TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis,. (proceso.com.mx).- Un grupo de cinco indígenas, entre ellos un activista defensor y promotor de los derechos humanos, denunció haber sido detenido arbitrariamente durante varias horas y sufrir tortura física y psicológica en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el norte del estado de Chiapas.
José Luis Pérez Pérez, Roberto Pérez Pérez, Juan Carlos Pérez Pérez,
Mario Pérez Pérez y Braulio Gómez Gómez, este último miembro de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), denunciaron
que el martes por la tarde fueron capturados de forma violenta por un
grupo de policías y hombres civiles armados enviados por el alcalde Enoc
Díaz Pérez.
Los hechos ocurrieron en la comunidad Arroyo Grande, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Señalaron que a golpes fueron llevados frente al alcalde Enoc Díaz
Pérez, quien se encontraba junto a su hermano David Díaz Pérez.
Fueron sometidos a un proceso de interrogatorio para que confesaran
pertenecer a una supuesta organización para rebelarse contra la
autoridad municipal.
Los indígenas negaron la imputación y aclararon que el trabajo que
hacen en la región es de capacitación y promoción de los derechos
humanos.
Los cinco hombres fueron golpeados por los uniformados y civiles
armados, quienes fueron identificados como guardaespaldas del acalde.
Como la detención arbitraria fue elevada de inmediata y difundida por
medios y periodistas, Braulio Gómez Gómez dijo que el alcalde recibió
una llamada de la Secretaría General de Gobierno, desde la capital del
estado, para pedirles que si no había delito que perseguir fueran
liberados.
Fue así como cerca de la media noche fueron puestos en libertad, con
la advertencia de que estarían siendo vigilados. “Y que si esta vez
teníamos suerte, para la próxima ya no nos vamos a librar del
encarcelamiento”, dijo Braulio Gómez Gómez.
Los indígenas fueron acusados de estar bajo las órdenes del “Padre
Blas”, el párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, con quien los alcaldes
han tenido diferencias por su activa defensa de los derechos humanos.
“Esperamos que nuestra denuncia sea escuchada y atendida como lo
marca la ley, de lo contrario el pueblo al que pertenecemos y que tiene
dignidad buscará las vías necesarias para lograr que se haga justicia,
pues no es el primer delito que el presidente de Pueblo Nuevo comete en
contra del pueblo sin que ninguna autoridad superior tome cartas en el
asunto”, dijeron los agraviados.
Recordaron que el alcalde y sus hombres armados agredieron a personas
de Arroyo Grande en 2013, amén de que baleó y detuvo a menores de edad
el primero de noviembre por pedir dulces en las calles.
Además del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa,
los indígenas pidieron el auxilio de Amnistía Internacional y la
Organización Mundial contra la Tortura. Anoche también fueron
contactados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que les
tomará la queja correspondiente este jueves.
/ 26 de junio de 2014)
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