UN HISTORIAL CRIMINAL

Con antecedentes de ejecuciones extrajudiciales, el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que pertenecen los militares acusados de asesinato en Tlatlaya, ha sido consentido por Enrique Peña Nieto.

Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto inauguró las nuevas instalaciones de ese cuerpo militar en mayo de 2010, y a principios de este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo integró al operativo “Seguridad Mexiquense” que puso en marcha.

Instalado al sur del Estado de México con la misión expresa de combatir al narcotráfico en la zona, el 102 Batallón de Infantería ya se había visto involucrado en otros asesinatos de civiles. Al menos una docena de elementos están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes o protectores de la delincuencia organizada.

Medio año antes de la matanza en Tlatlaya, miembros de ese mismo batallón mataron a cuatro empleados del Gobierno Municipal de Arcelia, Guerrero, en la frontera con el Municipio mexiquense.

Aunque el hecho se presentó inicialmente también como un “enfrentamiento”, el 6 de diciembre de 2013 mataron en el poblado de Palos Altos, Arcelia, a Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal del Ayuntamiento.

Conocido como La Mona, Urióstegui era identificado por el propio Ejército como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, el “Mojarro”, líder del grupo delictivo La Familia en la región norte de Guerrero y sur del Edomex.

El 31 de marzo de este año, cuando el 102 Batallón ya era investigado por esa ejecución extrajudicial, y en medio de una crisis de inseguridad en el Estado de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el operativo “Seguridad Mexiquense”.

El Gobierno de Peña Nieto comenzó a informar de sus resultados y anunció la detención de más de medio millón de personas, aunque sólo 1% de los 579 mil 461 detenidos fue considerado como probable responsable de algún delito (Proceso 1963).

En su segundo informe, del 5 de junio, reportó que en Tlatlaya habían sido aprehendidas dos personas “que dijeron pertenecer a un grupo delictivo que opera en Michoacán”. Tres semanas más tarde, el 30 de junio, se produjo la ejecución extrajudicial en ese Municipio. A partir de entonces, el Gobierno Federal dejó de hacer propaganda sobre el operativo “Seguridad Mexiquense”.

LOS “CAZADORES CAMUFLADOS”

Como en el caso de Tlatlaya, en el de Palos Altos la SEDENA aseguró que había sido un enfrentamiento. Pero cuando se hizo público que entre los muertos de Arcelia estaban cuatro empleados de ese Municipio, se informó que había sido una confusión de los militares porque los asesinados eran cazadores que iban con uniformes de camuflaje. La ejecución provocó una movilización en ese poblado en contra del 102 Batallón de Infantería.

En ese tiempo, el “Mojarro” era el número dos de La Familia, grupo que desde 2009 se disputa con Los Guerreros Unidos el control territorial de lo que el propio Ejército define como “corredor de las drogas” entre el norte de Guerrero y el sur del Estado de México, en la frontera con Michoacán.

La Familia es una escisión de La Familia Michoacana, mientras que Los Guerreros Unidos constituyen una derivación de lo que fue el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuyo antecedente inmediato fue el grupo delictivo conocido como Los Pelones. (Proceso 1955.)

Hurtado Olascoaga quedó a la cabeza de La Familia tras la detención de José María Chávez Magaña o Martín Soto Chávez o Leobigildo Arellano Pérez, el “Poni”. Originario del Municipio michoacano de Tepalcatepec, uno de los bastiones que tuvo La Familia Michoacana, el “Poni” fue detenido en Pénjamo, Guanajuato, el 1 de julio, un día después de que fueron abatidos los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya por soldados del 102 Batallón de Infantería.

Tanto en la ejecución de Arcelia como en la matanza del 30 de junio pasado en Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha responsabilizado a militares de bajo rango.

En los hechos del municipio guerrerense, el Ministerio Público estatal ordenó la detención del sargento segundo Rubicel Acosta de la Cruz, el cabo Axael Sánchez Escalona y los soldados Hugo Emilio Esquivel Velázquez y Moisés Diego Martínez. Todos por el delito de homicidio. En esa ocasión, el Ejército no argumentó indisciplina ni desobediencia.

Por lo ocurrido en Tlatlaya acusa a un teniente, Ezequiel Rodríguez Martínez, y a siete soldados por indisciplina y desobediencia. Ante las presiones internacionales por las evidencias que pusieron en duda la versión del enfrentamiento, la SEDENA presentó a la justicia militar a los ocho elementos.

El 25 de septiembre informó que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y están detenidos en la prisión de la Primera Región Militar, en el Campo Militar Número 1-A, del Distrito Federal.

DISCREPANCIAS NUMÉRICAS

De los ocho que supuestamente han sido detenidos, la Procuraduría General de la República (PGR) inició acción penal sólo contra tres soldados. Están acusados de homicidio, al haber disparado “sin justificación alguna” en un acto de “uso excesivo de la fuerza” contra los civiles señalados por la SEDENA como secuestradores. Los presuntos delincuentes, sin embargo, se encontraban en una bodega sin puertas.

“Hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes… que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos. Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares… y realizaron una nueva secuencia de disparos que no tiene justificación alguna”, declaró el martes 30 de septiembre, en conferencia de prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Sin dejar de lado la versión del enfrentamiento, el procurador aseguró que en los hechos participaron sólo seis elementos: Los tres que ingresaron a la bodega, el chofer que conducía una camioneta militar, un soldado herido en el enfrentamiento y el oficial del grupo, un teniente, que lo asistía.

Información obtenida por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez indica que al menos otro oficial y cuatro soldados más fueron ingresados la noche del jueves 2 de octubre a la prisión militar. La cifra del total de detenidos no ha sido aclarada ni por la SEDENA ni por la PGR. Pero un movimiento que se verifica en redes sociales en favor de los detenidos refiere que se trata de 25.

Con la etiqueta #Yosoy26, creada para defender a los militares acusados, se lanzó una convocatoria para realizar una marcha el 11 de octubre próximo en la Ciudad de México.

Los convocantes argumentan que los soldados no pueden ser los únicos responsables, sino que “hicieron su trabajo”, en cumplimiento de órdenes.

El mismo argumento utiliza un grupo identificado en Facebook como “Esposas de militares mexicanos·, en el que cuestionan la actitud de los mandos del Ejército al responsabilizar sistemáticamente de este tipo de hechos a los elementos de más bajo rango.

TERRENOS DONADOS POR PEÑA

Las nuevas instalaciones del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, ubicadas en San Miguel Ixtapan, fueron inauguradas el 13 de mayo de 2010 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y por el secretario de la Defensa Nacional, el general de división ahora retirado Guillermo Galván Galván. Ambos develaron la placa correspondiente.

El general Galván dijo: “La necesidad de establecer este regimiento es el resultado de un análisis de la situación que se vive en esta entidad, toda vez que el narcotráfico emplea este corredor natural para conectarse con otras regiones y llevar a cabo el trasiego de drogas ilícitas”.

El entonces titular de la SEDENA aludió a la región comprendida entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, que por años ha sido paso de mariguana y heroína. Añadió:

“Ahora contaremos con efectivos militares acordes para combatir este flagelo de la sociedad que intenta arraigarse en esta área y acrecentar sus actividades delictivas”.

Cuatro años después, el panorama es todavía peor.

(DIARIO DEL YAQUI/ Agencias/ Martes, 07 Octubre 2014 23:44)