EL PELIGRO DE LA VEDA TOTAL

El programa federal para limitar la pesca y proteger la vaquita marina y la totoaba ha resultado un fracaso. Las inconformidades surgen por todos lados y los únicos ganones han sido los permisionarios y pescadores piratas. Los más afectados -para variar-, los trabajadores de la cadena productiva, quienes denuncian acoso y hostigamiento patronal bajo la amenaza de eliminarlos del listado de apoyo. Mientras, vaquitas y totoabas siguen desapareciendo  

Golfo de Santa Clara.- El fantasma de la veda total para la pesca en el Alto Golfo de California se cierne sobre miles de pescadores y sus familias que durante años han sobrevivido de esta actividad, desde el puerto de San Felipe hasta El Golfo.

La veda podría darse debido a que el programa federal encaminado a proteger especies en peligro de extinción -como la vaquita marina y la totoaba- no ha funcionado como se esperaba.

El 16 de abril de 2015, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó en el puerto de San Felipe un acto para anunciar un ambicioso programa gubernamental encaminado a proteger a la vaquita marina, una especie que sólo habita en la parte alta del Golfo de California y de las cuales quedaban alrededor de 100 ejemplares.

El programa incluyó la ampliación de la zona protegida -de 126 mil hectáreas pasó a un millón 300 mil- y la compensación económica a los pescadores que paralizarían su actividad, así como a integrantes de la llamada cadena productiva.

Esto a la par de implementar una severa estrategia de vigilancia y la posibilidad -después de dos años- de retornar a la pesca con otro tipo de “artes de pesca” de redes.

Pero los resultados hasta el momento no han sido los esperados: La pesca furtiva de totoaba se ha incrementado -por la corrupción y la impunidad- y existen reiteradas quejas que los programas de vigilancia han funcionado a medias.

El programa de compensación económica ha generado críticas por la integración en el padrón de beneficiarios de familiares y cercanos a los titulares de los permisos de pesca; entre los integrantes de la cadena productiva critican a los dueños de empacadoras que los intimidan y explotan, amenazándolos de “quitarles los apoyos”.

Y la promesa de impulsar el uso de nuevas redes, o artes de pesca, no se ha llevado a cabo.

Todo mientras se denuncia la vertiginosa desaparición de la vaquita marina.

Hace una semana, Omar Vidal, director general de World Wildlife Foundation en México, publicó un artículo en el portal CNN, donde cita al Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), y estiman que los últimos censos de septiembre y diciembre muestran que sólo quedan alrededor de 60 ejemplares.

“Las vaquitas mueren en las redes de enmalle, un tipo generalizado de arte de pesca no selectivo que ha reducido seriamente a varias especies”, sostuvo el especialista y advirtió: “Seamos claros.

Como está la situación la vaquita, sólo puede salvarse si el gobierno mexicano prohíbe de inmediato e indefinidamente todo tipo de pesca en el hábitat de la vaquita, todo lo demás es sólo ilusión”.  

ACIERTOS Y DESACIERTOS

Con la concurrencia de cerca de 200 personas -pescadores, familiares, líderes- y con una treintena de ponentes entre especialistas, académicos, representantes de organizaciones, diputados federales y locales, funcionarios federales y municipales, el 20 de mayo se efectuó un foro para evaluar los resultados del programa federal de veda parcial, implementado hace 12 meses.

“El primer acierto que hay en este programa fue la compensación sustentable para el sector pesquero y que cuenta con sus permisos en regla”, sostuvo el sanfelipense Ramón Franco, presidente de la Federación de Cooperativas de Pescadores Ribereños “Andrés Rubio”.

Entre los desaciertos considera que no se ha dado continuidad a los proyectos para utilizar otras artes de pesca (redes) y poder tener claridad y certidumbre de lo que espera a los pescadores en un futuro inmediato.

“Estamos en una incertidumbre de no saber qué va a pasar después de abril de 2017”.

Foro en el Golfo de Santa Clara 

Al mencionarle lo errático de un programa que ha propiciado la pesca furtiva de totoaba y la continua localización de vaquitas muertas, Franco considera que falla la vigilancia.

