CASO CALERA: LAS SIETE NUEVAS VÍCTIMAS DEL EJÉRCITO

De nuevo el sinsentido: Siete civiles fueron torturados y ejecutados por militares en Zacatecas. Hay responsables con nombres y apellidos: el coronel Martín Pérez –amigo del secretario de la Defensa–, los escoltas José Manuel Castañeda, Víctor Manuel González, Juan Ordóñez… Pero aunque la Sedena reconoció los hechos, no explica por qué quienes deben defender a la población la matan, dónde está la responsabilidad institucional, o por qué constantemente sale a relucir el vínculo entre el narco y el Ejército. Aquí, por lo pronto, está la historia de este nuevo ataque, que revive a Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.

FRESNILLO, ZAC. (Proceso).- Precedido por la fama que ganó tras encabezar el operativo que en septiembre de 2011 permitió capturar en Michoacán al lugarteniente de Los Caballeros Templarios Saúl Solís Solís, el coronel Martín Pérez Reséndiz acabó con su carrera en el Ejército tras una serie de tropelías que llegaron al extremo de disponer de las vidas de siete civiles en el municipio de Calera.

De nada le sirvieron sus vínculos con los altos mandos militares ni su amistad con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, después de que familiares de los siete asesinados denunciaran la matanza, que volvió a desatar las críticas contra el Ejército y recordó los ataques de Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.

La desaparición forzada de personas y su posterior ejecución, así como sus presuntos vínculos con Los Zetas, son algunos de los delitos que se le imputarán a Pérez en el proceso que enfrentará desde la prisión militar de Jalisco donde está encarcelado, según divulgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tres comunicados, en una aparente estrategia para presentar el juicio como un castigo ejemplar.

El prometedor historial del coronel fue de más a menos en unos cuantos años. De hecho, su actuación ya lo había puesto en la mira de las instancias internas del Ejército desde meses antes de lo ocurrido el martes 7 en Calera. Esto último fue imposible de ocultar y Pérez acabó por contribuir a su caída, de acuerdo con lo que confirmó Proceso con distintas fuentes, entre ellas, algunas de la propia milicia.

Pérez llegó a Fresnillo unos meses después de ser ascendido a coronel, al frente del 97 Batallón de Infantería. Este grupo fue trasladado de Querétaro a Zacatecas tras las gestiones del gobernador Miguel Alonso Reyes, quien cabildeó una millonaria inversión (3 mil millones de pesos) para multiplicar las bases de fuerzas federales en el territorio estatal, que se disputan Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Pese a los nuevos cuarteles del Ejército, la Armada y la Policía Federal, la violencia no bajó. Al contrario. Activistas, académicos y periodistas comenzaron a denunciar que los operativos y otras “incursiones” dejaban tras de sí allanamientos, tortura, detenciones arbitrarias y desaparecidos, como de hecho ocurrió inicialmente con las siete personas que fueron sacadas de un departamento del edificio ubicado en la calle Francisco I. Madero 106, en Calera, y cuyos cuerpos fueron encontrados en dos fosas en Jerez a la semana siguiente.

Parte de la información que de manera extraoficial ha sido divulgada por algunos medios locales apunta a que los siete ejecutados (que aparecieron con numerosos signos de tortura) eran “sicarios del Cártel del Golfo”. Sin embargo, otros datos indican que por lo menos tres de ellos –dos adolescentes de 16 y 17 años y una mujer– eran integrantes de familias de jornaleros y habían trabajado en el campo en fechas muy recientes.

No sólo eso. Víctor Hugo, joven de 16 años, formaba parte de una numerosa familia de campesinos indígenas, los Cisneros Ramos, desintegrada en noviembre de 2013, cuando más de 50 de sus miembros –entre padres, hijos, sobrinas y nietos, adultos y niños– fueron desaparecidos en el lapso de pocos días en Calera.

Muchos de los desaparecidos en aquella ocasión eran analfabetos. Algunos no tenían actas de nacimiento ni fotografías. Testimonios de vecinos y conocidos refirieron la aparición de un convoy de la Policía Federal, pero nadie quiso denunciar.

Unos cuantos “levantados” reaparecieron tiempo después. Entre ellos estaban Víctor Hugo y su madre, Patricia. Ella fue la única que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pedir ayuda tras la nueva desaparición de su hijo, el martes 7.

Ricardo Bermeo y Cristela Trejo, integrantes de Zacatecanos por la Paz, explican la vulnerabilidad de niños o jóvenes como Víctor Hugo:

“Hay niños que vieron cómo se llevaron a su madre o a su padre, fueron testigos de homicidios en su familia, y al ver que no pasó nada o no tener medidas de acompañamiento, hay mucho resentimiento social. La mayor parte de estos casos de Zacatecas ocurre en la zona rural, donde no se está haciendo absolutamente nada, o no hay ni siquiera una denuncia”, acusa Trejo.

Este caso, abunda Bermeo, remite “sin lugar a dudas” al informe del Centro Pro sobre la masacre en Tlatlaya, la responsabilidad del Ejército y la opacidad del Estado para dar a conocer la situación.

