En medio de la crisis por la contaminación
del río, afirma que los denunciará por actuar con “tintes políticos
HERMOSILLO, 10 de septiembre.— El gobernador
de Sonora, Guillermo Padrés Elías, expulsó a delegados de la Semarnat, de la
Profepa y de la Conagua del Comité de Atención a la Emergencia (COE) por el
derrame tóxico en el río Sonora, al considerar que no son interlocutores
válidos, luego de que acusaron que él tiene una presa en el rancho de su
familia.
El gobernador, de extracción panista, afirmó
que el gobierno federal no ha puesto un solo centavo para atender las urgentes
necesidades de 22 mil habitantes de siete municipios afectados por la
contaminación del caudal, responsabilidad de la mina Buenavista del Cobre y
ocurrido a principios de agosto pasado.
“En la reunión de Protección Civil, el
presidente de ese consejo es el gobernador del estado o sus representantes y
seguiremos al frente de ese consejo, pero de ninguna manera considero como un
representante válido a ninguna de esas dependencias federales, a los señores
delegados. No son bienvenidos.
“Que manden algún otro representante de la
misma dependencia, menos a esas personas que han actuado de mala fe y con dolo,
que le han causado un grave daño a Sonora, porque de ninguna manera hicieron su
trabajo cuando debieron y ahora es tiempo de llamarlos a cuentas y que paguen”,
declaró Padrés.
El COE tendrá hoy una reunión para dar
seguimiento a las acciones de estado, Federación y municipio, pero Padrés
afirmó que Jorge Flores Monge, Jorge Suilo Orozco y César Lagarda Lagarda,
delegados en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), son personas ‘non gratas’, porque desde su punto de vista fueron omisos en su
actuar frente a Grupo México, señalado como responsable del mayor desastre en
la historia de la minería nacional.
Recientemente, la Comisión Especial para
atender el derrame tóxico al río Sonora integrada por diputados federales de
todos los partidos políticos hizo un llamado para cerrar filas y hacer frente
común para atender las necesidades de la ciudadanía.
“El problema es muy grave: si juntos Estado y
Federación no pueden, separados menos”, concluyeron.
Pero Guillermo Padrés advirtió que presentará
demandas civiles en contra de Jorge Flores Monge, Jorge Suilo Orozco y César
Lagarda Lagarda.
“Los señores delegados han actuado con tintes
políticos y no técnicos como lo deben de hacer. Con tal de salvar su omisión
han querido poner otros temas y hacer acusaciones sin fundamento alguno. Está
claro en expresiones públicas ante los medios nacionales, donde ellos sin tener
un solo documento en man, están haciendo aseveraciones muy serias que van a
tener consecuencias, inclusive demandas civiles de difamación, obviamente, por
hacer declaraciones sin fundamento”, declaró el gobernador.
Según se denunció públicamente, el rancho El
Pozo Nuevo de Padrés aumentó su valor de cinco millones de pesos a 432 millones
de pesos en los cinco años que van del sexenio panista, con siete pozos,
sistema de riego por goteo, electrificación, dos reservorios de agua y una
presa que supuestamente fue construida por la empresa Premaco del Desierto,
perteneciente al diputado local Ignacio García Fierro, uno de los contratistas
del Acueducto Independencia que desató la guerra por el agua en Sonora que
enfrenta al gobierno del estado con la tribu yaqui.
SU
VERSIÓN
Padrés Elías reconoció que en su rancho
familiar El Pozo Nuevo existe un acueducto. El sitio se ubica en las
inmediaciones de Bacanuchi, municipio de Arizpe, una de las comunidades más
afectadas por la escasez de agua a raíz del derrame tóxico de la mina al río
Sonora.
A pregunta expresa sobre la existencia de un
acueducto entre una presa particular y sus cultivos de nogal, respondió: “Es
parte de la misma obra de desfogue del agua para que salga, es parte de lo
mismo”.
La víspera, la dirigencia local del Partido
del Trabajo informó que presentará una denuncia ante Conagua, Semarnat y
Profepa para que intervengan e investiguen cuánto costó la construcción de un
embalse de concreto hidráulico con capacidad de cuatro millones de metros
cúbicos, además de un acueducto de 7.5 kilómetros, que supuestamente sirve para
irrigar 700 hectáreas de cultivos de nogal en esa zona.