Que con la veda y la salida del mar de cerca de 800 pangas que pescaban legalmente, el gobierno debió tomar medidas para frenar la pesca ilegal, pero no lo ha hecho.

“Ahí fallaron y hay que solucionarlo para que el año que nos queda, podamos lograr algo positivo”.

Carlos Alberto Tirado, dirigente de la Federación de Pescadores de la Reserva de la Biosfera, menciona como acierto que el sector pesquero de la región haya cedido a dejar la pesca comercial por dos años.

En los desaciertos incluye al CIRVA, que ha mencionado el escaso número de vaquitas que quedan en el Alto Golfo.

“Ese es un desacierto porque siempre se había culpado al sector pesquero organizado del problema de la vaquita y que ahora están parados.

Quiere decir que la pesca ilegal se está haciendo no por nuestros pescadores, ese es un desacierto porque hay una autoridad competente, la SEMAR (Secretaría de Marina), que debería de ver ese tema”.

Sunshine Rodríguez, de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, considera que no se han concretado la mayoría de las promesas ofrecidas desde el Gobierno de la República.

Muestra un documento emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales (SEMARNAT)  recién recibido y que viene en sentido negativo.

Se trata de un Manifiesto de Impacto Ambiental relacionado con las redes utilizadas para la pesca de curvina -permitida sólo seis semanas, en temporada de mareas- y que desde la dependencia, afirman que afecta no sólo a la vaquita; también a la totoaba.

“Ya nos estamos dando cuenta que, por donde le demos, el sector ambientalista no va a aceptar que nosotros regresemos al mar. Nos vamos a tener que poner de nuevo la camisa de la manifestación”, advierte el líder pesquero.

Explica que hace dos meses entregaron un escrito al Gobierno de la República, ofreciéndole 50 embarcaciones en San Felipe para rastrear y estar levantando todas las redes -utilizadas por los pescadores furtivos-, con lo que garantizaban acabar con la pesca ilegal.

Pescadores en el foro 

“Nosotros como pescadores sabemos dónde están, por dónde pueden estar pescando”, indica Rodríguez, y agrega que a la fecha no les han contestado.

El líder pesquero opina que sí hay un peligro real de que se pueda declarar la veda total en toda la zona del Alto Golfo.

“Es una amenaza latente y esperemos que no llegue a eso, porque el pueblo se va a tener que levantar; en automático San Felipe y El Golfo”, asevera.

Sunshine expone que las organizaciones ambientalistas no sólo están protegiendo a las especies marinas, sino a las minas y “todo lo demás que no quieren ver”.

Insiste en que han entregado estudios al Gobierno de la República y pone el ejemplo de los realizados a los cuerpos de varias vaquitas marinas encontradas muertas, los cuales determinan que se habían ahogado, y tiene lógica -justifica-, ya que de haber comido pescados intoxicados con saxitoxina –por las mareas rojas-, los cuerpos se paralizaron y se ahogaron.

Además, enfatiza que no tenían marcas de redes agalleras. Además, comparte que ha trascendido que en la mina de oro -ubicada a dos kilómetros del mar- ha habido dos o tres derrames de cianuro, lo que ha seguido contaminando, de ahí la necesidad de regular su funcionamiento.

“Es lo único que estamos pidiendo, que hagan las cosas conforme a derecho”, sostiene el representante de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe.

HOSTIGADAS

“El problema aquí es que las personas que trabajamos más en el año son a los que nos han llegado menos recursos, y los que no trabajan les están dando más”, argumenta Aidé Armenta Domínguez, residente de este poblado y empacadora de una planta procesadora de mariscos denominada Real del Mar, donde laboran cerca de 63 personas.

Asegura que trabaja el control de calidad en productos de exportación, que le generaba un ingreso de 2 mil 500 a 3 mil pesos semanales, 10 a 12 mil pesos por mes.

Dice que cuando llegaron los recursos del programa de compensación, los “planteros” venían en una tabla de 4 mil, 6 mil y 8 mil pesos.

