La Empresa Exportadora de Sal
(Essa), aún propiedad del Gobierno federal y una de las más importantes del
mundo, está sumida en una quiebra provocada por malos manejos y que suma
desfalcos por 5 mil millones de pesos anuales, según una investigación de la
Auditoría Superior de la Federación. Para tratar de sacarla de sus crisis se
nombró a Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, uno de los involucrados en la
construcción de la polémica Estela de Luz en el Distrito Federal, como titular
de la Dirección de Administración y Finanzas.
Esquivel y Esquivel fue
contralor del proyecto de la Estela de Luz, monumento que por órdenes del ex
Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue construido en para conmemorar el
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana en
2010. La obra tuvo un presupuesto inicial de 393 millones de pesos, pero un año
después se disparó a mil 200 millones de pesos. Como otros funcionarios ligados
a esa obra, fue señalado por el delito de uso indebido de atribuciones y por
ejercicio indebido del servicio público (delitos que no son considerados como
graves).
Fundada en 1954 y ubicada en
la costa de Guerrero Negro, en Baja California Sur, el 51 por ciento de la
salinera es propiedad del Gobierno federal y el resto pertenece a la empresa
japonesa Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977
mantiene contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Pero, lejos de
generar una sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas
que produce esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar mundial, la
empresa registra desfalcos multimillonarios y está al borde de la quiebra.
La Empresa Exportadora de Sal, ubicada en Guerrero
Negro, Baja Califorina Sur. Foto: Especial
Ciudad de México, 8 de mayo
(SinEmbargo).– La Empresa Exportadora de Sal (Essa), fundada en 1954 y que está
ubicada en la costa de Guerrero Negro en Baja California Sur, atraviesa por una
crisis económica e interna provocada por malos manejos de sus directivos, que
suman un desfalco de 5 mil millones de pesos anuales, confirmó una
investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Miembros del
sindicato salinero también manifestaron su descontento ante estos actos que,
comentan, terminarán en la futura quiebra de la paraestatal.
Actualmente, el Gobierno
federal es dueño del 51 por ciento de Essa, el resto pertenece a la empresa
japonesa Mitsubishi Company, la cual, además de figurar como socia, desde 1977
mantiene contratos mercantiles de distribuidor exclusivo. Sin embargo, lejos de
generar una sociedad que reditúe lo equivalente a los 8 millones de toneladas
que produce esta empresa, y que la ubica en el séptimo lugar a nivel mundial,
por el manejo de los precios de venta, la empresa registra desfalcos por 5 mil
millones de pesos anuales.
A este hecho se añade que ya
bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía (SE),
dirigida por Ildelfonso Guajardo Villarreal, colocó el pasado 2 de enero en la
Dirección de Administración y Finanzas a Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel,
quien fue contralor del proyecto de la Estela de Luz, monumento que por órdenes
del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue construido en el Distrito
Federal para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de
la Revolución Mexicana en 2010. La Estela de Luz tuvo un presupuesto inicial de
393 millones de pesos, pero un año después se disparó a mil 200 millones de
pesos.
Jorge Guillermo Esquivel y
Esquivel, al igual que otros funcionarios que participaron en el proyecto de la
Estela de Luz, fue también señalado por el delito de uso indebido de
atribuciones y por ejercicio indebido del servicio público (delitos que no son
considerados como graves).
De acuerdo con los
testimonios de diversos trabajadores, que solicitaron no publicar sus nombres
por temor a las represalias que la administración actual ha ejercido contra
otros empleados –tanto sindicalizados como personal de confianza– que se han
manifestado en contra de las irregularidades en el manejo de la empresa, en
reiteradas ocasiones Esquivel y Esquivel ha manifestado su desinterés por la
paraestatal.
“Él ha dicho que la empresa
no le importa. Que tampoco importaba en el ámbito nacional, que los
trabajadores y los acuerdos del sindicato no le importaban, empezó a reducir
gastos de herramientas, de reparaciones, de mantenimiento de las áreas”,
comentó uno de los trabajadores; además, dijo, las afectaciones a la compañía
han impactado negativamente a la comunidad sudcaliforniana.
Empresa Exportadora de Sal,
al ser paraestatal, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por lo
que debe realizar acciones que correspondan a una empresa socialmente
responsable y participativa. Actualmente se maneja un fideicomiso con dinero de
propio y del ayuntamiento, una parte se destina al mejoramiento de alumbrado,
para la recolección de basura, seguridad, mantenimiento de escuelas y otros
servicios. “Esos apoyos están en riesgo si Esquivel y Esquivel se mantiene en
la administración […] Queremos su destitución; la relación entre la Dirección y
los trabajadores siempre había sido de respeto y armoniosa Ahora se quebró y
sabemos que las cosas no van a funcionar mientras esté el”, comentó otro de los
trabajadores.
