Las catorce personas
que fueron detenidas durante el conflicto del 17 de marzo en San Quintín,
siguen presas y en espera de que el Gobierno del Estado acepte una propuesta
económica que le hizo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI).
Juan Malagamba
Zentella, delegado en Ensenada de la CDI, dijo que han estado al pendiente del
trato que se les da dentro del penal y el contacto con sus familias.
Los implicados están
acusados del delito de robo calificado a lugar cerrado, en agravio a la tienda
El Reloj, en la delegación de Camalú, el día en que los simpatizantes del
movimiento de jornaleros bloquearon la carretera Transpeninsular.
"Vemos en el
diagnóstico que se necesita mayor presencia institucional para que los temas
sociales que vienen y abordan, que volteen a ver los altos niveles de pobreza y
marginación.
El asunto no ha
concluido y la prioridad es el tema salarial".
Aseguró que hay
varios señalamientos que no tienen sustento en términos de lo que ha resultado
el conflicto, como es la continuidad de los cultivos o que no haya trabajo para
los jornaleros.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Lorena Lamas / Fotos. Archivo ZETA/ 07 de Agosto del 2015 a las 11:40:13
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