CIUDAD DE MÉXICO,
17MAYO2016.- La extradición de Joaquín Guzmán Loera "EL Chapo" es un
proceso que aun está siendo revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
y dictaminará en los próximos 20 días. Sin embargo, la portada de un diario
confirma la salida del Chapo del país.
Acuerdo firmado entre ambos
países en 2001 posibilita compartir activos de cualquier delincuente si hubo participación
o colaboración en el decomiso. Aunque no se ha localizado la fortuna de Joaquín
Guzmán Loera, se tienen asegurados unos 27 inmuebles, 51 vehículos y más de 10
aeronaves.
Mientras algunos
especialistas en derecho internacional estiman que la probabilidad de que los
Estados Unidos de América se haga de parte de los bienes o fortuna del presunto
narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, depende de los acuerdos a
que éste último llegue con ese gobierno, existe un documento olvidado que posibilita
el compartimiento de bienes decomisados entre México y la Unión Americana.
Claro que si el hombre
reclamado por la justicia extranjera pacta, declarándose culpable y decide
voluntariamente señalar y entregar activos a sus juzgadores, la situación sería
más sencilla; sin embargo, no son muchos los bienes asegurados al líder del
Cártel de Sinaloa, y la mayoría están registrados a nombre de terceros, quienes
ya reclaman su devolución en territorio nacional.
También podría Guzmán Loera
dar una lucha jurídica contra la extradición y buscar permanecer más tiempo en
México, con la esperanza de ganar el amparo o fugarse de nueva cuenta, pero
tarde que temprano tendrá que comparecer ante las Cortes de Distrito que lo
reclaman al otro lado de la frontera.
os Estados Unidos de América
seguirán presionando para que en México se localicen todas las propiedades de
este capo y otros lugartenientes del grupo criminal del Pacífico, pues hasta
hoy, no existen indicios de la fortuna que la revista Forbes estimó al “Chapo”
en mil millones de dólares, y que le mantuvo por cuatro años consecutivos en la
lista de los multimillonarios mundiales.
Y es que ese documento
olvidado, que nadie cita cuando se señala que al gobierno norteamericano le
interesa el dinero de los narcotraficantes mexicanos, existe. Ahí está, vigente
desde hace 15 años.
Se trata de un acuerdo
firmado entre México y la Unión Americana para compartir bienes incautados
materia de delitos.
UN CHEQUE EN BLANCO
El 4 de septiembre de 2001,
durante la reunión del Grupo de Asuntos Legales y Narcotráfico, en el marco de
la XVIII Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, los procuradores
generales de ambas naciones firmaron el Memorándum de Entendimiento entre el
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de los Estados Unidos de América,
en materia de Compartimiento de Bienes Decomisados en Procedimientos Penales.
Se acordó que los bienes a compartir pueden ser activos de cualquier tipo: corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles.
Pero sólo tratándose de
bienes que hayan sido decomisados conforme a una resolución final e inapelable
de un tribunal u otra autoridad competente.
Rafael Macedo de la Concha
También se pueden compartir aquellos bienes declarados como abandonados por el
Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SAE), de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que cuenten con ratificación de la autoridad
judicial.
El Artículo IV punto 1 del
acuerdo detalla que “las Partes podrán compartir dichos bienes o el producto de
su venta, en parte o en total”, cuando se haya prestado asistencia en
investigaciones, procedimientos o acciones que hayan dado como resultado el
decomiso.
Las partes pueden hacer notar
el grado de cooperación y participación, determinando el gobierno que haya sido
asistido, discrecionalmente, el monto que se compartirá en reconocimiento de la
contribución del otro gobierno.
Así, los bienes que fuesen
compartidos por los Estados Unidos de América serán transferidos a la
Procuraduría General de la República
(PGR) o al SAE (SHCP), y los bienes compartidos por México serán
transferidos al Departamento de Justicia o al Departamento del Tesoro del
gobierno norteamericano.
