MÉXICO,
D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos (IFAI) fijó a la Procuraduría General de la República (PGR)
un plazo de 10 días para entregar a un particular el soporte documental sobre la
detención de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, realizada
luego de la matanza de 72 migrantes en abril de 2011.
El
particular solicitó minutas de acuerdos de reuniones, documentos de trabajo,
informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos y demás documentos
que contuvieran información sobre la captura de los uniformados, pero la PGR
respondió que la información estaba reservada por 12 años, por ser parte de una
averiguación previa.
El
requirente se inconformó y solicitó al IFAI la revisión del caso, mismo que fue
turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, quien propuso al pleno del
revocar la respuesta de la PGR, al considerar que no era posible invocar la
reserva de una averiguación previa tratándose de violaciones graves a derechos
humanos.
La
comisionada argumentó que de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de
la Ley Federal de Transparencia, se debe permitir el acceso a la información
que conste en averiguaciones previas cuando se investiguen hechos que
constituyan violaciones graves a derechos humanos.
Después
de revocar la respuesta de la PGR, el IFAI dio a la dependencia federal un plazo
de 10 días, contados a partir del lunes 8, para la entrega de la versión
pública de la información solicitada por el particular.
Paralelamente,
el IFAI determinó desistirse de dos juicios de amparo en revisión que se habían
interpuesto en 2013, ante los tribunales colegiados Segundo y Quinto en Materia
Administrativa del Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación.
Los
amparos fueron promovidos por particulares inconformes con las resoluciones
emitidas por el anterior pleno del IFAI, que por mayoría de votos había
confirmado la reserva de la información invocada por la PGR.
Sin
embargo, según el organismo federal de transparencia, independientemente de su
desistimiento, los asuntos en cuestión serán revisados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), debido a que los ministros Olga Sánchez Cordero y
José Ramón Cossío Díaz ejercieron la facultad de atracción para conocer de esos
recursos, que a la fecha están pendientes de resolución.
(PROCESO
/ LA REDACCIÓN/ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014)
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