Caleta de Campos— En
este pueblo de pescadores quedan pocos hombres; la mayoría están presos por su
pertenencia al movimiento de autodefensas, y ahora son las mujeres las que han
tomado el mando de vigilancia para defenderse de los persistentes ataques de
Los caballeros templarios.
Van llegando poco a
poco, con sus niños, en pequeños grupos, desde La Mira, Guacamayas, Playa Azul
y otros poblados vecinos del próspero puerto de Lázaro Cárdenas, objeto de
deseo del crimen organizado y desde donde se transporta droga y sobre todo
hierro a China, uno de los negocios en expansión del líder templario Servando
Gómez Martínez, La Tuta, según The Wall Street Journal, que calcula una
ganancia de 2 millones de dólares por buque de hierro extraído ilegalmente de
la sierra, lo cual equivale a 36 buques y 72 millones de dólares anuales.
Vestidas con
camisetas blancas con el lema "Autodefensas de la costa de
Michoacán", las mujeres, esposas y madres de los encarcelados en diversas
prisiones del país, empiezan a organizarse en el quiosco de la plaza para
protestar y exigir una ley de amnistía para quienes consideran presos políticos.
"Ellos estaban
cuidando al pueblo, defendiendo a sus familias, son inocentes, no deben nada.
Es injusto que se los hayan llevado. Una sola, ¿qué va hacer con tanto
hijo?", dice Lorena Godínez Anguiano, de 40 años, esposa de Silverio Ceja
Vargas, preso en el penal de Morelia y habitante de La Coralilla, localidad del
municipio de Aquila con mayoría nahua, alzados en armas para defender sus
tierras, bosques y comunidades.
Tiene seis hijos y
cuenta que durante meses los templarios bloquearon el acceso a los pueblos sin
permitir el abastecimiento de alimentos ni la atención médica: "La gente
moría por enfermedad, había secuestros, asesinatos, se quedaban con nuestras tierras".
Hasta que la guardia comunitaria, que gestionaba su seguridad, se unió al
Consejo General de Autodefensas.
Hay 320 autodefensas
detenidos antes y después del 10 de mayo y recluidos en distintos penales del
país. Sus abogados han solicitado una ley de amnistía que otorgue la extinción
de responsabilidad penal a quienes se levantaron en armas para combatir al
crimen organizado en Michoacán.
PUEBLO DE MUJERES
"Me mataron a
mi hijo el 7 de febrero. Vino a verme de Estados Unidos, vino con aquel gusto,
tenía como tres años de no venir. Estaba mensajeando con su celular y le
llegaron por atrás, le dieron con una súper. Allí quedó en la calle",
cuenta Benita Mellín Valencia, de 64 años, mientras enjuga sus lágrimas.
Otro hijo suyo,
Marín Ibarra Mellín, no se lo pensó dos veces. Decidió ingresar al movimiento
de autodefensas. Le dijo: "Mamá, no mataron un perro, era mi hermano.
Luego van a venir por nosotros, tenemos que defendernos".
Ahora está preso en
el penal General Francisco J. Múgica. Fue detenido en La Mira, junto al doctor
José Manuel Mireles: "De todo corazón, les pido que los liberen. Ellos no
han hecho nada malo. Ahora estamos viviendo peor que antes".
El municipio de
Lázaro Cárdenas es uno de los más asediados por los templarios. Los ataques son
cotidianos. Las esposas y madres de los presos cuentan que los vehículos donde
viajaban los autodefensas a la hora de su detención ahora son utilizados por
miembros del crimen organizado.
"Ellos saben
que aquí ya casi no quedan hombres, y los que hay no quieren entrarle. Por eso
los necesitamos, además son el sostén de nuestras familias", señala Amparo
Vargas Uribe, quien no ha podido ver a su marido, Fermín Cruz Álvarez, por
falta de dinero.
La interrumpe Flor
Imelda Ceja Godínez, esposa de Jesús Onorio Palominos Aguilar: "Que los
liberen. Les sembraron armas y drogas. Es una injusticia lo que está haciendo
el gobierno".
María de los Ángeles
Álvarez Aguilar no puede hablar por el llanto. Se repone. Dice que tiene cinco
hijos. Es esposa de Fernando Ceja Vargas: "Hoy hace un mes que lo vi en la
cárcel. Se me parte el corazón cada vez que mis hijos me preguntan por él, sin
tener respuesta. Se metió de autodefensa porque las lacras andaban
secuestrando, robando, violando. Tenía que entrarle por defendernos a nosotros,
a su familia, al pueblo. Y ya ve cómo nos va".
En la base de las
autodefensas, ubicada a la entrada del pueblo, la cocina está llena. Acaban de
llegar alrededor de 30 camionetas con policías rurales dirigidos por Estanislao
Beltrán, Papá Pitufo, a quien los habitantes dicen no tenerle confianza, por su
supuesta alianza con el crimen organizado y el gobierno.
No todos aceptan a
la policía rural de Alfredo Castillo, comisionado del gobierno federal para la
seguridad en Michoacán ni están dispuestos a pertenecer a ella. Semeí Verdía,
coordinador de las autodefensas de Aquila, va por la libre y dice seguir
salvaguardando la seguridad de sus comunidades, independientemente del
gobierno: "Esta ruptura surgió desde mediados de la lucha, por intereses
de ellos", dice en entrevista con La Jornada.
Asegura que no
trabajan con la policía rural de Alfredo Castillo, y que la supuesta
"regularización" de autodefensas no está sucediendo como dice el
gobierno:
"Yo no entré
para uniformarme. Le entré a la lucha para limpiar los pueblos. Yo quiero
seguir dando la cara por mi pueblo, quiero seguir hablando, ser independiente,
pues", señala el líder de la comunidad nahua de Santa María Ostula.
A diferencia de
otros, Semeí Verdía carga su pistola en la parte trasera del pantalón y la
lleva oculta con la camisa. Es uno de los líderes de autodefensas más
respetados por su comunidad. Tiene a más de 350 hombres armados, y sólo 100 han
aceptado la "regularización". El resto "van a quedar como
policía comunitaria con credencial para portar sus armas dentro de nuestra
jurisdicción y salvaguardar nuestros bienes, independientemente del
gobierno".
Los presos de la
comunidad indígena de Aquila siguen esperando que el gobierno cumpla su promesa
de liberación: "Castillo no nos ha cumplido en nada, ni siquiera en
liberar a los presos. Queremos la libertad de los presos; me quedan 19, y en
particular la libertad del doctor José Manuel Mireles. Queremos que salgan
absueltos de cargos; ellos no son ningunos delincuentes, es gente que quiere la
paz para su pueblo", indica Verdía.
En el quiosco de la
plaza, las mujeres se organizan para exigir la liberación de todos los presos.
La mamá de José Jesús y Santiago Farías Camacho, soldador y pescador,
respectivamente, ambos presos en Morelia, explica: "Ellos le entraron por
deber. Uno se cansa de tanta agresión, de tanto ver cómo desaparecen a la
gente. A mis hijos me les echaron delitos que no cometieron. Los malandrines
nos iban a matar. Ahora volvieron, dicen que se van a vengar de las familias de
los presos. Están gustosos porque ya no hay hombres. ¿Quién nos va a
defender?"
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ La Jornada | Domingo 10 Agosto 2014 | 13:29 hrs)
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