COLIMA, Col. (proceso.com,mx).- Después de permanecer más de
dos años presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta
capital, la sexoservidora transgénero Thalía fue puesta en
libertad, luego de que el juez tercero penal de Villa de Álvarez no
encontró elementos que acreditaran su responsabilidad en el homicidio de
una de sus compañeras.
La detención de José Alberto Torres Segura, Thalía, ocurrió
el 20 de junio de 2012, dos días después de que apareció a bordo de una
carretera del municipio de Comala el cadáver de José Alfredo Munguía
Cibrián, Jazmín, transgénero que también ejercía el sexoservicio en la zona de tolerancia de Colima.
De acuerdo con el expediente de la causa penal 300/2012-III, Thalía
enfrentó cargos de homicidio calificado en los términos de autoría y
participación, por su supuesto apoyo al asesino material —un cliente que
se encuentra prófugo— para la identificación de la víctima.
Durante el juicio, Thalía denunció haber sido torturada por
los agentes que la detuvieron para que se autoinculpara de ese delito,
mientras que tres sexoservidoras transgénero que habían declarado en su
contra también testificaron ante el juez que fueron obligadas a firmar
sus declaraciones bajo tortura.
Además, el médico perito Luis Enrique Espinoza Ortega dictaminó,
mediante una serie de estudios, que la detenida presentaba signos de
estrés postraumático derivado de la tortura física y psicológica
sufrida.
Marco Antonio Pérez Gaspar, presidente de la organización Colimenses
Asertivos por la Salud Sexual (CASS), informó este sábado a Proceso.com.mx que “Thalía” salió del Cereso alrededor de las 17:00 horas del viernes 11.
El activista, quien a lo largo del proceso judicial acompañó a la
familia de la acusada en las gestiones para demostrar su inocencia y
lograr su liberación, dijo que el desenlace de este caso es un gran
logro, pues se habían vulnerado los derechos humanos.
Comentó que por el momento Thalía se encuentra descansando
en su casa, con su familia, “tratando de recapitular esta amarga
experiencia vivida y que le pudo haber sucedido a cualquier ciudadano,
pues está demostrado que en muchos casos los agentes policiacos no
siguen protocolos para investigar los delitos de manera profesional y
prefieren recurrir a la práctica de la tortura para tratar de dar por
resueltos los asuntos”.
Pérez Gaspar indicó que mientras permaneció en el Cereso, la acusada
trató de suicidarse en más de una ocasión por el estrés de encontrarse
encerrada por un hecho que no cometió.
“Esperemos a ver qué va a hacer el Estado, si va a resarcir los daños
ocasionados a ella y a su familia por su encarcelamiento injusto,
porque aquí la cuestión es no sólo decir ‘discúlpeme usted, nos
equivocamos’, sino que deben asumirse las responsabilidades”.
Desde el momento de la detención de Thalía, refirió Marco
Antonio Pérez, fue notable la tenacidad y persistencia de sus
familiares, quienes pese a su origen humilde y escasa instrucción
escolar, jamás dejaron de luchar y de tocar puertas para demostrar su
inocencia.
Otro elemento que a juicio del activista contribuyó a la liberación
de la sexoservidora fue el manejo de la información de su caso a través
de las redes sociales, que despertó la solidaridad de diversos sectores
de la población.
Según Pérez Gaspar, la experiencia de Thalía demuestra la
urgencia de que las autoridades realicen mayores esfuerzos en contra de
la discriminación, pues ella fue estigmatizada y agredida por los
policías en buena medida por su condición de mujer transgénero y de
trabajadora sexual.
“No sólo se trata de ir a dar una charla a los policías sobre la
homofobia, sino que se debe actuar ante casos reales como éste, donde se
aprecia con claridad la actuación de los agentes y del Ministerio
Público”.
Señaló que por lo pronto Thalía necesita apoyo psicológico
para superar los efectos de la tortura y del encierro. “Después
platicaremos con ella para ver si decide reclamar la reparación del
daño”.
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