Una vez más el Ejército mexicano ataca a
civiles desarmados. Ahora, en Ostula, Michoacán, policías y militares
disolvieron a tiros un plantón. Un niño de apenas 12 años murió. El motivo del
bloqueo ciudadano fue la detención de Cemeí Verdía, líder de autodefensas que
combatía con denuedo a Los Caballeros Templarios, esos mismos que las fuerzas
federales no logran ver por ningún lado y a quienes incluso vitorearon mientras
disparaban contra la población indefensa.
XAYAKALAN, MICH. (Proceso).-
A un año de que se perpetraron las ejecuciones extrajudiciales de al menos 15
personas en Tlatlaya, Estado de México, tropas del Ejército son señaladas una
vez más por atacar a población indefensa, con saldo de un niño muerto y seis
personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años.
El contexto de la agresión,
el domingo 19, fue la dispersión de una protesta ciudadana por la detención de
Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la Fuerza Rural de la comunidad nahua de
Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, llevada a cabo por
soldados, marinos, policías federales y Fuerza Ciudadana (policía estatal).
Verdía tenía amplio
conocimiento en la región. Carismático, sobreviviente de cuatro atentados del
crimen organizado, fue recluido en el penal de alta seguridad de Nayarit,
acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y en
vísperas de que se confirmara el auto de formal prisión, por el mismo delito, a
José Manuel Mireles, ícono de las autodefensas michoacanas.
La consignación de Verdía
ante el Tercer Juzgado de Distrito en Nayarit y la confirmación del auto de
formal prisión de Mireles ocurren luego de una reunión de Enrique Peña Nieto y
el gobernador electo de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, el
miércoles 8, donde el michoacano sostuvo su rechazo a la existencia de las
policías comunitarias y autodefensas.
Confirmada la participación
del Ejército y la Marina en el operativo que dejó al menor fallecido, el martes
21 en Tlapa, Guerrero, Peña Nieto no dudó en reprobar a quienes “se empeñan en
manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas”.
Ese mismo día, a varios
kilómetros, en Michoacán, familiares y amigos del niño Edilberto Reyes García
lo velaban entre pancartas que exigían justicia.
Considerada por los
pobladores de la región indígena “una traición” de los gobiernos federal y
estatal, a la detención de Verdía le siguió una demostración de movilización
social al bloquear el paso a los cientos de soldados, marinos y policías
estatales y federales que participaron en el arresto, hasta que un impacto de
arma de fuego cobró la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, y dejó
herida a su sobrina de seis, Yeimi Nataly Pineda Reyes, así como a Edith
Balbino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, Horacio Valladares Manuel, José
Nicodemo Macías Zambrano y Melesio Cristino Dirzio.
TIROS “AL AIRE”
Testigos y sobrevivientes de
los hechos desmienten la versión difundida por el gobierno estatal y por el
mando especial para la Seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, de que los
militares habían hecho disparos al aire respondido a una agresión de los comunitarios.
Los supuestos disparos al
aire salieron de las mismas camionetas castrenses, confirma un comunero que
participó en el bloqueo, en entrevista con Proceso.
Tras pedir la reserva de su
nombre para evitar represalias, cuenta que, abastecidos con piedras y palos,
los comuneros se apostaron en el puente una vez que se enteraron de la
detención de Verdía, impidiendo el paso a ocho camionetas militares Cheyenne y
una camioneta blindada.
Cerca de las 16:00 horas,
narra, al punto carretero llegaron como apoyo “carros grandes, de los Mercedes,
camionetas blindadas de la Marina y dos autobuses de granaderos de la Policía
Federal. Los policías se pusieron con escudos y toletes entre los militares y
los pobladores durante varios minutos, hasta que alrededor de las cinco (de la
tarde) lanzaron gases lacrimógenos”.
El comunero, como muchos
pobladores, atravesó el puente, se apostó a unos pasos del restaurante hotel La
Costa de Michoacán y vio cómo pasaron las primeras ocho Cheyennes y la
camioneta blindada, pero en el segundo grupo de vehículos, se habla de unos 30,
vio a un policía federal.
“Estaba sentado en el último
lugar de la camioneta. Se me hizo raro porque no revuelven a los soldados con
los policías –cuenta–. Ese elemento sacó un arma corta de la cintura y disparó
unos cuatro o cinco tiros al aire luego se vieron las ráfagas de los soldados.”
El comunero describió lo
anterior a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
el martes 21. “No miento. Yo vi muy bien porque estaba sobre la carretera; no
había árboles ni maleza que me cubrieran. Cuando dispararon, yo me tiré al
suelo y vi todo. Los soldados dispararon a ambos lados de la carretera y no fue
al aire”.
Don Melesio Cristino Dirzio,
de 60 años, fue uno de los primeros heridos. Recibió dos rozones en la pierna.
