Es el programa estrella del gobierno
federal pero, al menos en Veracruz, desborda corrupción. Los funcionarios de la
Cruzada Nacional contra el Hambre piden “ayudas” a los más pobres, los vivales
defraudan a familias, la propia Sedesol ordena guardar los apoyos que urgen, se
documentan desvíos millonarios, se manipulan las listas de beneficiados, se
relega a gente en la miseria, se maquillan resultados, se “entregan” casas que
son una porquería, se venden viviendas que deberían regalarse, empresas
sancionadas siguen recibiendo dinero público… Los veracruzanos andan peor que a
su suerte.
ALTOTONGA, Ver. (Proceso).-
Las 74 comunidades localizadas en este municipio –ubicado a unos 70 kilómetros
de Xalapa, en la zona montañosa– están inscritas dentro de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (CNH). Todas necesitan ayuda, pero la corrupción impera entre
quienes deberían auxiliar a los más necesitados.
Cada persona que requiere
asistencia se presenta ante la coordinadora del programa, Mary González, esposa
de un exalcalde del PRI. Ella despacha en la cochera de su casa. El espacio es
ocupado por algunos escritorios, sillas y varias secretarias y brigadistas que
atienden a empadronados e integrantes de los comités comunitarios, creados para
informar de las carencias de cada pueblo. Muchos se quejan de que una vez que
entregan sus diagnósticos y listas, los recursos acaban en otras manos.
Un brigadista de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, que coordina el programa en todo el
país) atiende a un anciano. “¿Cuántas familias son en tu comunidad?”, le
pregunta. “Como noventa y tantas”. “¿Hay noventa y tantos terrenos?”, relanza
el empleado, “Sí. Y un lote baldío”, “Ése también anótalo. Pero hay que apoyar
al ingeniero. Ahí te lo encargo”, le pide antes de cortar abruptamente la
conversación ante la presencia de los reporteros y el fotógrafo.
“El ingeniero” es un conocido
operador político de la región de Altotonga que colabora con el priista Édgar
Spinoso Carrera, quien ahora – abanderado por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM)– busca una diputación por el distrito de Martínez de la Torre.
Esta escena exhibe parte del
desaseo, el desorden y la manipulación entre las diversas instancias que
manejan programas sociales, padrones y dinero de Sedesol, el gobierno del
estado y las alcaldías, en éste y otros municipios.
La opacidad en el uso del
erario es aprovechada por candidatos y funcionarios para hacer promesas, y por
vivales que cobran “apoyos” y se desaparecen con las sumas que les entregan los
habitantes con la esperanza de que ese pago les retribuya una lámina, un techo,
un tinaco.
La coordinadora Mary
González, quien dirige el proyecto no sólo para Altotonga sino también en Las
Minas, reconoce: “A mucha gente no le llegó (la asistencia). O llegó, pero el
beneficiario fue otro. Eso pasa mucho con los techos y los pisos. Los
integrantes de los comités comunitarios vienen a quejarse porque no los toman
en cuenta”.
Ella se entiende con
representantes de 185 comités comunitarios de Altotonga y 10 de Las Minas, que
participan en la elaboración de los dictámenes de carestías y registro de
posibles beneficiarios, pero desde 2013 ellos se quejan de los problemas que
hay con los destinatarios de la ayuda.
Adelina Salazar, del comité
de Magueyitos, refiere: “El año pasado metí a todo el poblado en el programa,
para que luego no me reclamaran que a unos sí y a otros no. Pero nomás llegaron
49 tambos grandes. Este año ni tambos ni láminas ni nada. No han entregado
nada, nos dicen que por la veda (electoral)”.
Para colmo, hace tres años
Adelina y otros vecinos de Magueyitos fueron estafados por un ingeniero que
pidió 700 pesos a cada familia para, supuestamente, registrarlas en el Fondo
Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi) “y comprometer la
construcción”. Reunió 17 mil 500 pesos de 25 familias y se desapareció.
(Fragmento del reportaje que se publica
en la revista Proceso 2009, ya en circulación)
(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA Y NOÉ
ZAVALETA/ 2 DE MAYO DE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario