Editorial
En
los 12 días transcurridos desde la masacre de normalistas de Ayotzinapa y
ciudadanos en Iguala, Guerrero, cometida por policías municipales y presuntos
integrantes de la delincuencia organizada, se ha producido una oleada de
reacciones y pronunciamientos de organismos humanitarios y autoridades diversas
que permiten ponderar la proyección de esos hechos en los planos nacional e
internacional.
“Las
autoridades federales deben lanzar una total y minuciosa investigación sobre la
desaparición de 43 estudiantes en Iguala”, señaló Amnistía Internacional el
pasado lunes, y calificó los hechos de “un horrible crimen que ha sacudido al
mundo”. A ese pronunciamiento se sumó ayer el realizado por 53 organizaciones
ciudadanas aglutinadas en una plataforma de apoyo a las familias de las
víctimas, que indicaron que no aceptarán ninguna presunción sobre la identidad de
los restos encontrados en las fosas citadas hasta no contar con el dictamen
pericial independiente, que, a petición de los propios deudos, realizará el
Equipo Argentino de Antropología Forense.
Estos
señalamientos se suman a los que formularon en el ámbito internacional. La
portavoz del Departamento de Estado, JenPsaki, dijo ayer que los hechos del 26
y 27 de septiembre en Iguala son “crímenes que demandan una investigación
completa y transparente”; el secretario general de la Organización de Estado Americanos,
José Miguel Inzulza, demandó el esclarecimiento de este crimen “tan inhumano
como absurdo”, y apuntó que el episodio “enluta no sólo a los mexicanos sino a
todos los países de las Américas”; un día antes, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos dijo que “en este tipo de casos se juega el prestigio del
Estado mexicano en protección de derechos humanos”.
En
un entorno tan globalizado como el actual, las expresiones de rechazo y de
indignación comentadas resultan lógicas e incluso inevitables y ponen en
relieve, por contraste, el carácter errático y tardío de las autoridades
estatales y federales ante acontecimientos cuya gravedad trasciende al ámbito
local e incluso al nacional, y se inscriben en el de los delitos de lesa
humanidad.
Las
demandas de esclarecimiento formuladas al Estado mexicano por actores
nacionales e internacionales son procedentes, por lo demás, habida cuenta de la
cadena de responsabilidades compartidas que involucran a las autoridades
municipales, estatales y federales. En efecto, como se mencionó ayer en este
mismo espacio, tanto el gobierno encabezado por Ángel Aguirre como la
administración federal peñista incurrieron en omisiones injustificables ante
los indicios sobre las actividades ilícitas cometidas por el alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, los cuales fueron hechos de su conocimiento desde el año
pasado, particularmente a raíz del asesinato de los activistas sociales Arturo
Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez.
Por
más que la información pública sobre los hechos tenga grandes puntos oscuros
–respecto del móvil de la masacre, por ejemplo–, el hecho ineludible es que las
agresiones cometidas en la localidad guerrerense dejaron seis muertos y 43
desaparecidos; entre los autores materiales se encuentran elementos de la
policía municipal y algunas víctimas fueron trasladadas en vehículos oficiales,
como muestra la evidencia fotográfica disponible.
Ante
tales elementos, es imperativo que se realicen los deslindes correspondientes y
se esclarezca la responsabilidad que recae en todos los niveles de gobierno; en
primer lugar por un elemental sentido de justicia con las víctimas y sus
familias, pero también porque, en la hora presente, nuestro país es objeto de
escrutinio y reclamo internacional que difícilmente se conformará con
simulaciones de justicia.
(LA
JORNADA/ EDITORIAL/ mié, 08 oct 2014 08:09)
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