El funcionario, además, es el
encargado administrar y fijar los precios de la tonelada de sal en la empresa
de Guerrero Negro.
Si se compara los precios
actuales en el mercado internacional con las cotizaciones que se fijan en la
salinera de Baja California, el resultado es que esos precios están castigados,
porque quien fija la cotización es –junto con la Dirección de Administración y
Finanzas, representantes de la SE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)– un representante estatal y Mitsubishi Company, socia del Gobierno
federal y que es dueña del 49 por ciento de la salinera de Guerrero Negro.
El precio, que ronda entre
los 10 y 15 dólares por tonelada métrica, no alcanza a cubrir los costos de
producción, además de que Mitsubishi, a pesar de comprar a mínimos precios,
puede comercializarla en la cantidad que desee, ya que de acuerdo con la
investigación de la ASF, las autoridades sólo validan el contrato de
exclusividad que no contempla la posibilidad de modificar los precios, además
de que se ha dejado de lado una política que supervise los precios de venta.
En este contexto, ni la SE ni
el Gobierno federal se han preocupado por mantener estable a la salinera, que
es la principal fuente de empleos de Guerrero Negro y que explota gran parte de
los recursos naturales de la costa Ojo de Liebre del municipio de Mulegé, donde
está ubicada.
Tras el contrato de
exclusividad mercantil establecido con la japonesa Mitsubishi Company desde el
año de 1977, que además tiene vigencia hasta el 2055 bajo los estatutos de
renovación automática por periodos sucesivos de 20 años, se han venido
generando condiciones que han deteriorado la competitividad de la venta de
Essa, más no de la venta de sal por parte de la japonesa a países como Canadá,
Taiwán, Japón y Estados Unidos.
Esto debido a que Mitsubishi,
a través de contratos sin firmas y que no son traducidos al español, o incluso
sin contratos de por medio, ha realizado ventas millonarias gracias a que por
negociaciones con funcionarios de la SE, de la Coordinación de Minería federal
y autoridades estatales han fijado precio a la tonelada métrica de sal; un
precio que no cubre siquiera los costos de producción, dicen los demandantes.
MÉXICO PRODUCE, JAPÓN FIJA LOS PRECIOS
Foto: Especial
Actualmente sólo Mitsubishi
Company puede comercializar la sal mexicana. Foto: Cortesía trabajadores de la
exportadora
La principal problemática
detectada tanto por los trabajadores como por la Auditoría Superior de la
Federación, que hizo una revisión de los ingresos por venta de bienes y
servicios, es el establecimiento de los precios de la tonelada métrica:
actualmente, la tonelada métrica de sal mexicana tiene un precio promedio de
10.39 dólares, mientras que el precio promedio mundial está en 50 dólares,
aunque en algunos países puede llegar a colocarse en 70 o 100 dólares.
El precio, establecido por
Mitsubishi Company y por autoridades nacionales, no cubre siquiera el costo de
producción de la cantidad vendida que es de 15.25 dólares.
Tras la investigación de la
ASF, iniciada por la inestabilidad y poca claridad en los precios de la
tonelada métrica es que se concluyó que el desfalco anual podría llegar a los 5
mil millones de pesos.
En 2013, Essa tuvo ganancias
totales por 16 mil 915 millones 310 pesos, pero desde ese mismo año el costo ha
sido inferior a los 15.25 dólares por tonelada métrica y ha llegado a los 10
dólares, registrando pérdidas por 438 millones 168 mil pesos, que es sólo el
equivalente a los costos de producción.
El Consejo de Administración
que fijó los precios desde 2012 estuvo conformado por dos representantes de la
Secretaría de Economía, uno de la SHCP y uno del gobierno de Baja California
Sur.
Los precios de los 26
contratos sin firma no coinciden tampoco; cuatro rebasan el precio, en diez es
menor y unos no establecen el precio.
De acuerdo con la Ley Federal
de Entidades Paraestatales es facultad indelegable del Consejo de
Administración –es decir, de Esquivel y Esquivel– fijar y ajustar los precios
de venta; sin embargo, por las condiciones de los contratos, esto ahora es
tarea de la empresa japonesa.
Por otra parte, aunque en los
últimos años la SE no ha realizado las tareas necesarias para verificar los
precios de venta de sal, en conjunto con
la Coordinación General de Minería, aprobaron los precios de venta para 2015;
se trata de 25 precios diferentes que van de los 11 a los 15 dólares, lo que
significa que en el mejor de los casos, el costo sólo alcanzará a cubrir los
gastos de producción.
