Rodolfo Ríos
Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha
caído en contradicciones y la dependencia a su cargo ha filtrado versiones que
causan desconfianza en la investigación del multihomicidio de la Narvarte,
afirma Artículo 19. Foto: Cuartosocuro
Ciudad de México, 7
de agosto (SinEmbargo).– Tardó cinco días para acreditar que Rubén Espinosa
Becerril era periodista “activo” y colaborador de la revista Proceso y de la
agencia Cuartoscuro. Desde el domingo 2 de agosto, en reunión con directivos de
estos medios, y aun cuando ya era público que se trataba de un fotorreportero
amenazado en Veracruz, el Procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza desestimó la
profesión en el móvil del crimen porque no había sido asesinado, dijo, “durante
el ejercicio de su trabajo”.
Ríos parecía tener
claro desde el domingo, dice la reportera Daniela Pastrana, presente en la
reunión como directora de la Red de Periodistas de a Pie, que los crímenes a
investigar en la colonia Narvarte eran el homicidio, los cuatro femenicidios y
el delito de robo.
“Pero la línea
periodística no ha sido investigada”, agrega Pastrana, quien apenas el 9 de
julio, tres semanas antes del crimen, recogió en entrevista la denuncia que el
fotorreportero hizo del hostigamiento contra la prensa por parte del Gobierno
de Javier Duarte de Ochoa.
“No han estado
investigando las conexiones con Veracruz, las amenazas que fueron públicamente
denunciadas. Parece que el Procurador tiene una bola de cristal, porque desde
el domingo dijo casi la misma versión que se ha estado filtrando y que está
diciendo ahora el detenido (con antecedentes de robo por violación)… desde el
domingo sabíamos que por ahí iba”, comenta en entrevista.
El multihomicidio
cometido en el edificio ubicado en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, es
el crimen de más alto impacto que se ha cometido en el Distrito Federal en lo
que va de 2015. Se trató de cinco víctimas –un hombre y cuatro mujeres jóvenes–
golpeadas y asesinadas con arma de fuego calibre nueve milímetros, en el
interior de un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio
resguardado con doble puerta y visible desde varias cámaras de seguridad
instaladas en la cuadra.
Dos de los
asesinados, además, estaban en la ciudad en calidad de desplazados,
literalmente escapando del hostigamiento del que eran presa en el Estado de
Veracruz, donde Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, trabajaba como
fotorreportero especializado en cubrir movimientos sociales y la antropóloga
Nadia Vera Pérez, de 32 años, participaba en actividades de protesta y
resistencia ante la represión del gobierno que más asesinatos de periodistas
(14) ha permitido en los últimos cinco años.
Espinosa dijo
también a la reportera Shaila Rosagel, de SinEmbargo, que había una foto suya
del Gobernador Javier Duarte publicada en una portada de Proceso que sabía había
molestado al mandatario y que había sido comprada a granel en Xalapa. También,
que desde el 9 de junio estaba en el Distrito Federal porque había visto
personas tomándole fotografías afuera de su casa, también en la capital
veracruzana.
Nadia Vera, parte
del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana y de la asamblea
#YoSoy132, había sido víctima de actos de represión e intimidación también
desde 2012. El hostigamiento –golpes durante manifestaciones pacíficas,
allanamientos en su casa– fue tal que, en 2014, responsabilizado públicamente
al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de cualquier daño que pudiera sufrir ella
o alguno de sus compañeros. En una entrevista que dio al medio de televisión
por internet Rompeviento, la hoy víctima dejó incluso documentado su temor y su
denuncia contra Duarte en un video.
Pero todo este
entorno de amenazas no sólo no ha sido investigado. A seis días del crimen, si
algo ha caracterizado la investigación de la PGDF es la filtración de datos
que, consideran ahora organizaciones como Artículo 19, lo que buscan es
desestimar el móvil político.
