene que pagar sobornos para acceder a servicios
públicos, mientras que en México, una familia gasta el 14 por ciento de su
ingreso para obtener esos servicios a los que por ley tiene derecho. México fue
una de las naciones a las que más se refirieron diferentes ponentes, al ser
considerada rica en recursos naturales, con una economía sólida y que, sin
embargo, se encuentra en el grupo de las naciones con serios problemas en temas
de corrupción.
El respetado politólogo
Francis Fukuyama, quien hizo una presentación en la Cumbre, dijo que la
corrupción es el tema que definirá el Siglo 21, y que aunque una mayoría de las
naciones del mundo aceptan la legitimidad de la democracia y cuando menos
pretenden tener elecciones competidas, lo que realmente distingue un sistema
político de otro es el grado en que las élites gobernantes buscan usar su poder
en servicio del interés público o simplemente para enriquecerse ellos mismos,
sus familias o sus amigos. Este es un problema que pudiera encontrar ejemplos
en México.
La corrupción no es un tema
que tenga la más alta prioridad ni para el gobierno ni para la clase política.
La realidad en México es descorazonadora. La ventana llena de luz se dio con la
promesa presidencial de caminar hacia una Ley Anticorrupción y un fiscal
especializado en combatirla, se ha ido cerrando, no sólo por la ausencia de
fuertes andamiajes legales, sino por la complicidad de las élites.
Hace un mes se reveló que el
Diputado de Nueva Alianza, Bernardo Quezada, junto con su esposa y familiares
compraron propiedades entre 2004 y 2008 por más de 10 millones de dólares a
través de créditos a miembros del magisterio. En un día, se informó,
adquirieron seis departamentos mediante un pago en efectivo de 8 millones de
dólares. Él lo negó, pero no aportó pruebas que desmintieran los documentos
acusatorios. ¿Qué sucedió después? Absolutamente nada. El silencio de la clase
política fue equivalente a la complicidad. Y luego se dicen incomprendidos
cuando los acusan de corruptos.
P.D. En la columna “A Peña le
urge un perro”, publicada este lunes, se identificó incorrectamente al Primer
Ministro del Reino Unido como James Cameron, cuando el nombre correcto es David
Cameron.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 17/05/2016 | 04:00 AM)
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