El Anuario Estadístico de la
Minería Mexicana, establece que el precio preliminar por tonelada métrica es de
50 dólares. En Estados Unidos, el estudio Mineral Commodity Summaries (Resumen
de comodities minerales) de 2014 estimó un precio por 70 o 73.08 dólares.
En China, el precio por
tonelada métrica puede llegar a los 100 dólares. Para 2013, el precio promedio
fue de 17.50 dólares en Essa.
Esto, según la ASF, evidencia
que no hay una política que supervise los precios de la venta de sal, por lo
que insta a la SE a revisar y modificar los contratos vigentes con Mitsubishi
Company, que además es comprador único y desde que se iniciaron relaciones, ha
establecido las condiciones finales de venta.
Otro tema que ha facilitado
la variedad de precios y la facilidad para modificarlos es el de los contratos
de la sociedad Essa-Mitsubishi. En 25 de los 26 contratos vigentes no figura la
posibilidad de que el precio de la sal pueda modificarse o actualizarse, además
de que la ASF detectó ventas de 401 millones 175 mil pesos que carecían de contratos
y si llegaban a tenerlos, éstos carecían de firmas.
De 26 contratos mercantiles,
19 fueron elaborados en inglés y sólo 12 se tradujeron, lo que violó el manual
de políticas para la venta de sal; otros documentos están firmados por cuatro
personas de las que no viene el nombre. Lo mismo ocurrió con otros acuerdos en
el que vienen tres firmas de representantes de Essa, otras de gente de
Mitsubishi Company y una más de un representante del Fideicomiso de Fomento
Minero, aunque al igual que el anterior, el documento carece de nombres de los
firmantes y sus cargos.
DESMANTELAMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS
Foto: Especial
El Gobierno federal no ha
atendido las necesidades de la empresa estatal. Foto: Cortesía trabajadores de
la exportadora
De acuerdo con Alfredo Bravo
Olivares, académico en Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), se trata de un tendencia al desmantelamiento de grandes
bastiones económicos que son propiedad del Estado, “Ese tipo de acciones gubernamentales
se han convertido en un rompimiento con los intereses de la gente y con la
obtención de beneficios de unos cuantos”.
Desde su perspectiva, son las
características propias del patrón de acumulación, “lo que les interesa es
abrir los mercados de las industrias productivas y hacerse de los recursos que
las comunidades poseen y convertir en negocios de unos cuantos, actividades
productivas que son propiedad del Estado y que podían llegar a ser en
determinado momento, redituables. Ahora es el caso de la sal, pero es lo mismo
con el petróleo, la electricidad, que se trata de actividades altamente
redituables pero que el Estado entrega a los privados para que estos gocen de
los beneficios”.
Y es que de acuerdo con las
conclusiones de la ASF, el actuar de la Secretaría de Economía viola diferentes
leyes como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley de
Competencia Económica, esta última que establece como prohibidas las prácticas
que disminuyan, dañen o impidan la competencia y libre concurrencia en la
distribución y comercialización de bienes o servicios; también son considerados
como prácticas monopólicas aquellos contratos, convenios, procedimientos o
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda desplazar indebidamente a otros
agentes del mercado o establecer ventajas exclusivas a favor de una persona.
En el caso de ESSA, se puede
observar que se trata de la fijación de la comercialización y/o distribución
objetiva, la imposición del precio y las condiciones impuestas por el
distribuidor.
En 2010, un contrato
estableció que ESSA sólo puede establecer contratos con Mitsubishi Company,
cualquier otro contrato depende siempre de la distribución exclusiva
establecida.
Este mecanismo de
comercialización es el que establece que Mitsubishi Company puede establecer
contratos con terceros, aunque de acuerdo con gente de la empresa, esto
funciona como una camisa de fuerza y provoca insuficiencia operativa, además de
la pérdida de oportunidades de negocio que pudieran ser atractivas y beneficiosas
para ESSA.
Por otra parte, la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales establece que la empresa se debe
conducir conforme a objetivos de planeación nacional, que deben procurar una
gestión sana, eficiente y productiva, para generar más rentabilidad, mejores
beneficios económicos, sociales y de todo tipo que sean posibles para el
Estado, todo con ventajas a corto, mediano y largo plazos. Una situación que en
voz de los trabajadores y de documentos oficiales, no ha sucedido.
(SIN EMBARGO.MX/ Daniela Barragán / mayo
8, 2015 - 00:00h)
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