Los casos de
Yolanda Enríquez no prosperaron, actual Síndico no los investiga
La administración de
Carlos Bustamante investigó a la de Jorge Ramos, a través de Sindicatura inició
procesos ministeriales, buscó inhabilitaciones e incluso juicio político contra
el ex alcalde. Nada prosperó. De los dos casos abiertos, el de Leyzaola y el de
Huerta, abogados esperan salir airosos. El Síndico Arturo Ledezma se ocupa de
sus propios casos y no de los heredados. Las acciones de Sindicatura, más
mediáticas que efectivas
Solo en escándalo
mediático y escasas inhabilitaciones temporales de funcionarios acusados de
aparente daño patrimonial contra el Ayuntamiento de Tijuana, han quedado los
procesos iniciados por Sindicatura Municipal.
Antes que Arturo
Ledesma Romo asumiera el cargo de síndico procurador, su antecesora, Yolanda
Enríquez de la Fuente hizo lo propio.
Durante los tres
años del XX Ayuntamiento, la funcionaria se ocupó en un vano intento de
imposibilitar al ex alcalde Jorge Ramos y a quienes fueron sus colaboradores
más cercanos, de ejercer cargo público alguno.
Abuso de autoridad,
peculado y desvío de recursos fueron los delitos asentados en las denuncias penales
interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Hasta juicio
político demandó contra Ramos Hernández, pero ni el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, ni el Congreso del Estado de Baja California, hicieron eco a su
petición.
Después, el propio
gobierno de Bustamante incurrió en supuestas irregularidades, mismas que fueron
observadas durante el proceso de entrega recepción por el XXI ayuntamiento. En
total, documentaron 657 expedientes que están en poder del actual Síndico,
Arturo Ledesma Romo, quien no ha emitido resolución alguna, mucho menos ha
iniciado procedimientos en contra, pero promete resultados antes que concluya
mayo.
Lo que sí hizo
Sindicatura fue iniciar procedimientos contra tres funcionarios en activo del gobierno
de Jorge Astiazarán: Bernardo Padilla, secretario general de gobierno; Marcia
Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal;
y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de normatividad de la DOIUM.
A los tres logró suspenderlos
de sus cargos, aunque más tardó en notificarlos que éstos en volver a sus
puestos, con todo y procedimientos abiertos, aún sin finiquitar.
Yolanda Enríquez
agotó su tiempo con más pena que gloria, mientras que Ledesma Romo, a pesar de
los traspiés dados en los primeros meses, aún tiene el resto del trienio para
demostrar eficiencia como síndico procurador.
SINDICATURA SIN RESULTADOS
A tres años, la
autoridad judicial no ha logrado procesar a alguno de los funcionarios que
señaló, investigó, pretendió inhabilitar e incluso juzgar políticamente, la ex
Síndico Yolanda Enríquez. Los casos quedaron en denuncias penales. La mayoría
de los ex funcionarios lograron salir airosos, sin tener que haber devuelto a
las arcas municipales los recursos que supuestamente malversaron, o pagar por
los abusos.
Ni sanción
económica, ni inhabilitaciones definitivas logró concluir la Síndico Yolanda
Enríquez, “su efectividad fue cero”, anotó Raúl Corona Sesma, quien fue
director jurídico del XIX Ayuntamiento y
encargado de llevar la defensa legal de 16 de los implicados.
Al menos 13 de
ellos, precisó, fueron resueltos en primera instancia, mientras que tres más se
solucionaron en segunda instancia, y ponderó: “Se solventaron sin que ninguno
(de los ex funcionarios) tuviera que pagar nada, mucho menos ser inhabilitado”.
A la fecha, de los
procedimientos abiertos solo se sabe de los casos emprendidos contra de Julián
Leyzaola y Gustavo Huerta, los únicos inhabilitados… por el momento.
GUERRA ESTÉRIL
Parecía que Yolanda
Enríquez tenía una misión: investigar e inhabilitar al teniente coronel Julián
Leyzaola Pérez, cuya sombra ha opacado la labor de sus sucesores en la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Con artimañas
jurídicas según el propio Leyzaola, en el último año de gobierno de Carlos
Bustamante fue inhabilitado de la función pública en agosto de 2013 cuando se
encontraba a cargo de la seguridad de Ciudad Juárez. La suspensión para obtener
y ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público, se dictó por ocho
años.
El procedimiento
contra Leyzaola se preparó en los albores de la administración bustamantista,
en enero de 2011, y fue llevado a cabo en forma paralela a otros dos que se
iniciaron tanto en su contra como de Gustavo Huerta, ex director de Seguridad
Pública Municipal.
Basadas en
acusaciones de policías municipales, las tres averiguaciones de responsabilidad
administrativa abiertas acusan: Faltas administrativas y violaciones a los
derechos humanos fundamentales, en la modalidad de tortura, abuso de autoridad
y uso excesivo de la fuerza pública.
Al respecto, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la
dependencia a cargo de Enríquez de la Fuente para que iniciara el
procedimiento, argumentó la entonces funcionaria.
El 30 de mayo de
2011 se inició la investigación INV/047/2012, radicada en el expediente
010/2012 por torturas a: José Luis Hernández Gálvez, Víctor Javier Jove
Rosales, Rafael Sánchez Macedo y Eduardo Romero Enríquez; todos ellos miembros
policiacos adscritos a la secretaría de Seguridad Pública Municipal del XIX
Ayuntamiento.
En este caso se
estableció como presuntos responsables a Leyzaola y Huerta, y como resolución
administrativa Sindicatura emitió inhabilitación de ocho años para los dos
implicados, al serles imputadas las fracciones II y VII del artículo 46 y
artículo 47, fracción XI de la Ley de Responsabilidades del Estado de Baja
California.
Hace un par de
meses, Leyzaola Pérez logró salir airoso en uno de los puntos del procedimiento
por el que fue inhabilitado, debido a que la síndico basó en notas
periodísticas la prueba del supuesto desacato en el que dijo incurrió el
Teniente Coronel, al no cumplir con una comparecencia.
Este punto a favor
no significa que lo haya solventado del todo el procedimiento, éste, tanto como
los otros dos acumulados, sigue su curso.
Otro expediente
abierto es el 229/2013, cuya investigación se inició en diciembre de 2011, en
el que también se implica en forma conjunta a ambos ex servidores públicos por
detención arbitraria y tortura de 25 personas en agosto de 2009, todos ellos
oficiales de la policía municipal.
En este caso la
resolución administrativa solo se estableció en contra de Gustavo Huerta
Martínez, con una inhabilitación de cinco años para ejercer como servidor
público, quedando pendiente dictar resolución contra Leyzaola Pérez, esto en
razón de que promovió juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California.
Los dos ex
funcionarios también enfrentan demandas por separado. En el caso del ex
secretario de seguridad del XIX Ayuntamiento de Tijuana, ésta se inició por una
recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2010 por
detención ilegal y tortura de dos ciudadanos.
Por su parte,
Gustavo Huerta fue acusado por falsedad al rendir informe a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en cuanto a detención de ciudadanos, razón por la
que se emitió una recomendación administrativa para inhabilitarlo por dos años
para ejercer como servidor público.
Ambos ex
funcionarios confían en una resolución final favorable.
LOS OTROS CASOS
Lograr la
inhabilitación de los militares en retiro le llevó a Yolanda Enríquez
prácticamente todo el trienio. En el ínter, intentó sancionar a una veintena de
ex funcionarios del XIX ayuntamiento, incluido el propio ex alcalde Jorge
Ramos, por supuestas faltas administrativas y malversación de recursos
públicos.
Y aunque logró
emitir inhabilitaciones hasta por cinco años en contra de algunos de ellos,
iniciada su defensa los inculpados fueron tumbando uno a uno los argumentos
acusatorios de Sindicatura Municipal.
Ninguno de ellos
tuvo que devolver nada al erario público, los señalamientos de malversación de
recursos simplemente no prosperaron.
Más aún, la Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, órgano revisor de los actos promovidos por las
autoridades, suspendió el acto de inhabilitación que la actual Sindicatura
Municipal dictó en contra de los ex funcionarios: Enrique Méndez Juárez, Mario
Alberto Martínez Castillo, Gustavo Lemus Torres, Martha Alicia Fuentes García,
José Mario Hernández Ramírez y Luis Ernesto Cuenca Ruiz.
En su momento el XX
Ayuntamiento dijo se inconformaría ante tal suspensión, a través de la
Consejería Jurídica Municipal, pero no fue así.
Y, a excepción de
los casos de Julián Leyzaola y Gustavo Huerta a cuyo seguimiento se abocó la
síndico Yolanda Enríquez, en el resto la respuesta del tribunal la acató sin
reparo alguno.
Por ello, quienes
apenas habían sido suspendidos de sus labores pudieron, en cuestión de días,
asumir cargos públicos.
Tal es el caso del
ex Oficial Mayor, Mario Martínez Castillo, quién fue nombrado coordinador de
delegaciones de la Secretaría de la Función Pública, cargo federal que pudo
desempeñar sin mayor problema a mediados del 2011, cuando se le seguía un
proceso en contra por faltas administrativas. Al final, la acusación, al igual
que otras dos que acumuló, no pasó a mayores.
Otro caso que no
pasó a más fue el de la ex directora administrativa de presidencia, Elia Rosa
González Reyes, inhabilitada por cinco años, acción que fue confirmada por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En diciembre de
2012, Martha Alicia Fuentes García, ex directora administrativa de presidencia
municipal, también fue suspendida por cuatro años del ejercicio público; ambas
ex funcionarias fueron implicadas en el desvío de recursos y malversación de
fondos en la organización de un festival de arte (Festiarte).
El evento cultural
fue encomendado a César Borja Vázquez, a quien el municipio entregó, y así
quedó asentado en recibos, 100 mil pesos para su organización.
Sin embargo, en el
expediente oficial su gasto se tasó en 2 millones 465 mil pesos, erogación que al
no ser comprobada derivó la investigación en contra de las encargadas del
manejo de esos recursos. En el caso también se implicó a Julio César Fuentes
Solís, quien fuera auxiliar administrativo de Tesorería Municipal en el XIX
Ayuntamiento.
Arnulfo Guerrero
León, actual subsecretario de Desarrollo Social en Zona Costa, fue señalado de
uso indebido del 2 por ciento de recursos provenientes del Ramo 33,
irregularidad que fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación.
Un total de 76 mil
pesos etiquetados para obra social supuestamente fueron utilizados en gastos de
gasolina y papelería, cuando Guerrero León fungió como director de Desarrollo
Social Municipal, así lo asentó sindicatura en el expediente 036/2011. El ex
funcionario aludió el hecho a un error administrativo.
En el mismo caso se
implicó a Martha Alicia Fuentes, ex directora administrativa de presidencia;
Ernesto Lucero López, ex Subdirector de Egresos; al ex Oficial Mayor Mario
Alberto Martínez Castillo; Julio César Murillo Valtierra, ex Jefe del
departamento de inventarios de Oficialía Mayor; Mario César Spíndola Rodríguez,
ex jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios de Oficialía Mayor; y
Joaquín Enrique Palomera Ramírez, ex Coordinador de obra comunitaria.
En mayo de 2011,
Sindicatura municipal dijo haber detectado pagos indebidos al ex director de
Inspección y Verificación Municipal, Gustavo Lemus Torres, irregularidad en la
que se involucró a Enrique Méndez Juárez, cuando éste fungía como secretario
general de gobierno del XIX Ayuntamiento. Algo similar al caso que enfrenta el
hoy secretario general de gobierno, Bernardo Padilla Muñoz.
En el expediente de
este proceso aparecen también involucrados Mario Alberto Martínez Castillo,
Martha Alicia Fuentes y Ernesto Lucero López; así como Luis Ernesto Cuenca
Ruiz, subdirector de Recursos Humanos; y José Mario Hernández Ramírez, ex jefe
del Departamento de Nóminas.
Dos meses después,
Sindicatura denunció a Arturo Berrelleza Cruz, ex director de Responsabilidades
de la Sindicatura Municipal en el gobierno de Jorge Ramos.
Gustavo Lemus
enfrentó un segundo proceso en su contra en el que se le responsabilizaba del
desvío de 212 mil pesos, el cual se abrió en agosto de 2011.
A finales de octubre
de ese mismo año, Sindicatura inició procedimiento contra otro ex funcionario,
Luis Alonso Morlett Corrales fue acusado de haber realizado cobros indebidos
por 324 mil pesos cuando se ostentaba como titular de la Dirección Municipal de
Transporte Público, su caso se archivó en el expediente 035/2011. En la
actualidad, Morlett forma parte del equipo de trabajo del Síndico Social,
Bernabé Esquer.
Ciro Castillo
Hernández, ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Dirección
Municipal de Transporte Público; Reynita Cabrera González, ex Subdirectora de
Contabilidad de Tesorería; y Pedro Rafael Serrano Luna, ex Jefe del
Departamento de Personal, fueron liados en el mismo asunto.
José Mario
Hernández, Luis Ernesto Cuenca Ruiz, Ernesto Lucero López, Martha Alicia
Fuentes, Mario Alberto Martínez y Enrique Méndez Juárez, también se sumaron a
este expediente.
ACTUAL GOBIERNO IGNORA CASOS
Los expedientes
contra los ex funcionarios de primer nivel, Enríquez de la Fuente los basó en
investigaciones efectuadas por parte de la dependencia a su cargo;
posteriormente el documento se dividió en seis denuncias presentadas ante
Ministerio Público.
El proceso sigue su
curso normal, con la salvedad que al gobierno de Jorge Astiazarán no le
interesa dar continuidad a una guerra política que le es ajena.
Ocupado como está de
evitar inhabilitaciones en contra de su secretario general de gobierno,
Bernardo Padilla Muñoz; la directora de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal, Marcia Salcido; y del subdirector de normatividad de la DOIUM, Marco
Antonio Vuelvas Díaz, el gobierno de Jorge Astiazarán no da seguimiento a estos
casos, simplemente deja que sigan su curso normal en la PGJE.
Más aún, dice
desconocer los procesos abiertos en contra de quienes conformaron el gabinete
del XIX ayuntamiento, así lo externó el actual secretario general de gobierno,
Bernardo Padilla Muñoz, al ser cuestionado al respecto: “No estoy enterado, no
sé de qué me hablas”, dijo quien actualmente está siendo investigado por
supuesto desvío de recursos cuando fungía como director de Desarrollo Social en
el gobierno de Bustamante.
(SEMANARIO
ZETA/ Isabel Mercado Juárez/ 15 de Mayo del 2014 a las 20:00:00)
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