Parece una broma lo que dice
el Gobierno mexicano sobre la vigilancia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el
penal de máxima seguridad del Altiplano. Ya no tiene una celda con puntos
ciegos, como estaban las cámaras cuando se escapó el 11 de julio. Los sistemas
de sensores térmicos y de movimiento están funcionando. Se le han restringido
las visitas –incluidas las de sus abogados–, y tiene vigilancia especial. Qué
bien. En 2012, cuando arrancó el nuevo gobierno, las celdas no tenían puntos
ciegos, todos los sistemas funcionaban y las visitas se restringían. ¿Cuál es
entonces la novedad? Lo que no se dice abiertamente: que su modelo
penitenciario fue un desastre. Tres años y la fuga de Guzmán después, finalmente
se dieron cuenta.
Pasaron dos comisionados,
Manuel Mondragón y Monte Alejandro Rubido que contribuyeron al colapso de los
sistemas de seguridad en los penales de máxima seguridad. El primero porque fue
quien modificó protocolos y procedimientos, acabó con los programas de
capacitación de custodios, dejó de pagar sensores, flexibilizó las visitas y
cesó el trabajo de contrainteligencia en las cárceles; el segundo, porque
cuando lo relevó poco después de la primera recaptura de Guzmán, no hizo nada
para restaurar lo destruido. Al contrario. Todas las peticiones de reparación
de equipo y fortalecimiento de protocolos –como el cambio de celda y de prisión
de Guzmán– que llegaron a sus subordinados en la Comisión Nacional de
Seguridad, fueron rechazadas. Su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, tampoco reparó en lo que estaban destruyendo sus
colaboradores.
Cuando ingresó Guzmán a
prisión, llegó junto con él una unidad del CISEN para vigilarlo. Fue un equipo
de unos 30 miembros del CISEN; hoy, dice el Gobierno federal, 35 personas lo
harán, lo que significa un número similar de personas a los que se habían
asignado antes. Además, dijeron las autoridades a la prensa, los custodios en
la celda de Guzmán, serán vigilados por el personal de seguridad, que tampoco
es nuevo, porque es lo que se hacía antes de que se fugara.
Hay mucha propaganda estos
días para mostrar a la opinión pública cómo se vigila hoy al notable criminal.
Este trabajo de relaciones públicas es una caprichosa paradoja que evocan los
hubieras: si todo eso no hubiera sido desmantelado por Mondragón, enfrentado
con negligencia por Rubido, o atendido por Osorio Chong, nadie hablaría hoy de
“El Chapo”. Pero tantos reflectores sobre la seguridad de “El Chapo” desvía la
atención de aspectos igualmente importantes. Por un lado, esconde la urgencia
de llamar a cuentas a los responsables de haber descuidado los sistemas y
procedimientos en los penales federales en 2013 y 2014, y que se olviden sus
ineficiencias.
El Gobierno insiste que
pagarán aquellos que por omisión facilitaron la fuga, por lo que se anticipa un
castigo discrecional. Los que ya están presos por ese presunto delito se
quedarán en la cárcel; para el resto, la gracia, el perdón y el olvido. La
displicencia con la que se trató al sistema penitenciario federal antes de la
captura de “El Chapo”, se mantiene ahora, pero con un ingrediente preocupante.
El nuevo esquema de seguridad de Guzmán repone los procedimientos que fallaron,
pero al mismo tiempo, violentan los criterios de operación en una prisión de
máxima seguridad que tienen que mantener los procedimientos para ser
certificado internacionalmente. Los considerandos internacionales de las
cárceles prohíben que personal ajeno al penal, patrulle los pasillos y las celdas,
como en la actualidad lo hacen militares. A esta fuerza anormal se añaden
perros entrenados para oler a Guzmán y probar cada alimento que llega a su
celda para evitar que lo envenenen.
La pregunta ante tal
despliegue es si más que demostración de músculo, lo que sudan es desconfianza
en sí mismos de sus procedimientos, protocolos y tecnología aplicada al penal,
y revelan temor de que no tienen la capacidad real para mantenerlo cuidado. El
utilizar perros que eviten un eventual envenenamiento de Guzmán, deja entrever
la desconfianza en su control interno de personal y las enormes dudas sobre
corrupción dentro del sistema, que al tener esa última puerta de seguridad
admite que ni los procedimientos ni los protocolos en el ingreso y manejo de
los alimentos en el Penal los tienen asegurados.
La síntesis del nuevo
ejercicio de relaciones públicas del Gobierno al dar a conocer la vigilancia de
Guzmán, es la contradicción clara de que siguen sin tener una idea en la
aplicación de los procedimientos y protocolos. Se repusieron aquellos que se
desmantelaron durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto,
y se instalaron nuevas medidas que rompen, paradójicamente, con los
procedimientos y protocolos internacionalmente certificados. Para vigilar ahora
a “El Chapo” se empalmaron los sistemas de una cárcel de máxima seguridad, con
algo similar a una cárcel del Viejo Oeste. La más alta tecnología combinada con
el trabajo artesanal es un destello de la falta de confianza en sus sistemas.
Lo que ha mostrado el
Gobierno a los medios sobre la seguridad en El Altiplano, parece una broma al
hablar de mecanismos, que de no haberlo eliminado en 2013 y 2014, “El Chapo” no
se habría fugado. Pero para el Gobierno, evitar que se vuelva a escapar el
criminal no es una broma, aunque enseñan claramente que la dolorosa curva de
aprendizaje por esa evasión, aún no terminan de completarla.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 21 DE ENERO 2016)
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