“Manifestamos
nuestra preocupación ante la filtración de información que ha realizado la
Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, pretendiendo centrar la
investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones, dejando de lado
el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de
Veracruz”, dice el borrador de un pronunciamiento que prepara la organización.
La difusión
extraoficial de ciertos datos contenidos en el expediente de la PGJDF empezó
desde el domingo, cuando un medio policiaco publicó el primer nombre de la
testigo que encontró los cuerpos. Luego, periódicos nacionales publicaron que
la noche del jueves hubo una “fiesta” que se prolongó hasta la mañana del
viernes. Y, el lunes 3, la PGJDF dio sólo al periódico La Razón las primeras
imágenes del video captado por la cámara de la Secretaría de Seguridad Pública
ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempola, en las que se ve a tres
personas salir del edificio a las 15:02. Uno de ellos, enfatizó el Procurador
al repartir el video al resto de los medios, “se lleva el vehículo rojo
Mustang; otros sujetos que salen, salen con una maleta negra que se puede observar
lleva cierto peso”. El encabezado de La Razón ese día: “Video: fueron tres los
asesinos; robaron a víctimas y huyeron”.
Las filtraciones por
parte de la PGJDF fueron motivo de preocupación para Artículo 19 desde ese
mismo martes. En un comunicado, la organización –también conocedora de las
amenazas que vivía Espinosa– advirtió que, de no corregirse el manejo
informativo de la indagatoria, el Gobierno de la Ciudad de México “sólo
profundizaría la desconfianza y la incredulidad respecto de lo que pueda
resultar de la investigación”.
La cobertura
mediática del crimen que sacudió –otra vez– a la comunidad periodística
mexicana fue motivo de análisis también por parte del reportero independiente
Témoris Grecko, que el pasado 5 de agosto publicó el artículo titulado
“¿Fiesta? La de la PGJDF y los diarios La Razón y Reforma”.
En el texto, el
periodista citó las notas que aludían a la supuesta “fiesta” para plantear cómo
se trataba de borrar con “moralismo” la carga política del hecho, y recordó
cómo Ríos tergiversó desde el domingo el motivo por el que estaba Espinosa en
el DF, al decir que había llegado para buscar “oportunidades de trabajo” y no
refugio.
“Como si
estuviéramos en los años 60, el atentado sangriento y brutal contra una
activista y un periodista se quiso reducir a un reventón de muchachos que salió
mal. El Gobernador Javier Duarte había dicho: ‘pórtense bien’, pero ya ven cómo
son los jóvenes”, escribió Grecko.
“¿Se está realizando
una investigación seria, determinada, imparcial? Existe el temor fundado de que
no es así. (…) En público, Ríos Garza hizo lo posible por enterrar el hecho de
que Espinosa haya venido al DF huyendo del acoso y de que lo haya denunciado
ante quien lo quiso escuchar: ‘Tenía dos meses en el Distrito Federal donde buscaba
nuevas oportunidades de trabajo’, dijo Ríos Garza el domingo 2 de agosto”,
recordó Grecko.
“COLOMBIANA”
La identidad de las
mujeres víctimas ha sido también revelada sólo a través de medios
extraoficiales. En el caso de Nadia Vera, por el entorno de periodistas que
también eran amigos de Rubén Espinoza y que desde la noche del sábado supieron
que era otra de las víctimas. La identidad de Yesenia Quiroz Alfaro, de 18
años, fue sólo confirmada oficialmente por parte de la Procuraduría General de
Justicia de Baja California. Y La Razón, por su parte, difundió las identidades
de Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, y de Mile Virginia Martín, de
29.
El Procurador Ríos
argumentó el pasado miércoles que las reservas en la difusión de las identidades
de las cuatro mujeres víctimas obedecía a los protocolos de investigación del
delito de femenicidio, pero difundió edades, profesiones y nacionalidades,
entre ellas la de una mujer de 29 años que, reportó el comunicado oficial, era
“originaria de Colombia” (Martín).
