Confinados
en celdas casi penitenciarias, intercalan minutos de sueño mientras sus cuerpos
se acomodan unos debajo de otros. En espera de ser interrogados -una vez más-
sobre su nombre, edad, país de origen y familiares. Extienden sus manos para
que cada una de sus huellas dactilares quede bajo registro.
La
información recolectada es utilizada por agentes de la Patrulla Frontera para
verificar si cuentan o no con antecedentes penales. Una vez concluido el
procedimiento, son registrados bajo el estatus de “menor sin acompañante”.
Del
1 de octubre de 2013 al 15 de junio de 2014, el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) capturó a 51 mil 279
niños indocumentados y sin acompañantes, en la frontera con México.
A
cuatro meses de concluir el año fiscal 2014, la cifra supera los 47 mil 397
menores recibidos en el año fiscal 2013.
En ocho meses y medio, han llegado desde El Salvador, 11 mil 436 niños, 12 mil
670 de Guatemala, 15 mil 27 de Honduras y 12 mil 146 de México.
Si
el flujo continúa como hasta ahora, el gobierno estadounidense proyecta el
arribo de 72 mil 394 infantes al último día de septiembre de 2014.
A
partir de 2009, Estados Unidos comenzó a registrar la aprehensión de niños sin
acompañantes, 19 mil 669 ese año. Número que, en apenas cinco años, es tres
veces y medio mayor.
Desde
mayo de 2014, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés), declaró al país en “situación de crisis”, y un nivel de
contingencia y alerta de Nivel IV, “el más alto para el Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos”, informó El Colegio de la Frontera Norte
(COLEF) en Tijuana.
Luego,
vino la reacción de grupos conservadores y antiinmigrantes, quienes exigían la
expulsión inmediata de los niños, adolescentes y madres de familias. Y es que
de acuerdo al Acta de Seguridad Nacional de 2012, solamente los indocumentados
originarios de México y Canadá, pueden ser deportados de manera expedita.
Sin
embargo, asociaciones en defensa de los migrantes solicitan para estas familias
un trato humanitario, en calidad de refugiadas.
“No
están aquí para juegos políticos, ¿a qué les temen a niños de nueve años? A lo
que le tienen miedo es a la idea de que la gente es ilegal”, declaró el abogado
Víctor Torres, durante conferencia de prensa convocada por la asociación Border
Angels.
¿DE QUÉ HUYE UN NIÑO?
Boca
abajo, en medio de las tumbas del cementerio de Choloma, Honduras, y a cuadras
de su casa, Diana Gabriela fue encontrada con dos proyectiles de bala en la
cabeza y dos disparos más en los brazos.
La
estudiante de 18 años se encontraría con sus compañeros de bachillerato, pero
en el trayecto -supone la Policía- fue raptada por un grupo de hombres y
llevada hasta el cementerio, donde fue ultimada la mañana del 8 de junio de
2014.
Montado
en una bicicleta, su padre llegó hasta el camposanto para reconocer el cuerpo
de la joven. Ahí los muertos se entierran por decenas al día. La comunidad de
Choloma, de apenas 22 mil habitantes, ha visto partir a más de mil menores de
edad que han logrado llegar a la frontera con Estados Unidos, de enero a mayo
de 2014.
“Estos
niños vienen escapando de la violencia y la pobreza. En países como Honduras
hay un promedio de 14 homicidios por día, y en El Salvador, diez asesinatos en
comunidades rurales, pueblos realmente pequeños”, relata Blanca Vázquez,
coordinadora de la asociación civil SHARE en El Salvador.
Encargada
de diseñar programas de ayuda para las comunidades salvadoreñas, la activista
comprende que la violencia desbordada y la creciente pobreza, son cuestiones
que ningún nivel de gobierno ha atendido.
