CHILPANCINGO, Gro.
(Proceso).- La batalla que libran bandas criminales por el control de las zonas
de producción, trasiego y distribución de drogas ya involucra a funcionarios de
los tres niveles de gobierno y al Ejército, todos presuntamente coludidos con
el narco.
Los asesinatos de finales del
año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina
en el grupo Guerreros Unidos. Los mensajes van dirigidos contra policías
estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo
Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de
Los Peques, brazo armado del grupo criminal.
Y se mencionan nombres de
varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo
delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez
y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo
el mando de la Policía Federal.
Tanto Salado Chávez como el
exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por
el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por
sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
Por su parte, en el municipio
indígena de Zitlala, ubicado en la zona que conecta la región Centro con la
Montaña, se registró la primera masacre de este año en la entidad la madrugada
del miércoles 6.
Ese día, pistoleros al
servicio de la gavilla de Los Ardillos, que lideran los hermanos del perredista
Bernardo Ortega Jiménez, expresidente del Congreso local, irrumpieron en la
comunidad nahua de Quetzalcoatlán de Las Palmas, ejecutaron a seis campesinos e
hirieron a cuatro más, lo que provocó el éxodo de los pobladores.
Desde hace cuatro meses,
según testigos, los sicarios afincados en el vecino poblado de Tlaltempanapa
exigieron a las autoridades de Tlapehualapa, Quetzalcoatlán de las Palmas y
Tlalcozotitlán formar “guardias comunitarias” para cercar a Los Rojos, que
dirige Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y se refugian en el municipio de Mártir
de Cuilapan.
Las autoridades civiles y
militares se han limitado a observar la confrontación entre Los Ardillos y Los
Rojos. En los últimos tres años, ambos grupos han sembrado el terror en los
municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Mientras tanto, en Acapulco, las pandillas
que se disputan ese destino turístico reventaron la tregua navideña y
provocaron por lo menos 22 muertos.
Arcadio Castro Santos,
dirigente de la industria de la masa y la tortilla en el puerto, protestó el
viernes 8 por la ejecución de siete trabajadores debido a que los propietarios
de los establecimientos se negaron a pagar las cuotas que les exigían los
delincuentes.
LAS PURGAS
El 27 de diciembre
aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder
transportista de la zona Norte, Victorico Martínez López, y a otras personas
como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar”
a policías federales y ministeriales.
Dos días después, el centro
de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de
proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, líder de Los Peques, uno de
los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas;
también se difundió una foto con el rostro del Choky, supuesto brazo ejecutor
del Tilo, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en
el caso Ayotzinapa.
Fuentes oficiales consultadas
por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros
de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y
Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.
Según informó la agencia Apro
en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el
narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de
Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.
Los reportes oficiales
consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición
de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de
Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron
protección.
El año pasado, autoridades
del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la
existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde
de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.
La confrontación entre los
operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron
divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la
zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.
En “La Montaña Baja”, la
banda de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una disputa por el control de las
zonas de producción y trasiego de droga en Chilapa, Zitlala y Tixtla, municipios
que conectan la región Centro y La Montaña.
NADIE HACE NADA
A principios de mayo pasado,
decenas de campesinos armados se asumieron como “policías comunitarios” y
tomaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa con el apoyo del
Ejército y las policías estatal y federal. Su objetivo, dijeron, era alejar de
ese enclave a Los Rojos.
Por esas fechas hubo por lo
menos 30 desapariciones forzadas. Las familias afectadas incluso presentaron
denuncias contra el exdiputado perredista Ortega Jiménez, presunto brazo
político de Los Ardillos, a quien le atribuyeron las desapariciones.
El grupo criminal se
posesionó del municipio de Tixtla y obligó a sus rivales a replegarse a Zitlala
y al municipio de Mártir de Cuilapan, según los reportes oficiales consultados.
Los Ardillos pretenden expandirse a la zona del alto Balsas con el apoyo de las
policías comunitarias para cercar a Los Rojos.
Las autoridades municipales,
estatales y federales han dicho que tienen ubicados a los cabecillas de ambos
grupos, pero no los aprehenden, comentan los lugareños al corresponsal.
Dicen que el ataque del
miércoles 6 en Quetzalcoatlán fue la respuesta de Los Ardillos ante la negativa
de los comisarios a sumarse a ese grupo delictivo. Insisten en que las
autoridades de los tres niveles y el Ejército solapan las acciones de ese grupo
criminal cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de
Quechultenango.
Los indígenas nahuas
desplazados no se explican por qué las autoridades no atacan la comunidad de
Tlaltempanapa, refugio de Los Ardillos, desde donde presuntamente salieron las
“caravanas de la muerte” contra los habitantes de Quetzalcoatlán de Las Palmas
y Tlapehualapa.
El alcalde de Zitlala,
Roberto Zapoteco Castro, del PRI, demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores
cumplir su compromiso de enviar a tropas del Ejército a esta zona colapsada por
la narcoviolencia.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS/ 14 DE ENERO DE 2016)
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