Pero, de acuerdo con
la columnista Catalina Ruiz Navarro, también de nacionalidad colombiana, el
ocultamiento de las identidades de las mujeres víctimas por parte de las
autoridades de la Ciudad de México, el no nombrarlas, tiene más bien el propósito
de “invisibilizar los femenicidios”. Mientras, planteó la escritora en un
artículo publicado el miércoles en El Espectador de Colombia, la sola difusión
de que una de las víctimas tenía nacionalidad colombiana se perfila como la
salida que se dará al caso.
“A juzgar por la
información pública, todo indica que la colombiana será el chivo expiatorio de
este crimen horrendo. Ya se oye decir que fue ‘por drogas”, escribió Ruiz
Navarro en “La Colombiana de la Narvarte”.
“Si las principales
víctimas resultan ser Espinosa y Vera, esto se convierte en un ataque a la
libertad de expresión y tendrá un costo político altísimo; uno que no tiene el
asesinato de una colombiana ‘por puta y narcotraficante’. De hecho, la palabra
‘colombiana’ está usándose como eufemismo de prostituta. ¿Recuerdan cuando todo
el país se ofendió porque una comediante chilena nos dijo putas? A diferencia
de ese sketch, este asesinato no es una broma: tenemos una compatriota
brutalmente asesinada, estigmatizada por colombiana, desechable por migrante.
¿Por esto no hay escándalo?”, cuestionó en el texto.
Esta
estigmatización, agregó el comunicado enviado el 4 de julio por Artículo 19,
también es consecuencia del manejo informativo por parte de la PGJDF: “La
investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información,
desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su
nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos”.
“LEVE, PERO SÍ NOS DESVELAMOS”
A siete días del
crimen, la reconstrucción de los hechos no está clara ni para la PGJDF. De
acuerdo con datos publicados en la semana, la hoy testigo llegó el jueves por
la noche al departamento que compartía con Nadia, Yesenia y Mile Virginia
después de su jornada de trabajo en una dependencia del Gobierno federal. Fue
entonces, “la noche del jueves”, publicó La Razón, que la testigo “vio a sus
compañeras, quienes convivían con cuatro hombres, entre ellos el fotoperiodista
Rubén Espinosa. Sin embargo optó por irse a dormir y al siguiente día se
levantó y fue a su trabajo. Ella fue quien recubrió los cuerpos al volver al
departamento”.
El dato de que los
vio “la noche del jueves”, sin embargo, contrasta con la versión ofrecida por
el Procurador Ríos, que en conferencia el pasado martes dijo que Rubén y Nadia
habían llegado al departamento a las “dos de la mañana” del viernes.
“Llegan Rubén y
Nadia y un amigo de Rubén a las dos de la mañana al departamento; habían estado
en otro lugar”, dijo Ríos.
Según el mismo
Procurador, un testigo dice saber que hay un periodo en la madrugada en el que
Rubén sale del departamento y que luego vuelve, y que “posteriormente llega la
empleada doméstica; estamos hablando de las nueve de la mañana”.
El martes, el
Procurador también dijo que era a partir de entonces y hasta las tres de la
tarde –hora de salida de los tres presuntos responsables registrada en la
cámara de videovigilancia– el “lapso” en el que, trataban de determinar,
produjo el crimen. El miércoles siguiente, en conferencia de prensa, dijo que
este periodo iniciaba a las 12.
La PGJDF, sin
embargo, desconocía que el círculo cercano de Rubén, sobre todo el de los
periodistas, contaba con información de que todavía a las 14:13 horas de ese
viernes se encontraba con vida y sin indicios de peligro. Esto, debido a que,
entre 13:45 y 14:13, sostuvo con un amigo una conversación por WhatsApp reportando,
entre otros datos, que ya iba de “de salida a la calle”.
En esa misma
conversación, Rubén comenta que salió “con un compa y una amiga (Nadia Vera)” y
que se quedó en casa de ella. Ahí mismo, dice que la reunión “salió de la nada”
porque sólo querían comer, y agrega que fue “leve, pero sí nos desvelamos”.
