Ciudad de México.- A un año y
8 meses de que elementos del Batallón 102 de Infantería matara a 22 personas
que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón,
en Tlatlaya, Estado de México, un juez militar dictó sentencia absolutoria por
el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos
castrenses que participaron en esta masacre; el único de los acusados fue
condenado a prisión por el delito de desobediencia, ya compurgó su pena. Para
organizaciones no gubernamentales este caso “se encamina a quedar impune”.
El Juzgado Sexto Militar,
dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia
absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los
siete elementos castrenses que participaron en la masacre de Tlatlaya ocurrida
el 30 de junio de 2014; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1
año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, informaron
este día 16 organizaciones sociales que han dado seguimiento al caso.
“El caso Tlatlaya se encamina
a quedar impune”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez,
Artículo 19, Freedomhouse, Fundar,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña “Tlachinollan”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD), entre otras agrupaciones civiles.
La sentencia a favor de los
militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el Estado de México
sólo pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, una de las tres
testigos de la masacre, quien para acceder al expediente debió promover un
juicio de amparo diverso “debido a la opacidad que subsiste en el caso”.
“La exoneración en el fuero
militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales
militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense
-dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles
y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más
graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, manifestaron
las organizaciones no gubernamentales.
Dijeron que esta
determinación es ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia,
la cual, agregaron, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que
muestran “una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.
En el tiroteo ocurrido en
junio de 2014, el Ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de
narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un
soldado resultó herido en el enfrentamiento. La investigación del Centro señaló
entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.
Los grupos civiles destacaron
las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que “como en
otros casos de graves violaciones a derechos humanos” ha fragmentado la
investigación integrando varias averiguaciones previas “y ha sido reticente a
investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar
involucrados en los hechos”.
Recordaron que el 2 de julio
de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que
se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones
que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir
delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas se solicitó que los
mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a
declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.
Sin embargo, las
organizaciones lamentaron que tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún
mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de
rendición de cuentas.
“La absolución en el fuero
militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman
a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que
perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez
González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la
Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información
del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad
del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”, dijeron.
Indicaron que la Comisión de
Derechos Humanos tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las
órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de
“abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus
operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos
términos a la privación de la vida humana.
“Pese a que la gravedad de
este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como
respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones
apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso”, lamentaron las
organizaciones.
Reiteraron que diversos procesos
continúan abiertos en el caso Tlatlaya:
“En la justicia civil federal
tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene
abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de
mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el
cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia
militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido
remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Las organizaciones
advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine
imponiéndose la impunidad “y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la
justicia sea exhaustiva”.
Reiteraron además la
exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden
que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre
Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser
indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer
cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben
consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe
ser el mínimo necesario”.
Poco después de la matanza,
la agencia norteamericana The Associated Press visitó Tlatlaya y escribió que
la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el Ejército
de los acontecimientos. Después de los sucesos, la Secretaría de Defensa detuvo
en gran medida la difusión de la información.
“En el momento de la matanza
de 2014, el Ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en
los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los
sospechosos”, dijo hoy AP en un despacho.
“En otro caso, el organismo
de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las
autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la
Policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades
describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos,
miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.
“El Instituto Nacional de
Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a
la información presentada por The Associated Press en octubre. La institución
estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de Estado
durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que
hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el
rancho donde se produjo el tiroteo”, agregó la agencia.
(ZOCALO/ Sin Embargo/ 30/03/2016 - 04:36
PM)
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