En Zacatecas se suma un agravio: a los diputados locales “se les pasó el tiempo” para integrar la comisión estatal ordenada en la Ley General de Atención a Víctimas, lo que dificultará el apoyo y el resarcimiento.

DÍAS ACIAGOS

El lunes 20, dos semanas después de la desaparición de los siete en Calera, Patricia y otros familiares salían de las oficinas del delegado de la Procuraduría General de la República, Sergio Martínez, con la certeza que no querían:

“Ya los hallaron, ya están identificados seis, nos falta uno –lloró Patricia–. Queremos que nos ayuden, que metan a ese señor que se los llevó a la cárcel. No sabemos, no nos han dicho nada. Nada más que ya tienen al coronel (Pérez) Reséndiz encerrado, pero no sabemos si sea cierto o no. Vamos a seguirle hasta que haya justicia, que no le sigan haciendo daño a más gente. ¿Por qué no los entregó a algún lado, por qué les hizo lo que les hizo? Los dejó muy mal, no se les conoce por la cara, están como que los mataron de hace muchos días, tenían mucho tiempo tirados. Nomás encontramos casi la pura ropa de ellos. Sí había tortura, los raparon, les hicieron muchas cosas.

“Él (Pérez) se los llevó y ni la cara nos quiso dar. Si no tenía culpa por qué no salió; nomás cuando fuimos a los medios, y en la noche luego luego los hallaron. Pero ya los hallaron destrozados.”

El viernes 17, personal de la Procuraduría de Justicia Militar había arribado a Zacatecas para iniciar una investigación. El nombre del coronel del 97 Batallón de Infantería en Fresnillo no era el único que se mencionaba. En las horas siguientes, Pérez fue detenido y presentado en la 11ª Zona en Guadalupe. Fue interrogado junto con otros integrantes del batallón que participaron en el ataque.

El lunes el coronel amaneció en la prisión militar de Jalisco. Con él fueron encarcelados sus subalternos José Manuel Castañeda Hernández, capitán segundo de Infantería; Víctor Manuel González Alderete, teniente de Infantería, y el subteniente de Infantería Juan Ordóñez Prado.

Los tres formaban parte de la escolta personal del coronel. De hecho, los había mandado traer desde Apatzingán, donde los conoció y habían sido sus subordinados en el 51 Batallón.

Un ex militar que estuvo también bajo las órdenes de Pérez dice a Proceso que, a finales del año pasado o principios de éste, el coronel había recibido ya el aviso de que sería cambiado de adscripción. Reacio y apelando a sus “altas relaciones” pidió que lo dejaran en Fresnillo. Y, según esta versión, se le concedió.

“Con frecuencia, cuando nos hablaba en la plancha (el patio del cuartel) nos decía que el general secretario le había llamado para felicitarlo”, cuenta la fuente.

Pérez y el general Cienfuegos se conocieron en el Colegio Militar, cuando el actual secretario de la Defensa era director. “Sí había amistad, no sé si eran compadres como Reséndiz decía, pero de las familias sí. El general llegó a ir a la unidad y se llevaban muy bien”.

Proclive a colocarse bajo los reflectores mediáticos, Pérez era un asiduo invitado a los actos del gobierno municipal –generalmente invitado por el ex alcalde y diputado federal electo Benjamín Medrano. Reporteros locales afirman que les avisaba de los operativos “para la nota”.

Pronunciaba discursos en encuentros cívicos, impartía pláticas en escuelas, los ediles de la región se reunían con él en las instalaciones del batallón. Su esposa también protagonizaba actos y reseñas en la prensa, por sus actividades en el voluntariado del Ejército.

En un mensaje que ofreció a través de los medios hace unos meses, a propósito de los jóvenes tentados a acercarse a los cárteles, el coronel dijo esto:

“El Ejército no es correccional, para empezar. Puede suceder que algún joven esté mal ubicado, pero así, mandarlo al Ejército, es mandarlo a prisión. El Ejército ha cambiado, se ha transformado mucho. Yo tengo 35 años de servir a mi Ejército, la institución que me ha dado todo, y a lo mejor yo en su momento fui de un carácter rebelde, y aquí me formaron, me educaron. Pero he visto compañeros que han entrado en la situación que ustedes ponen, de que los papás ya no los pueden controlar, y lo único que han provocado es que ese joven tarde o temprano termine en prisión.”

Además de traer a sus escoltas, Pérez también se llevó a Fresnillo a su intendente, el capitán segundo Fausto Nájera Galán. “Él ya le sabía el modo al coronel y cómo se manejaba”, dice el exsoldado entrevistado.

Tanto él como otras fuentes castrenses relatan que “los manejos” de Pérez en operativos incluían entrar a domicilios particulares, y “su gente de confianza sacaba todos los aparatos, electrodomésticos, lo que podía”.

“YA SÉ DÓNDE LLORARLE”

La puerta del departamento en Francisco I. Madero 106 está abierta. El vidrio está quebrado muy cerca de la cerradura. En las tres recámaras hay colchones sin sábanas, volteados; ropa, papeles, zapatos, cosméticos regados por el suelo. Ni un televisor o aparato de sonido; sólo dos controles remotos tirados.