El acuerdo bilateral entró en
vigor el mismo día que ambas partes lo suscribieron en Washington y podrá darse
por terminado el día que cualquiera de las partes lo desee, surtiendo efectos
seis meses después de notificarlo a su homóloga.
Hasta hoy no se ha hecho
pública su aplicación en algún caso en específico en las diversas detenciones
de narcotraficantes y aseguramiento de sus propiedades en operativos que
cuentan con la colaboración de ambos países.
Lo único que se ha hecho
patente es la presencia de agentes de la Administración para el Control de
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) durante algunas de las más recientes
capturas de personajes del crimen organizado en México.
FORTUNA
FRAGMENTADA
La inmensa riqueza de Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera no aparece por ningún lado.
El capo y su parentela vivían
con lujos, pero no se cuentan los mil millones de dólares. Ni siquiera de
pesos.
Y eso que en sus dos
recapturas, la de hace dos años en Mazatlán y la de hace cuatro meses y medio
en Los Mochis, en Sinaloa, han sido asegurados unos 27 inmuebles, 51 vehículos
y más de 10 aeronaves.
Si se toma en cuenta que el
entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció el
22 de febrero de 2014 que los Estados Unidos de América colaboraron para
recapturar en aquella fecha al “Chapo” Guzmán, estamos ante el escenario que
habla este acuerdo de compartimiento de activos.
Obvio, cuando los bienes sean
decomisados en definitiva.
El ex fiscal de la nación lo
declaró ese día:
“Esta coordinación fue entre
todas las agencias mexicanas de seguridad. Tuvo también colaboración, de la
información que se nos dio, de los movimientos que en el territorio
norteamericano se daban y con una colaboración muy plena, también, con algunas
agencias de Estados Unidos, fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible
(sic)”.
Además del poderoso arsenal
asegurado, consistente en 97 armas de fuego largas y 36 cortas, dos
lanzagranadas y un lanzacohetes, se enlistaron en los bienes incautados: 43
vehículos, 19 de ellos blindados, 16 casas y cuatro ranchos.
Las viviendas incluían
aquellas siete que estaban interconectadas a través de túneles al drenaje de la
ciudad de Culiacán, por donde Guzmán se escabulló de la milicia en esos
primeros días de 2014.
Luego, con motivo de la fuga
del sinaloense del penal de máxima seguridad del Altiplano (de la que no tiene
culpa el gobierno estadounidense) el 11 de julio de 2015 y las posteriores
investigaciones, la PGR, en voz de su titular, Arely Gómez, informó en octubre
siguiente del aseguramiento de 11 avionetas, siete inmuebles y ocho vehículos,
en los Estados de México, Puebla y Sinaloa.
Al ser recapturado el evadido
el 8 de enero de 2016, tras una balacera en la ciudad de Los Mochis y donde
volvió a recorrer el alcantarillado, al confirmar la noticia, el gobierno
mexicano ya no dijo que contó con la asistencia de agencias de seguridad de los
Estados Unidos de América, sino que buscó un discurso triunfalista en favor de
las instituciones federales del país.
PRESTANOMBRES
De los vehículos y residencias asegurados en
Culiacán los días previos y posteriores a la recaptura del “Chapo” Guzmán,
aquel 22 de febrero de 2014, los presuntos dueños a nombre de quienes se
encuentran los activos ya han ejercido su derecho de pelear jurídicamente su
devolución a través de los tribunales, obteniendo en algunos casos resoluciones
favorables.
Jannet Reno
Arely Adriana
Quintero Luna, ganó un amparo el martes 24 de mayo de 2016 en el Juzgado
Segundo de Distrito de Sinaloa, para que el director general del Instituto
Catastral del Estado de Sinaloa levante la inscripción del aseguramiento que
pesa sobre el inmueble ubicado en Calle Esteban Baca Calderón número 1958,
Colonia Díaz Ordaz, propiedad de la quejosa.
