Un estudio de la Iniciativa Global
contra la Delincuencia Organizada Transnacional reveló que aún cuando los
cárteles mexicanos han incrementado la extorsión, el robo, y las amenazas en
contra de las empresas mineras en el país, hay evidencia de la colusión
deliberada entre las minas y los líderes del crimen organizado. El informe
también plantea que estas organizaciones criminales no sólo se limitan a
extorsionar a las empresas mineras, “sino también los propios trabajadores, que
tienen que pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos
lugares, esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación'”.
Ciudad de México, 30 de marzo
(SinEmbargo).– Las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de
drogas han incrementado la extorsión, el robo, y las amenazas a las empresas
mineras que operan en México y han propagado la violencia en contra de los
trabajadores y las comunidades en las que se encuentran instaladas estas
corporaciones, plantea un estudio de la Iniciativa Global contra la
Delincuencia Organizada Transnacional difundido este día.
“A pesar de que las
organizaciones criminales se benefician de la extorsión de las minas que operan
legalmente, también existe evidencia de la colusión deliberada entre las minas
y los líderes del crimen organizado”, expone el informe de la organización
titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América
Latina”.
El documento explica que tan
sólo en 2013, 12 empresas mineras ubicadas en el estado de Coahuila fueron
investigadas por sus posibles vínculos con el tráfico de drogas, así como el
lavado de dinero, evasión de impuestos, y el incumplimiento de las regulaciones
federales.
La Iniciativa Global contra
la Delincuencia Organizada llevó a cabo esta investigación documental y de
campo en América Latina entre febrero y diciembre de 2015, a fin de indagar los
vínculos entre el crimen organizado y la minería ilegal de oro, y para explorar
la manera en que este nexo, entre el crimen y la minería ilegal de oro, fondea
a los grupos criminales y terroristas, facilita el lavado de dinero y la
corrupción, desplaza poblaciones locales, acelera la destrucción del medio
ambiente y crea situaciones de explotación laboral, tráfico de mano de obra y
tráfico sexual.
La investigación documental
se centró en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua,
Perú y Venezuela. La investigación de campo se llevó a cabo también en Colombia
y Perú. Los investigadores de campo visitaron las zonas de minería ilegal de
oro y entrevistaron a expertos locales e internacionales, los mineros y los
miembros de las poblaciones locales afectadas por la minería ilegal de oro
La organización refiere en su
informe que México es el décimo tercer exportador de oro en el mundo. Dice que
en 2012, el país exportó 5.4 mil millones en valor de este metal.
Los mismos datos indican que
el crimen organizado “controla el derecho a realizar esta actividad” en los
estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Los
principales cárteles de la droga que mantienen este control son los Zetas, Los Caballeros Templarios,
Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa.
El documento menciona que en
2012 la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que las
empresas mineras son extorsionadas regularmente por grupos criminales por
montos que oscilan entre los 11 mil y los 37 mil dólares mensuales para tener
derecho a operar en el territorio que controlan.
“Si estos pagos no se
realizan, los directores de las empresas, los miembros de sus familias, y los
propios mineros son amenazados”, plantea el documento.
Sin embargo, el informe
detalla que los grupos criminales mexicanos no sólo se limitan a extorsionar a
las empresas mineras, “sino también los propios trabajadores, que tienen que
pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos lugares,
esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación'”.
La Iniciativa Global contra
la Delincuencia Organizada Transnacional da cuenta del ataque violento que se
produjo en marzo de 2015 contra un pueblo cercano a la mina Los Filos del
Goldcorp, localizada en Mezcala, en Guerrero.
La organización dice que el
ataque “fue un recordatorio para pagar los ‘impuestos de cooperación'”.
Tras el ataque, menciona,
tres de los cuatro empleados de Goldcorp que habían sido secuestrados fueron
encontrados muertos, con signos de haber sido torturado.
El director de Asuntos
Corporativos de Goldcorp América Latina, Michael Harvey dijo el 17 de marzo de
2015 al diario El Sur, que “los empleados no se encontraban en la mina,
realizando negociaciones para la empresa o en un transporte provisto por la
empresa cuando se dio el incidente”.
Sin embargo, los familiares
de Juan Carlos Peña Celso de 21 años, Mauro Galicia Peña de 23 años y José Elí
Merino González de 28 años, culparon a la minera Goldcorp de la falta de
garantías de seguridad para sus trabajadores.
Ahora, el informe de
Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada menciona que los asesinatos
fueron “un recordatorio para pagar los ‘impuestos de cooperación'”.
En el estudio también se da
cuenta de que los cárteles mexicanos también roban oro. Menciona que de acuerdo
con estimados, entre 2008 y 2012, aproximadamente 3 millones de dólares en este
metal fueron despojados a las mineras.
Se refiere además de
“numerosos reportes” de robos a mano armada de minas legales. El más
notablemente, fue el de las 7 mil onzas de oro, con un valor de 8,4 millones de
dólares, que fueron robadas de la mina de propiedad canadiense El Gallo en
Sonora en abril de 2015.
También, agrega el documento,
hay informes de que los cárteles de la droga han atacado a los trabajadores
para robar mineral de oro, que luego se utiliza como moneda de cambio entre los
mismo cárteles, para la compra de armas, y para lavar el dinero obtenido a
través de estupefacientes, el tráfico de armas, trata de personas y otras
actividades delictivas.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / MARZO 30, 2016- 15:34H)
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