PREVÉN
RECUPERACIÓN DE POZOS
Alrededor de 70 por ciento de los pozos
ubicados dentro de la zona de restricción de 500 metros de los márgenes del río
Sonora están dentro de la norma y pronto podrían ser liberados para el abasto
humano.
La comisionada de Evidencia y Manejo de
Riesgos de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Rocío
Alatorre, explicó que las muestras de los pozos aparecen con valores dentro de
la norma, luego del derrame tóxico generado por la minera Buenavista del Cobre
hace un mes.
“Aproximadamente el 70 por ciento de los
pozos aparecen con valores dentro de la norma, eso dice que poco a poco se esté
recuperando la condición del agua de los pozos”, señaló, en entrevista
radiofónica.
La funcionaria federal resaltó que ante este
comportamiento en la presencia de sustancias contaminantes en los pozos, en el
corto y mediano plazo se podría restablecer el abasto de agua para consumo
humano a través de los mismos.
Destacó que la Cofepris ha realizado
diariamente entre cuatro y cinco muestreos en cada pozo para garantizar la
calidad del agua, pero se necesita absoluta certeza de que están libres de
sustancias contaminantes para liberarlos.
La Cofepris es muy estricta en este tipo de
muestreos y análisis, porque se trata de agua para consumo humano y abasto de
la población, enfatizó.
También expresó que los pozos que se
encuentran fuera de los 500 metros de los márgenes del río también se reportan
fuera de riesgo y que además se monitorean en forma constante, porque es de ahí
de donde se abastece en este momento a las poblaciones afectadas.
ALCALDES ADVIERTEN A MINERA QUE LA GENTE YA
ESTÁ HARTA
Un desaire de Grupo México a la reunión
convocada por alcaldes para encontrar una solución de fondo al problema
ocasionado por el derrame tóxico al río Sonora podría detonar un estallido
social en comunidades de los siete municipios afectados, donde la gente está
harta de paliativos, advirtieron los ediles.
En un desplegado firmado por los presidentes
municipales de los pueblos de la ribera, que desde hace 35 días padecen escasez
de agua por contaminación con metales pesados del caudal que abastece el
consumo humano y las actividades productivas, citan al presidente del consorcio
minero, Xavier García de Quevedo, para una reunión a realizarse este miércoles
a las 17:00 horas en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, en esta capital.
Jesús Lauro Escalante Peña, alcalde de
Banámichi, afirmó que la gente está cansada de agua embotellada y quiere una
solución de largo plazo.
“Lo que más preocupa es la situación
económica, la gente gastó sus ahorros y ya no tiene que comer, porque las
actividades productivas llevan cuatro semanas totalmente paradas; nosotros
estaremos puntuales en la cita y esperamos que se apersone Grupo México para
hacer frente a su responsabilidad, porque si no podría escalar la
inconformidad”, advirtió.
El munícipe recordó que el último mes ha sido
el más difícil de su corta carrera política e incluso de su vida.
“Nosotros vivíamos muy a gusto, antes de ser
alcalde también soy residente, aquí vive mi familia y en verdad ha sido duro
enfrentar esta problemática que rebasa la capacidad de respuesta de un
ayuntamiento”, enfatizó.
“Es hora de que Grupo México afronte la
problemática, hasta el momento no han confirmado su asistencia y sería muy
lamentable que faltaran, porque la gente podría manifestarse enérgicamente,
están hartos de paliativos.
“Con botellas de agua purificada no se
garantiza el sustento y el futuro, la gente está preocupada y a veces no
entiende que nosotros hacemos todo lo posible por salir adelante de esta
situación”, declaró el alcalde de San Felipe de Jesús, Jesús José Eleazar de la
Torre Curiel.
Grupo México no ha confirmado la presencia de
ninguno de sus funcionarios administrativos a la reunión.
(DOSSIER POLITICO / Daniel Sánchez Dórame /
Excelsior/ 2014-09-10)
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