“No
ofrecen servicios de educación ni empleo a sus ciudadanos que enfrentan
situaciones de violencia y pobreza sin el conocimiento ni los recursos para
adquirir una educación”. Se suma la problemática de las pandillas, quienes
amenazan, lastiman y reclutan, a la fuerza, a miles de niños y adolescentes.
“Un
pandillero me dijo que le gustaba, entonces uno de sus compañeros le dijo a mi
tío que debería sacarme del país porque el tipo a quien le gustaba, me iba a
hacer daño. En El Salvador, toman a las niñas, las violan y las arrojan en
bolsas de plástico”, cuenta Maritza, de apenas 15 años.
Su
testimonio y otros 403 fueron reunidos en un estudio realizado en 2013 por la
Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, sobre
menores sin acompañantes que cruzaron la frontera entre México y Estados
Unidos.
Un
58 por ciento de los entrevistados, se dijo víctima de la violencia del crimen organizado,
amenazados de muerte por cárteles y pandillas. El 22%, había sobrevivido el
abuso y la violencia intrafamiliar.
El
reporte explica, por ejemplo, que los 104 niños entrevistados y de origen
salvadoreño, mencionaron entre sus situaciones cotidianas, evadir extorsiones,
atestiguar homicidios, recibir amenazas, el hambre. Las niñas agregaron su
miedo a ser violadas.
A
su vez, las deportaciones en Estados Unidos, implican más violencia en
comunidades centroamericanas. Activistas relatan el alto número de funerales de
niños que fueron deportados, y a su regreso, asesinados por pandillas
centroamericanas.
“Los
niños no tienen recursos para educación o para no incorporarse a la violencia
de pandillas. No hay opciones. Oyen en sus pueblos, entre sus amistades, que en
Estados Unidos hay oportunidades y no lo piensan dos veces, solamente deciden
venir por una mejor vida”, describe Blanca Vázquez.
Para
la activista latina, los aspectos de la vida que empujaron a un niño a salir de
su país de origen, son tan extremas como su decisión de atravesar países solos,
sin protección y sin certeza de que encontrarán a sus familias en la Unión
Americana.
“EU NO SABE LAS ATROCIDADES POR LAS QUE
PASAN LAS PERSONAS PARA CRUZAR”
De
las aprehensiones de menores sin acompañantes, este año, el 94% se concentra en
la frontera de Texas. Rebasados en su capacidad para procesar a los menores,
los centros de detención temporales de la Patrulla Fronteriza han sido
insuficientes para retener a los menores centroamericanos.
Si
bien, el Departamento de Seguridad Nacional es la institución responsable de
procesar a los niños sin acompañantes, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos está a cargo de su cuidado.
En
promedio, 72 horas después de que un menor es aprehendido por la Patrulla
Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional debe cumplir con el proceso
de registro y transferir al niño a la Oficina de Reubicación de Refugiados,
donde esperarán su audiencia en la Corte migratoria.
Muchas
veces, la Oficina intenta reunir al menor con algún familiar o adulto
responsable, mientras se completa el proceso migratorio.
Sin
embargo, debido a que se triplicó el flujo de menores que recibió Estados
Unidos, este año, el Departamento de Seguridad Nacional no pudo cumplir con los
tiempos estándar y los niños permanecieron durante semanas en los centros de
detención de la Patrulla Fronteriza.
Entre
los movimientos previstos por la Patrulla Fronteriza ante su incapacidad de
atención, los menores fueron trasladados a instalaciones improvisadas en Texas
y Arizona.
Luego,
el 1 de julio de 2014, un grupo de 140 migrantes llegó al aeropuerto de San
Diego, California. Desde las pistas aeroportuarias, subieron a autobuses que
los llevarían al centro de detención de Murrieta, localizado una hora al norte
de San Diego.
En
Murrieta serían procesados -nuevamente- y puestos a disposición de ICE, para
determinar la viabilidad de su solicitud de asilo.
