Los dos últimos presidentes de México
han seguido una política de “descabezamiento”, con la que atrapar a grandes
capos no frena la violencia. En los últimos tres años, nada ha cambiado en
comparación a 2016, simple y sencillamente se ha recurrido a una especie de
administración de los homicidios, las desapariciones, los muertos…
Ciudad de México, 2 de
febrero (SinEmbargo).– Si bien la Presidencia de Enrique Peña Nieto se
diferencia de la de Felipe Calderón Hinojosa por “matices” en la atención que
cada una ha dado al tema del narcotráfico, ambas administraciones, advierten
analistas, sostienen una estrategia de sólo “descabezamiento” de los presuntos
grupos del crimen organizado que en ningún caso ha estado acompañada de
persecución a las redes políticas y de lavado de recursos.
Un ejemplo, dice Raúl Benítez
Manaut, investigador del Centro de Investigaciones para América del Norte de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la inacción en México hacia
el ex Gobernador y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Humberto Moreira, detenido en España –una semana después
que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera– por presuntamente lavar dinero de la
organización criminal conocida como Los Zetas.
“No se quiere dar el golpe a las
redes empresariales y políticas. En Estados Unidos y España dicen que (Moreira)
tiene nexos con Los Zetas, y en México no se investiga eso”, dice Benítez,
también director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(Casede).
La constancia en la búsqueda
de los denominados “122 objetivos prioritarios” es otra evidencia de la
continuidad de esta política de descabezamiento y sólo “punitiva”, plantea
Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional en la
Universidad Iberoamericana. “Las estructuras del crimen organizado persisten,
las redes de complicidad no se han atacado; cada vez que hablan de la captura
de un capo esto no viene acompañado de un desmantelamiento de estas
organizaciones, de las redes de complicidad con las clases políticas,
empresariales; eso no se investiga”, dice.
Después de que el “combate
frontal” al crimen organizado dominó la agenda del Presidente panista Felipe
Calderón Hinojosa, el actual titular del Ejecutivo, emanado del PRI, marcó
distancia en el discurso y enfocó su Gobierno en la aprobación de las “reformas
estructurales”.
Así, en el arranque del
sexenio anterior, el 11 de diciembre de 2006, el Gobierno de Felipe Calderón
anunció el inicio de la Operación Conjunta Michoacán y envió cinco mil soldados
a esa entidad para “enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia
organizada”. Luego envió operativos similares a Chihuahua, Baja California,
Guerrero, Sinaloa, a la región denominada Triángulo Dorado [integrando por los
estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa], Nuevo León y Tamaulipas.
El resultado, de acuerdo con
un comparativo publicado este 20 de enero por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue un aumento casi imparable en la
violencia, sobre todo a partir del primer año de los despliegues militares:
2007 cerró con 10 mil 253 averiguaciones previas o carpetas de investigación
por homicidio doloso; 2008 con 13 mil 155; el año siguiente con 16 mil 118;
2010 con veinte mil 680 casos; 2011 con 22 mil 852 y 2012 con 21 mil 736
expedientes –con un número aún mayor de víctimas. En total, más de 104 mil
personas víctimas de asesinato.
Peña Nieto, en contraste,
también en el arranque de su sexenio, presentó la que denominó una “nueva
política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos” basada en
la “planeación”, la “prevención” y la protección a los derechos humanos, entre
otras líneas de acción dadas a conocer el 17 de diciembre de 2012, en la
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“El mandato ciudadano es muy
claro: Los mexicanos quieren un México en paz. Exigen respeto y protección a
los derechos humanos”, dijo Peña Nieto entonces, citando el nombre de la
primera meta de su Plan Nacional de Desarrollo.
“Nuestros objetivos
prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de
las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados
con homicidios, secuestros y extorsiones”, agregó.
LOS MUERTOS DE PEÑA
Homicidio doloso Secuestro Extorsión
2007 10,158 438 3,123
2008 13,155 907 4,869
2009 16,111 1,162 6,332
2010 20,680 1,222 6,113
2011 22,852 1,432 4,594
2012 21,736 1,418 7,284
2013 18,332 1,683 8,196
2014 15,653 1,395 5,774
2015 17,013 1,053 5,043
Cifras en miles de casos
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública.
EL MÉXICO VIOLENTO
El resultado de la guerra
contra el narco, de acuerdo con un comparativo publicado este 20 de enero por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue un
aumento casi imparable en la violencia, sobre todo a partir del primer año de
los despliegues militares: 2007 cerró con 10 mil 253 averiguaciones previas o
carpetas de investigación por homicidio doloso; 2008 con 13 mil 155; el año
siguiente con 16 mil 118; 2010 con 20 mil 680 casos; 2011 con 22 mil 852 y 2012
con 21 mil 736 expedientes ¬–con un número aún mayor de víctimas. En total, más
de 104 mil personas víctimas de asesinato.