Los vecinos apenas hablan. Sólo dicen que casi no veían a los habitantes de esa vivienda porque la habían rentado apenas unos 10 días atrás; parece que andaban en malos pasos; saludaban bien.

La noche del lunes 6 ahí estaban reunidos, en una fiesta, Germán Martín García González, de 26 años, exmilitar del 97 Batallón; Víctor Hugo, de 16 años; Fernando José, de 17; Beatriz Fernández, de 27; María Alejandra Rocha Montes, de 18; Jorge David, de 17, y Guillermo, de 15 años.

A las seis de la mañana del martes 7, un destacamento encabezado por Pérez y sus escoltas cerró la calle con varios vehículos e ingresó al domicilio. Sacó a todos.

La esposa de Martín, que se había salido de la casa enojada por la fiesta, volvía cuando se dio cuenta de lo que pasaba e identificó plenamente al coronel, de acuerdo con la declaración oficial que rindió ante la Procuraduría de Justicia estatal y que fue turnada a la delegación de la PGR.

La voz corrió con rapidez; los familiares comenzaron a coincidir en las puertas del 97 Batallón –donde les dijeron que ahí no conocían a ningún coronel Pérez Reséndiz–, de la Zona Militar, de la Procuraduría local, del Servicio Forense y del Congreso. Nadie les dio razón.

Así, acordaron reunirse el miércoles afuera del departamento allanado. Llevaron carteles con las fotografías de los siete, llamaron a los reporteros y colgaron algunas mantas que ya consignaban el nombre del coronel del 97 Batallón como el de alguien que debía saber el paradero de los desaparecidos.

El jueves 16 fueron localizados cuatro: Germán, Beatriz, Fernando José y Guillermo. El reporte de la Policía Ministerial del estado dice que “un aviso por parte del sistema de emergencias 066” de Jerez, recibido cerca de las tres de la tarde del miércoles, informó que había unos cuerpos cerca de la presa El Tesorero, en el kilómetro 16 de la carretera Jerez-Zacatecas-Fresnillo, así como cuatro casquillos percutidos de pistolas 9 milímetros.

El sábado 18, alrededor de las seis y media de la tarde, personal militar de Jerez informó que sobre el kilómetro 2 de la carretera federal Jerez-Fresnillo, en un arroyo, estaban los otros tres: José David, Víctor Hugo y María Alejandra.

El martes 21, cuando las autoridades confirmaban, gracias a análisis genéticos, la identidad de los tres adultos y los cuatro adolescentes, algunos portales informativos difundieron dos videos, en los que se veía que algunas de las víctimas de la desaparición forzada eran o actuaban como integrantes del Cártel del Golfo. Aparecían interrogando a supuestos miembros de Los Zetas, a quienes después mataban y decapitaban.

Ninguna de las instancias oficiales involucradas en la investigación había confirmado, al cierre de esta edición, los supuestos antecedentes delictivos de las víctimas del Ejército, aunque una fuente allegada a la Zona Militar asegura a Proceso que el coronel Pérez allanó la casa de Calera y sustrajo a los siete civiles “para ayudar a Los Zetas a limpiar” la región de la presencia del Cártel del Golfo.

La hermana mayor de David narra a este semanario que el muchacho de 17 años había regresado a Fresnillo a finales de mayo para vivir con su mamá, después de un tiempo de estar con ella y su esposo. Años atrás, David ayudaba a su abuelo en el rancho que el anciano poseía y, después, cuando vivió con su hermana, le echaba la mano a su cuñado en la construcción.

Quería ser soldado o entrar a la Marina, recuerda su hermana. Todavía el lunes 6 la llamó para decirle que iba a Calera porque un amigo le había ofrecido trabajo en un rancho. “No sé quién, no conocía yo a ninguno de los que estaban con él en esa casa. Nunca los mencionó. Lo que dicen de él no coincide, no es el que yo conocí. Hablábamos mucho, me contaba sus cosas”.

“Tantos días de andarlo buscando. Todavía cuando aparecieron los últimos tres cuerpos y ya todo mundo decía que eran ellos, en la PGR me decían a mí que no era mi hermano. Luego que sí. En la hoja de defunción aparece que le dieron un disparo en el cráneo. Pero no me lo dijeron sino cuando tenía días de fallecido. La PGR nos dijo que la investigación la iba a tomar otro nivel, personas más altas. Y yo me quedo así, ¿ahora qué hago?

“Pero por una parte le doy gracias a Dios, porque hay mucha gente que no sabe si están vivos o están muertos. Yo ya sé dónde está, dónde llorarle.”

El día del sepelio de David, dos enviados de la Procuraduría Militar y la Defensa Nacional buscaron a los parientes de las siete personas asesinadas, con el propósito de acordar una indemnización. Se entrevistaron con ellos por separado.

La única petición de los emisarios de la Sedena, de acuerdo con lo que confirmaron algunos familiares, fue “ya no hacer más ruido”.

(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/ 30 DE JULIO DE 2015)