Durante
el proceso, la Oficina de Refugiados “tiene la responsabilidad de cuidar
temporalmente a los menores no acompañados, protegerlos y ayudarlos a encontrar
a su familia”, destaca el COLEF.
Sin
embargo, un grupo de protestantes, afines a grupos antinmigrantes como
“Minutemen”, se postraron frente a los camiones e impidieron la llegada al
centro de detención.
Pese
a la presencia de corporaciones policiales, los manifestantes agredieron a un
grupo ahí reunido para mostrar su apoyo a las familias centroamericanas.
Consignas racistas, confrontaciones cara a cara y hasta escupitajos en la cara
del cantante mexicano Lupillo Rivera, les fueron permitidas a los
manifestantes.
El
alcalde de Murrieta, California, Alan Long, había declarado un día antes de la
llegada que a su ciudad no le correspondía lidiar con un problema federal, como
es el arribo de migrantes.
Finalmente,
los camiones dieron vuelta y regresaron a San Diego. Las familias pasaron la
noche en un albergue localizado en San Ysidro, California. Al día siguiente,
otro grupo fue transferido al condado de El Centro, California.
“Es
una vergüenza que todavía exista tanto racismo. Fue algo sorprendente e
insólito, nunca se había visto una reacción tan extrema y agresiva, fue
insólito”, opina la activista Blanca Vázquez.
Pero
también, consideró que manifestaciones como la de Murrieta, es un ejemplo claro
de que “este movimiento de derechos para migrantes existe porque hay una
sociedad en Estados Unidos que no sabe las atrocidades por las que pasan las
personas para cruzar y llegar a este país, ni lo que es vivir como persona
indocumentada, con miedo e incertidumbre”.
LA ILUSIÓN DEL REFUGIO
Por
2 mil 500 dólares, un menor camina dos días y medio en el desierto compartido
por México y Estados Unidos. En el camino, se encuentra con cadáveres que han
permanecido en la arena hasta por cinco años.
Uriel
Gutiérrez, coordinador de los albergues YMCA para menores, distingue
diferencias entre los menores mexicanos y centroamericanos. Aunque representan
menos del 5% de quienes ahí se hospedan, dos características sobresalen:
“llegan más cansados por el viaje y con el ánimo más caído”.
De
enero a mayo de 2014, han llegado 490 menores a este albergue localizado en
Tijuana, solamente uno proveniente de Honduras.
En
2012, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) registró a Estados Unidos como el país con el más alto
número de aplicaciones de asilo en el mundo. El 85% de éstas, realizadas por
personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Un
informe emitido en junio de 2014 por el Centro de Política Bipartidista de
Estados Unidos, revela que en el año fiscal, 2 mil 735 menores obtuvieron un
permiso de residencia para ese país.
El
reporte también refleja cómo la llegada de niños centroamericanos se incrementó
en diez años. Mientras que en 2004, el 83% de los menores capturados por la
Patrulla Fronteriza eran mexicanos, en 2014 este número se redujo a 24%.
En
consecuencia, refiere que entre los años fiscales 2008 y 2012, hasta el 80% de
las personas que adquirieron asilo temporal en Estados Unidos, acudieron a su
primera audiencia en la Corte para continuar con su proceso migratorio.
Por
su parte, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso
las atribuciones para realizar la deportación expedita de centroamericanos. Por
medio de la Casa Blanca, informó que aplicará una estrategia de reforzamiento
de seguridad fronteriza, para lo cual requerirá de dos billones de dólares.
La
razón es, precisamente, contener el incremento dramático para menores sin
acompañantes y sus familias. Grupos pro migrantes sostienen:
“Es
una situación que no va a terminar con la deportación de esta comunidad
inmigrante o su admisión. Nuestra demanda es simple: el respeto a los derechos
humanos de los migrantes”.
(ZETA/TIJUANA/
Inés García Ramos / 07 de Julio del 2014 a las 12:00:01)
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