BRUSELAS (apro).-Los periodistas daneses Nils Mulvad y Kjeld
Hansen publicaron el 21 de octubre de 2010 un extenso artículo en el
portal de Internet Abenhedstinget (Transparencia Parlamentaria) titulado: “Niños en Loegstoer presentaron abscesos y úlceras durante 8 años”.
Los periodistas se referían a los casos de dos pequeños de esa localidad danesa infectados con una agresiva bacteria, la staphylococcus aureus,
resistente a la meticilina (conocida por sus siglas SARM), que causa
daños en la piel, las vías respiratorias y el sistema urinario. Esa
bacteria había sido propagada por cerdos criados en las numerosas
granjas del país y más personas habrían sido contagiadas. Mulvad y
Hansen acusaban a las autoridades danesas de haber perdido el control de
la situación al ocultar la información sobre esa amenaza sanitaria.
El artículo relata que en 1997 dos pequeños de un jardín de niños
habían tenido que ir a ver al doctor: uno, por una inflamación en un
dedo de la mano; el otro, por la aparición de varios abscesos en los
glúteos, algunos del tamaño de una pelota de tenis. Ambos estaban
infectados con un estafilococo (bacteria) resistente.
En el artículo, los periodistas precisan la ubicación del kínder —
información que la autoridad había mantenido en secreto–, pero también
publicaron una lista de 12 granjas porcinas infectadas con la bacteria y
que el gobierno quería ocultar.
El Consejo Nacional de Salud de Dinamarca notificó a la policía del
material periodístico, y se les imputó cargos criminales a los dos
periodistas por supuesta violación a la Ley de Protección de Datos, que
prohíbe la publicación de información secreta que afecte la salud
pública, delito castigado con multa o más de seis meses de cárcel.
El pasado 22 de mayo, un juez del tribunal de distrito de Aarhus
encontró que Mulvad y Hansen sí violaron la ley y los sentenció a cada
uno al pago de 2 mil 500 coronas danesas (455 dólares).
De acuerdo con el fallo, la identificación de las personas en riesgo
de contagio era muy sencilla y no hacía falta, en nombre del interés
público, que la sociedad danesa conociera acerca de la infección en los
criaderos porcinos ni el número de enfermos. La protección de la salud
de los posibles infectados, concluyó el juez, es superior al interés
público en este caso.
Según explicó Mulvad al rotativo danés Göteborg Posten, el
juez señala en su veredicto que él y Hansen habían dicho que no era
necesario para su reportaje mencionar la identidad de las personas
infectadas, y que entonces extrapoló esa declaración al asegurar que
ellos también habían admitido que tampoco era requerido indicar el
nombre de las granjas contaminadas.
“Es una cita incorrecta. El propósito del reportaje fue identificar
los criaderos como potenciales lugares de infección. Si el fallo se
sostiene, ello será muy triste para la libertad de expresión en
Dinamarca”, precisó Mulvad a dicho periódico.
El abogado de ambos sentenciados, Tyge Trier, declaró que el
veredicto es ejemplo de una política gubernamental que prefiere “matar
al mensajero” antes que admitir un problema de ineficiencia.
Incompetencia exhibida
Mulvad es profesor de la Escuela de Periodismo de Dinamarca y
cofundador de la organización Global Investigative Journalism Network
(GIJN) y del centro Investigative Reporting Denmark, así como del sitio
especializado de Internet Farmsubsidy.org. Dirige una compañía de
investigación y análisis de datos, Kaas & Mulvad, y fue director
ejecutivo del Danish International Center for Analytical Reporting. En
2006 fue declarado periodista europeo del año por los miembros del GIJN.
Por su parte, el periodista Kjeld Hansen es fundador de la
consultoría ecologista BæreDygtighed y uno de los escritores más
importantes de su país que aborda temáticas medioambientales. Su libro La tierra perdida ganó en 2008 un premio de la Asociación Danesa de Escritores.
En su artículo del 21 de octubre de 2010, los periodistas daneses
aportan datos y hechos que exhiben la incompetencia de las autoridades
sanitarias. Relatan que luego del brote de SARM en el jardín de niños en
1997, se creó una unidad especial en el Hospital de Aalborg, donde se
atendieron hasta 2006 los casos de 56 niños y adultos. Durante esos años
el gobierno ocultó el nombre del jardín de niños y su localización, por
lo que ningún medio de comunicación estaba al tanto del peligroso brote
de la enfermedad, que sólo se pudo conocer luego de que la agencia
danesa involucrada en el tratamiento de la bacteria –el Statens Serum
Institute (SSI)– publicó su experiencia en una revista médica, pero sin
develar aún el nombre del kínder y dónde se ubicaba.
