Todos están acusados de los
delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad
ajena y lesiones graves, delitos, que aseguran las organizaciones, son
fabricados.
Representantes de las
organizaciones el Ejido Nahua de Ayotitlán, de Cuatutitlán, Jalisco, del
Instituto de Derecho Ambiental, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos,
del Campo es de todos, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otras,
denunciaron que el pasado 22 de Julio del año en curso, mas de 500 personas
llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán,
Jalisco, donde se encuentra la empresa Peña Colorada. El objeto era la
realización de un recorrido para revisar que se estuviera cumpliendo la
suspensión de plano que un Juez otorgó, con la que se cancelaban los efectos de
las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y que permite a la
comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un
diferendo con la empresa.
La Comunidad Indígena Nahua
de Ayotitlán, se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco y colinda con el estado de
Colima.
“La empresa en complicidad
con el Gobierno del Estado de Colima instrumentó un operativo a cuyo frente iba
en persona el Procurador de Justicia del Estado de Colima, en el que se
detuvieron arbitrariamente al abogado defensor y 34 nahuas. En el mismo
operativo se agredió físicamente a los detenidos y a otras personas integrantes
de la comunidad, incluyendo a adultos mayores, niños, mujeres y jóvenes”,
sostuvieron las organizaciones en conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Este jueves, el Juzgado
Primero de lo Penal de la Ciudad de Colima, Colima, decidirá en torno al
dictado de formal prisión o el auto de libertad a favor de las personas
detenidas.
“De confirmar la detención y
dictar formal presión, por la gravedad de los delitos que se les fabrican, los
34 nahuas y el abogado defensor corren el riesgo de permanecer en prisión,
hasta que se resuelva el proceso, lo que puede durar años”, alertaron las
organizaciones.
Representantes de las
organizaciones defensoras denunciaron que a los 35 detenidos se les fabricaron
los delitos. Foto: Cencos
Adelantaron que ayer el
Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acudió a la comunidad de Ayotitlán
y se comprometió a buscar la liberación de los detenidos.
Sin embargo, advirtieron que
en distintas declaraciones ha sido reportado un intento de sus funcionarios por
ignorar la responsabilidad del Estado de Colima en estas violaciones de
derechos humanos, y buscar la deslegitimación de la organización que defiende
los derechos de la comunidad, tanto dentro de los procesos penales en su contra,
como de sus derechos de propiedad.
Mientras, diversos medios de
comunicación han informado que el Gobernador de Colima, Mario Anguiano, durante
una reunión con Sandoval, acordó la liberación de 33, de los 34 detenidos, sin
especificarse quienes serían los liberados.
Las organizaciones argumentan
que “no existen elementos para acreditar ninguno de estos delitos. La acusación
más burda se refiere al delito de secuestro. La compañía y la empresa Peña
Colorada sostienen que tres empleados de la empresa fueron secuestrados, por lo
que pagaron un rescate por catorce millones de pesos al ejido”.
Sin embargo, explicaron, la
comunidad de Ayotitlán ha acreditado mediante un recibo de una transferencia
bancaria, en el que la propia empresa señala que transfiere una cantidad de
catorce millones de pesos por el pago de rentas atrasadas, en base a Convenios
de ocupación temporal firmados con el comisariado ejidal en 1998 y el 2012.
“Los cargos de despojo
tampoco se encuentran acreditados ya que la comunidad no privó a nadie de
ninguna propiedad y se encontraba en sus propios terrenos. Tampoco existen
señalamientos concretos en torno a las personas que supuestamente dañaron
algunos bienes, o en torno al robo de cierto equipo de cámaras”, sostuvieron.
Por ello, denunciaron que lo
sucedido el pasado 22 de julio “fue un caso de detención arbitraria de
defensores de sus derechos y de violencia y daños a la integridad física de
toda la comunidad. Los daños a la integridad física han sido constatados por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien visitó a los detenidos y se
cercioró de las heridas que presentaban”.
Denunciaron además que el
proceso penal seguido en contra de los detenidos ha estado plagado de
irregularidades. Entre ellas, destacaron, se ha restringido el acceso a sus
defensores y familiares, y se ha permitido el acceso a personas extrañas
buscando manipular a los detenidos.
En esto contexto, los grupos
civiles exigieron que se libere de inmediato a los 34 indígenas nahuas
detenidos y al defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.
Así como el cumplimiento
inmediato y total de la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, del amparo
462/2013 señalado líneas arriba, que suspende los efectos de las concesiones
mineras, agua y descargas y autorización ambiental a la empresa Peña Colorado
en los terrenos de la comunidad, y garantiza el libre acceso de la comunidad a
sus tierras.
Aunado a la suspensión y no
emisión de ordenes de aprehensión y de detención en contra de los integrantes
del Comisariado Ejidal, y otros miembros de la comunidad, así como de los
defensores de derechos humanos que los apoyan.
Esta comunidad es un
referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su
usufructo sustentable. Las organizaciones detallaron que fue una de las
comunidades que apoyó la declaratoria de área natural protegida en sus tierras.
Pidieron también el
cumplimiento de la recomendación 122/95 emitida por la CNDH, respecto al
conflicto de limites y cumplimiento total de la resolución presidencial del
poblado.
La comunidad ha mantenido por
varios años con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.,
propiedad de Ternium México, diversas diferencias.
En el año 2013, la comunidad
interpuso un amparo, identificado bajo el expediente 462/2013, ante el Juzgado
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de
Jalisco, buscando el respeto de sus derechos de propiedad, posesión y disfrute
de las 50 mil hectáreas que conforman su territorio. Este Juez otorgó una
suspensión de plano que suspende los efectos de las concesiones mineras de la
empresa Peña Colorada y permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200
hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / julio 30,
2015 - 16:52h)
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