La misma mujer reclama la
orden dada el 18 de mayo de 2015 por el Ministerio Público Federal, al mismo
director de Catastro para cambiar el titular de la clave catastral del inmueble
ubicado en Constituyente Enrique Colunga número 1825, Colonia Libertad, una de
las casas con túneles al drenaje de Culiacán, según la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEITA/189/2014. Por su parte, Venancio Higuera Rocha obtuvo el amparo
del mismo juez para que la autoridad ministerial deje sin efecto el
aseguramiento de un automotor Mercedes Benz, línea G63 AMG biturbo, modelo
2013, color designo platinum magno, uno de los 43 vehículos afectos a la
indagatoria PGR/SEIDO/UEITA/029/2014.
La resolución fue confirmada
por el Tribunal Colegiado en Materia Penal en Mazatlán.
Alma Delia López Arredondo es
propietaria de otro ostentoso vehículo Mercedes Benz SL 63 AMG con valor de 2
millones 639 mil pesos, el cual reclama -en tercer intento- en un juicio de
amparo interpuesto ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán.
Otros de los inmuebles
asegurados en 2014 fueron facilitados por autoridades federales a guarderías,
grupos de rehabilitación de alcohólicos o adictos a las drogas, o simplemente
lucen abandonados.
Algunos se ubican en Calle
Constituyente Emiliano García número 1811, colonia Libertad; Calle Río Humaya
número 130, Colonia Guadalupe; Calle Puerto de Veracruz número 1647, Colonia
Vallado Nuevo; Calle Javier Mina número 1126, Fraccionamiento Los Pinos; y
Calle Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas
de Sanmiguel; todas en Culiacán, Sinaloa.
Otros bienes asegurados, pero
entre 2015 y 2016, se localizan en el municipio de Almoloya de Juárez, en
Puebla; además en Navolato y Culiacán, Sinaloa.
Casas, camionetas,
motocicletas, cuatrimotos, avionetas, pista de aterrizaje y teléfonos
celulares, relacionados con la investigación de la fuga del Altiplano.
Revisan primera recaptura del
“Chapo” A casi seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer de un recurso
de revisión interpuesto por el presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán,
el asunto apenas regresó al Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de
Sinaloa.
Se trata de la revisión del
juicio de amparo que fue denegado por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo
Segundo Circuito al líder del Cártel de Sinaloa por los delitos federales
relacionados con su primera recaptura, ocurrida el 22 de febrero de 2014 en la
ciudad de Mazatlán.
El 27 de marzo de 2015, la
magistrada María de Lourdes Villagómez Guillón negó el amparo a “El Chapo”
Guzmán en contra de la confirmación del auto de formal prisión que le fue
dictado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de
cartuchos para arma de fuego, también de uso reservado para las Fuerzas Armadas.
El 10 de agosto próximo
pasado, el magistrado Alfredo López Cruz, quien elaboraba el proyecto de
sentencia del amparo en revisión y sus compañeros del Tribunal Colegiado Penal,
solicitaron formalmente a la SCJN ejercer la facultad de atracción.
Aunque inicialmente aceptaron
el asunto a trámite, los ministros del máximo órgano de justicia del país
determinaron a finales de octubre de 2015 que el recurso debe ser resuelto por
los colegiados.
Luego de una larga espera, el
martes 24 de mayo de 2016, el Tribunal Colegiado en Materia Penal con
residencia en el puerto de Mazatlán anunció en sus acuerdos:
“Se tiene por devuelto el
amparo en revisión 213/2015 y la resolución por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, en la cual se determinó no
ejercer la facultad de atracción”.
Por el momento se desconoce
si el expediente regresará a la ponencia del magistrado Alfredo López Cruz, o
será turnado de nueva cuenta para que se dicte el fallo correspondiente.
Redacción ZETA
(SEMANARIO ZETA/ FOTO: MARÍA
JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM / INVESTIGACIONES ZETA LUNES, 30 MAYO, 2016
12:00 PM)
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