El estudio difundido la
semana pasada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y titulado “Cifras de
homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2015, muestra
que esta intención se sostuvo sólo los primeros dos años, debido a que las
disminuciones registradas en el primer año de la administración –cuando los
expedientes abiertos por homicidio doloso bajaron a 18 mil 332 casos en todo el
país– y en el segundo –15 mil 653 casos– se revirtió el año pasado, al cerrar
2015 con 17 mil 13 casos. En total, según el documento recién difundido, 50 mil
998 casos entre 2013 y 2015; más de 11 mil 400 que los registrados en el mismo
periodo de Felipe Calderón (39 mil 526).
Lo anterior, más la
acumulación de violaciones masivas a los derechos humanos, como la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, que se sumó a alrededor de otras 26 mil desapariciones;
los casos de trata de personas y de feminicidio probablemente vinculados con
los operativos armados –como se argumentó en un juicio oral en Ciudad Juárez–;
y el aumento a riesgo mortal en profesiones como el periodismo, el Derecho, la
defensoría de derechos humanos e incluso los servicios de atención médica.
Esta persistencia en los
hechos violentos, de acuerdo con diferentes diagnósticos, así como la
continuidad del negocio del narcotráfico, muestran las limitaciones de la
actual política de sólo arrestar a presuntos jefes de las organizaciones
dedicadas a la producción, almacenamiento y transportación nacional e
internacional de drogas ilegales sin atacar sus intereses económicos ni sus
redes en los diferentes niveles de Gobierno.
Desde enero de 2015, estadísticas
de la Procuraduría General de la República entregadas a SinEmbargo indicaron
que los miles de asesinatos contrastaban con las cifras de procesamiento
judicial de los delitos atribuidos a la “delincuencia organizada”, como el
lavado de recursos de procedencia ilícita.
En ese sentido, las
estadísticas mostraron que entre 2006 y septiembre de 2014, el Gobierno federal
había iniciado mil 135 averiguaciones previas por presuntas operaciones con
recursos de procedencia ilícita y, del total, encontrado pruebas y presuntos
responsables en 257 casos; es decir, en un 22 por ciento de los expedientes
abiertos desde 2006.
En el análisis por año se
observa, además, una marcada tendencia a la baja en la investigación durante el
cambio de sexenio, ya que la apertura de averiguaciones por este delito bajó de
96 expedientes en 2012 a 23 en 2013 y a doce en los primeros nueve meses de
2014. Lo mismo ocurrió con las consignaciones, que bajaron de 25 a 15 en 2013 y
luego a cuatro en los primeros nueve meses de 2014.
En general, mostraron las
estadísticas, la investigación contra todos los delitos previstos en la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada registró una tendencia a la baja, al
pasar de dos mil 270 expedientes abiertos en 2012 a sólo mil 302 en 2013; es
decir, un 42 por ciento menos.
Ni aun Guzmán Loera, a quien
medios y autoridades identifican como uno de los líderes del cartel del
narcotráfico más importante del mundo, enfrenta cargos por lavado de dinero ni
aun por homicidio ante el Poder Judicial Mexicano.
Hasta la fecha de su segunda
fuga, en julio pasado, contra el presunto capo pesaban autos de formal prisión
por delincuencia organizada, delitos contra la salud y uno más por posesión de
armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército –fincado a raíz de la
captura en Mazatlán el 22 de febrero de 2014.
Los autos de formal prisión
se encuentran en las causas penales 50/2009, 206/2010, 65/2011, 364/2012 y
10/2014, en cuyas notas informativas se observa que hubo incluso acusaciones
que el Ministerio Público Federal no pudo probar, como su probable
responsabilidad en un delito contra la salud en la modalidad de posesión de
cocaína con fines de comercio fincado en julio de 2009.
“El Juzgado Quinto de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México informa que a las
14:30 horas de este día (25 de febrero de 2014), dentro de la causa penal
50/2009, dictó auto de formal prisión en contra de Joaquín Guzmán Loera o
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, como probable responsable en la comisión del
delito delincuencia organizada”, dice el reporte de la Judicatura.
“Asimismo, dictó auto de
libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley, al no
demostrarse su probable responsabilidad penal en el delito contra la salud, en
la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de
clorhidrato de cocaína”, agrega.
TRABAJO A MEDIAS
Desde los días posteriores a
la primera re-captura, en febrero de 2014, el Departamento del Tesoro del
Gobierno de Estados Unidos advirtió que “basado en ese éxito, la Oficina de
Control de Activos Extranjeros continuará enfocándose en las finanzas y
operaciones del cártel de Sinaloa”.
Entonces, el 27 de febrero de
2014, el Tesoro publicó una lista con 10 empresas presuntamente vinculadas con
las actividades criminales del cartel de Sinaloa; seis de ellas ubicadas en
Colombia y otras cuatro en la zona metropolitana de Guadalajara, región en
donde el Gobierno de Estados Unidos ubica a decenas de empresas que estarían
lavando dinero y contra las que el Gobierno mexicano no ha emprendido acciones.
(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto
febrero 2, 2016 - 00:00h)
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