José y Horacio fueron lesionados mientras huían. Delfino, de 17 años, fue
alcanzado por una bala cuando intentaba guarecerse en una miscelánea.
Otro comunero resalta que los
vehículos militares no se detuvieron pese a los gritos de dolor de los heridos
y de espanto de los pobladores. “Se cruzaron con un cortejo fúnebre, eran como
80 personas en unas camionetas, y les gritaron que se detuvieran, que había
balazos.
“Con un altavoz gritaron:
‘¡Arriba Los Caballeros Templarios!’. Los que acompañaban al muertito se
asustaron y dejaron pasar las camionetas. Cuando pasaron por aquí ya estábamos
levantando a los heridos”.
La fachada de unos cuatro
metros del restaurante hotel La Costa de Michoacán está marcada con 11 letras
que indican los impactos que dañaron el inmueble; siete se incrustaron en la
pared del fondo del local. Uno de esos tiros atravesó la cabeza de Edilberto e
hirió a Nataly y a Edith.
Edilberto, el menor de ocho
hijos de Miguel Reyes y Emilia García, llegó a refugiarse al restaurante donde
había dejado resguardadas a su sobrina Nataly y a otra pequeña, antes de pasar
a la miscelánea a comprar pañales. No libró las balas de los militares.
Emilia García expresa a los
reporteros su coraje y dolor por la muerte del menor de sus hijos por las balas
del Ejército, sobre todo porque la primera versión oficial sobre el deceso
alegaba que Edilberto estaba entre los manifestantes. Además exige la libertad
de Verdía, su compadre.
Acompañada de sus hijas, una
de ellas Ernestina, madre de Nataly, truena contra los soldados: “Yo sé que no
voy a ganar nada, que no voy a revivir a mi hijo, pero quiero justicia, que
digan la verdad, ¿qué delito cometió mi hijo? Manden a la chingada a los
soldados, nomás vinieron a matar a mi hijo”.
Cansada de llorar, la mujer
repite “fueron los soldados” cuando recuerda que desde su local, una palapa a
unos 150 metros, pudo observar el paso de los vehículos militares y cómo a
cuatro tronidos de pistola le siguieron las ráfagas.
Niega que la presencia de
tropas hayan significado para la zona seguridad, lo que, sostiene, sí se
advertía en los últimos dos años que Verdía estuvo al frente de la policía
comunitaria.
Los testigos recuerdan que
después de los hechos empezaron a recoger los casquillos percutidos de ambos
lados de la carretera. Algunos fueron recuperados por los visitadores de la
CNDH y otros los tiene la Fuerza Rural. Los calibres son 7.62 X 89, de FAL,
.223 y .9 mm, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y policiacas.
LA CAPTURA DE VERDÍA
Antes de los disparos, del
otro lado del puente, en el Duin, Germán Ramírez Sánchez, lugarteniente de
Verdía, discutió con quien se presentó como el coronel Samuel Nares Hernández,
responsable del operativo.
“Me dijo que pertenecía al 65
Batallón de Infantería, pero su uniforme clarito decía que era del 86 –cuenta–;
que venía de Coalcomán, pero sabemos que procedían de Morelia. También negó que
hubiera ordenado la detención del comandante Semeí, sino que ellos habían
recibido órdenes de acompañar a la Fuerza Ciudadana (policía estatal) para
hacer la detención.”
El 86 Batallón de Infantería
tiene sede en Acaponeta, Nayarit, en tanto que el 65 está en Coalcomán y fue
inaugurado el 24 de febrero de este año por Peña Nieto.
Nares no es extraño en
Michoacán. Formaba parte del equipo del exsecretario de Seguridad Pública
estatal, Alberto Reyes Vaca, quien estuvo al frente de la dependencia entre el
15 de mayo de 2013 y el 14 de enero del año siguiente. Nares fue nombrado
subsecretario de Prevención y Readaptación.
Según fuentes oficiales, las
tropas del 86 Batallón llegaron cuatro días antes a la zona indígena de la
costa michoacana “para la detención de Semeí Verdía”, en apego a una decisión
de los gobiernos estatal y federal tomada por lo menos dos semanas antes.
Maestro de primaria, Ramírez
Sánchez, nombrado por asamblea de pueblos el martes 21 con los mismos cargos de
Verdía, confía en entrevista: “En la sierra los malandrines celebraron
anticipadamente el arresto de Cemeí. Gritaban: ‘¡No que no se podía, hijos de
la chingada!’, y accionaron sus armas, ya sabían de la detención”.
Insiste en que la detención
fue una “traición”, porque las armas que portaba Verdía se las otorgó el
gobierno estatal y tenía las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa
y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Verdía no era el único
objetivo. También el comandante de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, de la
Fuerza Rural.
En entrevista, Zepeda resalta
que, en la víspera de la detención de Verdía, éste se comunicó con él para que
asistiera a una reunión en La Placita, convocada por el subsecretario de
Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta, para “validar las camionetas blindadas
que nos dieron a él y a mí, después de la última emboscada”.
“El subsecretario de
Seguridad Pública de Michoacán nos estaba pidiendo que le lleváramos las
camionetas blindadas a Morelia –añade–, supuestamente para que la nueva
administración viera dónde estaban. Cemeí les dijo que no, que iba a hablar con
unas personas de la nueva administración, no sé con quiénes, para que vinieran
a checarlas aquí. Me dijo que tenía que estar en La Placita a las 10:00, pero
por mi seguridad no le dije que no iba a ir.”
Verdía fue detenido mientras
almorzaba en uno de los puestos del centro del pueblo. Cuando los integrantes
de Fuerza Ciudadana llegaron, acompañados por la psicóloga cubana María Emilse
Arrue Hernández –que a instancias de Alfredo Castillo participa como
intermediaria con los autodefensas–, Verdía los invitó a almorzar. Un hombre alto,
moreno y fornido se acercó a saludar y de repente lo tomó por el cuello con el
brazo izquierdo y con la derecha lo encañonó con una pistola en el cuello. Los
dos escoltas que en ese momento acompañaban al comandante en la mesa fueron
sometidos por soldados que los tiraron al suelo.
De la detención el gobierno
del estado dijo en un boletín que Verdía fue detenido durante “un recorrido” de
prevención de delito, asegurándole “un fusil AR-15, calibre .223 milímetros,
con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles, un fusil AK-47, con un
cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un
arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con un cargador abastecido
con 12 cartuchos útiles”.
Para Zepeda, la detención de
Verdía es una evidencia de que “el Ejército está coludido con Los Caballeros
Templarios. Ellos saben qué armas tenemos porque ellos nos dieron los permisos.
¿Por qué no van a Apatzingán con los Blancos de Troya que hasta lanzacohetes
tienen? ¿Dónde están las armas que se robaron Los Viagras? Van contra la
comunidad indígena de Ostula porque no les generamos dinero. Nosotros sacamos a
los templarios y ahora el gobierno los quiere de vuelta”.
El trato de la Policía
Comunitaria de Ostula con el Ejército, la Marina y la Policía Federal (PF) no
ha sido terso.
En mayo de 2010, luego de la
formación de la organización en 2009, militares allanaron el domicilio donde
los comunitarios guardaban sus armas, para asegurarlas, y un convoy de la
Marina los desarmó, además de que, en diciembre de 2012, un grupo de la PF que
acompañaba por la región a miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad los abandonó a su suerte en las inmediaciones de Xayakalan. Fueron
secuestrados por hombres armados y Trinidad de la Cruz, líder comunitario, fue
torturado y asesinado. (Proceso 1646 y 1832).
Hijo de Diego Ramírez,
secuestrado, torturado y asesinado el 26 de julio de 2008 –el primero en la
lista de 33 líderes comunitarios indígenas ejecutados hasta la fecha, además de
seis desaparecidos–, Germán resalta que la comunidad tiene como pruebas
contundentes de la colaboración del Ejército y la Marina con los templarios “a
nuestros muertos y desaparecidos, hechos que pasaron enfrente de sus narices”.
Recuerda que cuando la
comunidad indígena se organizó para defender sus tierras de manos del jefe de
plaza del narcotráfico, Federico González, y del cacique Mario Álvarez, en
2009, “logramos que se instalara un retén de la Marina, pero en los últimos
seis años sólo han protegido a los delincuentes”.
La zona recuperada,
Xayakalan, “era un refugio de los malandrines, y los marinos no entraban a
detenerlos porque decían que era un terreno en litigio. Había gente armada que
entraba al pueblo y hacía desmanes, y ellos (los marinos) venían sólo a recoger
a los muertos.
“Cuando la última emboscada
al comandante Cemeí, pedimos apoyo a la Marina y al Ejército, que estaban
alojados en un inmueble asegurado a Felipe González, pero nunca llegaron.
Nosotros nos organizamos y perseguimos a los agresores por la sierra; fue un
enfrentamiento de cuatro horas, murieron cuatro de ellos, a nosotros nos
mataron a dos y nos hirieron a cuatro; y ya que todo había acabado llegaron
marinos y soldados a levantar los cuerpos”, sostiene.
Ante la actuación de las
fuerzas armadas, pide “que se vaya el Ejército de tierras indígenas de Ostula,
que se vayan los marinos, son unos flojos incompetentes que han dejado pasar 33
muertes y seis desapariciones en sus narices”.
(PROCESO /GLORIA LETICIA DÍAZ Y
FRANCISCO CASTELLANOS/ 30 DE JULIO DE 2015)
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