Que estuvo en pláticas con Ariel Arias Toledo, encargado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para elaborar las listas, pero a las empacadoras les asignaron un monto de 4 mil pesos mensuales, a su parecer, injusto.

Omar Vidal de WWF y Peña Nieto, en San Felipe el año pasado 

Y en el caso de las llamadas “changueras” -reciben las pangas con producto en la playa y les dan la primera limpieza- les están dando 7 mil pesos por mes, “El señor Ariel incluyó en ese paquete de ‘changueras’ a personas que, la mayoría, no lo son”, señala la mujer, y menciona a Carlos Tirado -líder de los cooperativistas-, quien organizó otra de las listas con inclusiones similares.

Aidé calcula que tan sólo en el padrón de El Golfo podría haber cerca de 300 “changueras”, en su mayoría familiares de permisionarios de pesca.

Denuncia además que algunos patrones -empacadores-, con la justificación de que ellos no están en el padrón de apoyo, se aprovechan de la situación y les presionan para que acudan a trabajar con menos salario.

“Ha habido amenazas, que si no te presentas y no trabajas, ‘te voy a dar de baja, te voy a reportar’, te van a quitar el trabajo y te van a quitar la tarjeta”, les han insistido.

Y como las trabajadoras no accedieron a un pago menor al que recibían, hace un mes el patrón cerró la planta.

De igual manera, Aidé detalla que en diciembre el mismo patrón trató de dividir a las trabajadoras, ofreció a un grupo que se fueran a San Felipe, donde les prometió mejor sueldo, estancia y alimentos, pero nunca les cumplió.

Del foro de evaluación, se queja que no se haya llegado a soluciones concretas:

“Nosotros lo miramos como una pantomima del gobierno”.

Otra trabajadora -que por temor a represalias pide el anonimato- declaró: “Nosotros estamos peor que todos”, en referencia a su situación laboral en otra de las empacadoras, Las Brisas, de Osvaldo Meraz.

Según la entrevistada, son hostigadas por el patrón, igual con la advertencia que les podría quitar la tarjeta del apoyo gubernamental:

 “Él dice que el apoyo es para él, que no le corresponde a nadie, que a él no le llego ningún beneficio y que tiene que sacar provecho, que la tarjeta es de él”.

LA ZONA DE ALTO GOLFO, RESTRINGIDA: SAGARPA

También, que las hace trabajar en la empacadora pero no les paga, sino que cuenta como su pago el dinero gubernamental que les entregan en la tarjeta.

De negarse, presiona para darles de baja del padrón de apoyo, de hecho hay al menos cinco empleadas que han sido eliminadas del listado oficial.

Aparte, no cuentan con Seguro Social y en caso de cualquier enfermedad, deben tratarse en el Centro de Salud.

Hilda Somoza es “changuera”, además, apoyaba en el descabece y a tirar la basura de la panga.

Se le pagaba en especie, con producto que luego ella vendía.

Trabajaban a destajo, sin un compromiso laboral específico, es decir, como agentes libres con los pangueros que aceptaran sus servicios.

“Lo que hicieron fue meter en la lista a los parientes de los mismos de las cooperativas”, afirma la trabajadora, para después acusar que los presionan para que apoyen en campañas de limpieza de las cooperativas, lo cual resulta irregular, pues esa parte no está contemplada en los lineamientos del programa federal. Somoza pone otro muy cercano ejemplo, el de su esposo:

 “Él trabajaba de velador; con el que le firmó (para entrar al apoyo), le pagaba 70 pesos el día. Iba y le limpiaba en la mañana su casa, le regaba, limpiaba el galerón, alimentaba a la perrita, recogía las heces, limpiaba su patio, le rastrillaba el frente, le lavaba las banquetas y por las noches le hacía de velador. Le daba 70 pesos diarios, dizque porque él le había dado el beneficio…”.

(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: SERGIO HARO /SERGIO HARO CORDERO /LUNES, 30 MAYO, 2016 12:00 PM)