LA MARCA VERACRUZANA
Fotografía de Rubén
por la que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa se habría molestado. Foto:
Proceso
El asesinato de
Rubén Espinosa cimbró a la comunidad periodística y de activistas de la Ciudad
de México desde el sábado, cuando se confirmó su identidad. Los organizados en
redes y colectivos que estaban en contacto con él, como Periodistas de a Pie,
Artículo 19 y FotorreporterosMx, difundieron desde esa noche un comunicado en
el que advirtieron la gravedad de que el crimen acabara con la idea de
“refugio” que esta capital representaba para varios periodistas perseguidos en
otras partes de México.
“Él ya había
denunciado amenazas, acoso y persecución. Habló con todos los colegas que
encontró a su paso y con sus empleadores, y recorrió redacciones y medios
alternativos y organizaciones de libertad de prensa para denunciar la imposibilidad
de realizar un trabajo periodístico en Veracruz, y el clima de violencia que lo
obligó a exiliarse y abandonar la vida que había construido en aquella entidad.
También el temor que tenía por los compañeros que en Veracruz se quedaban. Pero
la violencia de Veracruz lo alcanzó en el DF”, dijeron amigos y periodistas en
un comunicado enviado a través de diferentes redes.
La amenaza de que la
violencia contra la prensa que se vive en Veracruz pudiera llegar hasta el DF
quedó evidenciada desde abril de 2013, cuando la revista Proceso publicó que
tenía información para temer que funcionarios del Gobierno de Duarte, molestos
por un reportaje, estaban planeando atacar aquí al autor del mismo.
Desde entonces, el
16 de abril de 2013, Proceso publicó en su sitio electrónico una nota
reportando que parte del plan de los agresores era enfático en ‘tener cuidado
con las cámaras’ de Seguridad Pública instaladas en el Distrito Federal, donde
ya se encuentra ‘gente’ del Estado de Veracruz”.
El texto que detonó
este plan de ataque, agregó la Revista, fue sobre el homicidio de su
corresponsal en Xalapa, Regina Martínez, asesinada el 29 de abril de 2012.
“Hemos recibido
información sobre la presunta intención de funcionarios y ex funcionarios del
estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca
de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de Gobierno, de Seguridad
Pública y de la Procuraduría veracruzana, cuyo propósito era acordar acciones
hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en
torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el
mismo domingo 14”, publicó Proceso.
“Este semanario pudo
averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del Gobierno
veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y
Querétaro, para recabar datos relativos al periodista. Este martes 16, la
información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó
una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión
de hacerle daño en caso de que se resista”, agregó el medio.
Y, desde ese abril
de 2013, y como hizo Nadia Vera en 2014, la revista nacional responsabilizó al
Gobierno de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir “todo el
personal que colabora con este semanario en todo el país”.
Por eso, insiste la
periodista colaboradora de Proceso y fundadora de Periodistas de a Pie, Marcela
Turati, es importante que, aun cuando los datos de la escena del crimen
muestren que hubo otros delitos, también se investigue el entorno de amenazas
que vivía la víctima y se investigue el trabajo periodístico de Rubén como
probable móvil.
Esto, explica quien
ha monitoreado la violencia contra los periodistas de Veracruz en los últimos
años, porque el manejo de la investigación del crimen ocurrido en la colonia
Narvarte presenta los mismos elementos que presentó el asesinato de la
periodista Regina Martínez.
“Este crimen y cómo
se ha manejado coincide con el crimen de Regina Martínez, porque de inmediato
empezaron las filtraciones que apuntaban a que ella tenía una relación de algún
tipo con sus asesinos, que les abrió la puerta, que estuvieron conviviendo con
ellos en la noche, y al terminar un crimen tan terrible, el móvil fue un robo
–dice Turati. Nunca investigaron su trabajo periodístico”.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto / agosto 7, 2015 - 00:05h)
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