Desde 2006, las autoridades sabían que los puercos infectados por el
consumo excesivo de antibióticos transmitían la bacteria al ser humano.
En julio de 2010 el ministro de la Alimentación, Henrik Hoegh, envió
incluso una carta de advertencia a mil 249 granjas porcinas en riesgo
(de un total de 9 mil 608 que hay en el país), expresando que estimaba
inaceptable el consumo abusivo de antibióticos en la industria. La carta
y el listado de destinatarios fueron publicados por Abenhedstinget.
Preocupado por la situación, en 2008 el sindicato de productores
porcinos pagó al SSI 40 mil dólares para que realizara una evaluación
sobre las potenciales personas de la industria en riesgo de contagio.
Los resultados indicaron que 3% de los examinados estaban infectados por
sus actividades en la producción porcina.
Los periodistas exponen que esos datos no fueron publicados por ser
propiedad del sindicato y tampoco fueron utilizados para planes de
prevención. Por si fuera poco, se dejó que cada participante infectado
decidiera si se examinaba o no a sus familiares o amigos cercanos.
Apelación
A lo largo del reportaje –en donde entrevistan a médicos implicados
en el tema– se detalla la manera en que fue mal gestionado el estudio
del SSI, que al privilegiar el anonimato absoluto no permitió
identificar las granjas o áreas de infección, y se detalla cómo se ha
expuesto la salud de funcionarios municipales y supervisores sanitarios
al no conocer el peligro. Se menciona el caso de un paciente de SARM
hospitalizado que contaminó a otros cuatro pacientes y a cinco
trabajadores del nosocomio. En ese caso no fue posible identificar la
fuente de contagio porque el campesino no quería que sus cerdos fueran
estudiados y no proporcionó ninguna información.
Los periodistas –que acusan a las autoridades de haber creado con sus
métodos una estigmatización de las víctimas de la bacteria comparable a
las del SIDA en los años ochenta, por lo que no querían ser
identificados– refieren en su reportaje que las cinco oficinas
regionales de salud del país les negaron igual número de solicitudes de
acceso a los nombres y direcciones de las agroempresas infectadas y a la
información sobre el estado del combate a la bacteria en las mismas.
La oficina de Zeland les respondió que no existía esa información en sus bancos de datos.
“La evidencia sugiere que la política de secrecía que el Consejo de
Salud ha sostenido desde 2006 ha creado una situación donde la lucha
contra la bacteria se está saliendo de control”, acusan los periodistas,
quienes después citan a Birgitte Korsager, responsable de infecciones
del Hospital Aalborg, quien estimó que hay 280 granjas porcinas que
deben ser descontaminadas si la cifra de 3% de infectados del estudio
del SSI de 2008 es correcta.
Un artículo de Staffan Dahllof publicado por Investigative Reporting
Denmark –el centro fundado por Mulvad– señaló el 3 de junio pasado que
desde 2012 han muerto cuatro daneses infectados con SARM, y que el
número de personas que contrajeron la enfermedad –según la SSI– aumentó
de 12 a 643 entre 2007 y 2012, mientras que la cantidad de cerdos
portadores de la bacteria se ha incrementado de 13% del total en 2009 a
88% en 2013.
Mulvad y Hansen decidieron apelar una parte del fallo, aquella
relacionada con el nivel de anonimato requerido en su reportaje de 2010,
esperando que así la corte acepte finalmente que la información
publicada es legal, declaró el primero de ellos a Dahllof.
Mulvad explicó también que no está de acuerdo con la totalidad del
fallo y está convencido de que era necesario divulgar el nombre de las
granjas afectadas y relatar las ineficiencias de la autoridad para
frenar el avance de la bacteria. Sin embargo, tras consultar a expertos
en la materia, él y Hansen decidieron conservar en Internet toda la
información sobre las empresas infectadas y eliminar el número –que
también divulgaron en la versión original– de las personas enfermas en
ellas, “que podría ser considerado material sin suficiente cobijo de
anonimato”.
El pasado 6 de junio, posterior al fallo, el ombudsman del pueblo
danés, Jorgen Steen Sorensen, emitió su fallo final sobre la solicitud
de acceso a la lista completa de granjas infectadas, que introdujo
Hansen en 2012 y la cual le fue negada por el gobierno. El ombudsman
declaró que no existía argumento legal que permitiera a las autoridades
seguir manteniendo en secreto esa información, por lo que debía
entregarla al periodista. El ministro de Agricultura, Dan Jorgensen,
aseguró que así lo haría.
El ministro acaba de presentar un plan de cinco puntos para contener
la expansión del SARM porcino en el país, pero no incluye la
identificación de las granjas contaminadas, a pesar de que los expertos
señalan que ese es el tema central para atajar el problema, lamenta
Mulvad.
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