Sólo en lo que va del sexenio, los
Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) han
firmado decenas de contratos con dependencias federales por alrededor de 2 mil
millones de pesos. Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan
impuestos, reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les
encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de tepetate
a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores estratégicos del
país, pero opera en la opacidad y el gobierno no muestra la menor intención de
regularizarlo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sin
control y sin ley, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de
México (Cusaem) asumieron desde el inicio de la actual administración la
vigilancia de inmuebles como la sede de la Secretaría de Gobernación,
instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear, e inclusive
la custodia personal de al menos una secretaria de Estado.
No pagan impuestos ni ofrecen
seguridad social a muchos de sus elementos que, portadores de armas largas y
vehículos blindados, se encargan de cuidar casetas de cobro –contratados por el
gobierno– en carreteras que desembocan en cruces fronterizos de entidades
militarizadas donde la violencia campea.
De norte a sur, los
diferentes grupos de los Cusaem vigilan casetas en Coahuila, Durango, Sinaloa,
Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y ya desde hace años resguardan las
garitas de varias autopistas en el Estado de México.
Custodian, entre otros
inmuebles, los principales centros hospitalarios de la Ciudad de México y el
centro del país, las oficinas de la banca nacional y los medios de comunicación
electrónicos del Estado. En total, cuidan las puertas de unas 50 dependencias
federales.
Los montos contratados con
las diferentes instituciones del gobierno federal ascienden a 2 mil millones de
pesos aproximadamente sólo en los dos años y cinco meses que lleva la
administración de Enrique Peña Nieto.
Su presencia en oficinas federales
está documentada desde las postrimerías del gobierno de Vicente Fox. Sin
embargo, comparando los ingresos que logró durante los últimos dos años del
calderonismo (300 millones) con los conseguidos en los dos primeros del actual
sexenio, se ve que los dividendos de los Cusaem se multiplicaron casi siete
veces, según se pudo cuantificar en los diferentes portales de información
pública.
Esto es un problema, porque
los Cusaem no tienen un régimen jurídico claro. La Ley de Seguridad Pública del
Estado de México no los menciona y los mandos de dicho grupo jamás han sido
llamados a comparecer al Congreso local donde, además, se ha rechazado toda
iniciativa para normarlos.
Hasta hace unas semanas, el
perredista Octavio Martínez Vargas presidió la Comisión de Seguridad Pública en
la Cámara de Diputados mexiquense. Desde que asumió dicho cargo solicitó
–mediante posicionamientos, puntos de acuerdo y peticiones formales– que se
organizaran reuniones, se rindieran informes y se reformara la Ley de Seguridad
Pública, a fin de incluir un capítulo que regule los Cusaem.
El legislador argumenta que
ese organismo “está embozado” en la ley y opera como empresa de seguridad
privada, pero con carácter público, por lo que obtiene armas de alto poder.
Sumado a ello no paga impuestos sobre los millonarios recursos que ingresa
–cuyo destino es incierto.
(Fragmento del reportaje que se publica
en la revista Proceso 2009, ya en circulación)
(PROCESO/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 2 DE
MAYO DE 2015)
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