Les
pagan por extorsiones 33 millones de dólares a año
San
Salvador, El Salvador.- Por segundo día consecutivo, El Salvador enfrentó ayer
un escenario de terror impuesto por las temibles maras con un masivo paro
indefinido del transporte público que perjudica a millones de personas, para
exigir al gobierno que acepte negociar beneficios penitenciarios y
socioeconómicos a cambio de reducir la violencia, pero el poder Ejecutivo
rechazó pactar y amenazó con sacar al Ejército de los cuarteles y lanzarlo a
las calles a combatir a las pandillas juveniles.
En
la más grave crisis de inseguridad desde el final, en 1992, de 12 años de
guerra civil, el presidente Salvador Sánchez advirtió: “Si es necesario
desplegar la Fuerza Armada para patrullar las calles de San Salvador, lo vamos
a hacer. Es una Fuerza Armada que en ningún momento se va a prestar a
desestabilizar al gobierno, porque está formada en una doctrina de respeto a la
institucionalidad y respeto al poder civil”.
El
paro indefinido empezó el pasado lunes porque las maras Salvatrucha y 18 exigen
a los transportistas aumentar el pago por extorsiones o exponerse al asesinato
de sus choferes.
La
Asociación de Empresarios Autobuseros Salvadoreños (AEAS) informó que ese
gremio paga 33 millones de dólares al año en sobornos. “Somos las víctimas. En
el fondo las maras quieren presionar al gobierno a negociar”, comentó el
empresario Genaro Ramírez, presidente de AEAS.
Más
de 100 rutas salieron de circulación el lunes y ayer en la capital y otras
zonas. Las maras asesinaron a siete conductores en el primer día.
“La
nueva agresión de los grupos criminales (está) basada en el terror, el miedo y
el asesinato. No van a doblegar al pueblo salvadoreño”, alertó Sánchez, al
anunciar que con esos grupos criminales jamás negociará y se les va a
“perseguir y llevar a la cárcel”.
El
portavoz oficial Eugenio Chicas reiteró que el gobierno no pactará con las
pandillas. “No hay pactos con grupos de pandillas, no hay ningún tipo de
entendimiento” y lo que las autoridades de Seguridad harán es “profundizar los
planes de seguridad”, sentenció.
Las
maras, con unos 70 mil integrantes y que, incluyendo a parientes, superan el
medio millón de salvadoreños, pretenden que el gobierno reduzca el acoso
policial y militar en su contra, otorgue privilegios carcelarios a sus jerarcas
y beneficios socioeconómicos a sus miembros.
El
gobierno, que calificó a los mareros de terroristas, trasladó este martes a
jefes pandilleros a un penal de máxima seguridad y confirmó que la orden de
paro salió de las prisiones.
Los
pandilleros fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos
Hernández Mauricio, quienes se encontraban recluidos en el centro penal de la
localidad de Quezaltepeque (noroeste) y que ya se encuentran en el penal de
mayor seguridad del país en el municipio de Zacatecoluca (sureste). Ambos
pertenecen a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. También se anunció el
traslado de más reos —37 en total— a otras prisiones.
La
paralización recordó paros en la guerra entre el entonces guerrillero e
izquierdista (y hoy partido gobernante) Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y las fuerzas militares derechistas apoyadas por la
oligarquía y que dejó unos 80 mil muertos.
En
paz desde 1992, El Salvador contabilizó más de 50 mil homicidios del 1 de enero
de 1999 al 30 de junio de 2015 por violencia criminal.
Con
una rivalidad a muerte, las maras emergieron en la década de 1980 en las calles
de California entre centenares de miles de centroamericanos que emigraron a
Estados Unidos para huir de las guerras en Centroamérica y hace más de 22 años,
con su masiva deportación y hundidos en la marginación, se instalaron en
Guatemala, El Salvador y Honduras, donde han reproducido un aparato criminal
transmitido por generaciones.
(DOSSIER
POLITICO/Agencia AP/ 2015-07-29)
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