Directivos de al menos 12 medios de comunicación de Sinaloa
acordaron emprender acciones conjuntas de protesta y de carácter legal
en contra de la llamada “ley mordaza” aprobada por la legislatura local y
enviada por el gobierno del estado, cuyo objetivo es limitar y
controlar el trabajo de los periodistas de la entidad.
En un acto inédito y reunidos durante la tarde de este lunes en el
céntrico restaurante Bistro Miró, en esta ciudad capital, editores,
directores, jefes de información y dueños de medios de radio,
televisión, páginas de Internet y rotativos, señalaron la urgente
necesidad de realizar una marcha pública por la avenida Obregón, el
jueves a las 9 horas, y convocar a actos similares a los periodistas de
los 18 municipios de la entidad.
Además, promoverán amparos contra las reformas al artículo 51 bis de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
y publicarán un desplegado en contra de las disposiciones aprobadas por
los diputados locales el miércoles pasado, a pesar de que los
legisladores interpusieron una iniciativa dos días después para
derogarla a finales de este mes.
Al encuentro acudieron representantes de los diarios Noroeste, El
Debate, El Sol de Sinaloa, Ríodoce y Viva Voz, de los noticieros de
radio Panorama, Maxiradio y Línea Directa, de los sitios de Internet La
pared y Café negro portal, y de los noticieros televisivos Megacanal y
TV Azteca. Entre los asistentes estaban Andrea Miranda, editora general
de El Debate, Adrián López, director de Noroeste, Eduardo Valdez Verde,
de El sol, Víctor Torres, de Radio Fórmula, y Luis Alberto Díaz, del
noticiero radiofónico Línea Directa.
En los cambios aprobados –que fueron propuestos por el gobernador
Mario López Valdez-, se plantea que los medios periodísticos solo
tendrán acceso a los boletines emitidos por las autoridades y
autorizados por el titular de la Procuraduría de Justicia.
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las
investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad
de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los
requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el
artículo 52 Bis.
Además, indica que en ningún caso se autorizará el ingreso de los
periodistas a los lugares de los hechos, “la toma de audio, video o
fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al
manejo de información relacionada con la seguridad pública o la
procuración de justicia”.
En otro apartado de este artículo se señala que ningún funcionario de
la PGJE podrá dar información respecto a hechos delictivos a los medios
de comunicación sin autorización del procurador.
“Solo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el
imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán
tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no
se afecte el desarrollo de la misma”.
Durante una gira de trabajo por el municipio de Angostura, el
gobernador Mario López Valdez defendió que el contenido del artículo 51
bis, al que calificó como una “redacción errónea”.
Negó que con estas modificaciones se busque censuar el trabajo de los
medios informativos, sino homologar las disposiciones legales locales
con los ordenamientos federales, y dijo que hasta “al mejor cocinero se
le va una papa entera”.
Protestas
En la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, una veintena
de periodistas realizaron un plantón frente a las oficinas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, en protesta por la llamada
“ley mordaza”.
Los inconformes portaban pancartas con leyendas como “No a la ley
mordaza” y se cubrieron la boca con cinta adhesiva, en señal de censura.
Evaristo Castro, subprocurador de Justicia en la zona norte, evitó
atender a los comunicadores.
(RIODOCE/ Redacción / agosto 4, 2014)
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