Reporteros.com: ALCALDES BAJO INVESTIGACIÓN EN BCS

viernes, 16 de mayo de 2014

ALCALDES BAJO INVESTIGACIÓN EN BCS

Sin comprobar gastos por 890 millones 655 mil 663 pesos

Los presidentes de Mulegé, Loreto y Los Cabos deben responder por el desaseo administrativo correspondiente a los ejercicios fiscales de 2011 y 2012

Terminó el festejo de los informes, y ahora los alcaldes Guillermo Santillán Meza, Jorge Alberto Avilés Pérez y José Antonio Agúndez Montaño, tendrán que prepararse para responder por el desaseo administrativo, los manoteos y desvíos de recursos públicos detectados en las auditorías de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Los ediles de Mulegé, Loreto y Los Cabos están bajo investigación por el cúmulo de irregularidades detectadas durante su primer y segundo año de administración, y no han tenido la manera de comprobar presuntos gastos realizados con recursos propios y participaciones estatales y federales por 890 millones 655 mil 663 pesos con 70 centavos.

Los alcaldes de Mulegé y de Loreto son -según el resultado de las auditorías- “los más desaseados”, y poco o nulo interés pusieron en solventar las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior, que conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece ciertos criterios generales como obligatorios para la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su armonización contable y facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto; y en términos generales y conforme al principio de constitucionalidad, buscar y lograr economía, eficacia y eficiencia en el manejo de recursos públicos.

Tan solo en el ejercicio fiscal de 2012 -y según documentos en poder de ZETA-, las principales irregularidades detectadas fueron:

Mulegé. Depósitos incompletos, pagos de proveedores fantasmas, venta de terrenos sin contratos, pago de comilonas, fiestas, regalos y excesiva asignación de viáticos a funcionarios y millonarios; gastos pendientes por comprobar, así como la abusiva contratación de asesores externos y supuesta ejecución de obras públicas sin ningún tipo de documentación que exponga dónde y cuándo fue realizada y el monto gastado, además del nulo pago de adeudos bancarios y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Loreto. Gasto exorbitante de combustible, viajes, reparación excesiva de vehículos, compra de refacciones de presunta maquinaria, millonarios gastos por comprobar en viáticos, adjudicación directa de obras públicas sin haber sido previamente licitadas y el nulo pago de adeudos bancarios, ISSSTE, FOVISSSTE e IVA.

Los Cabos. El gasto irregular de más de 224 millones de pesos que no fueron previamente aprobados por Cabildo, cuyo destino aún es desconocido por regidores y diputados locales.

Y es que -según el resultado de la investigación contable de 2012- los ayuntamientos no pudieron probar gastos por las siguientes cantidades:

* 428 millones 960 mil 198 pesos con 61 centavos en Mulegé, distribuidos de la siguiente manera: 217 millones 515 mil 956 pesos con 88 centavos en obra pública; 30 millones 911 mil 686 pesos con 60 centavos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; y 180 millones 532 mil 555 pesos con 73 centavos de los egresos del ayuntamiento.

* 237 millones 051 mil 827 pesos con nueve centavos en Loreto: 125 millones 948 mil 899 pesos con 79 centavos por parte del Ayuntamiento y 111 millones 102 mil 927 pesos con 30 centavos por el lado del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

* 224 millones 643 mil 638 pesos gastados irregularmente en Los Cabos, los cuales provienen de un excedente no aprobado por el pleno del Cabildo.

Las denuncias

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Ernesto Ibarra Montoya, consideró que “todas estas irregularidades prueban que esos ayuntamientos son un verdadero desastre, cuyos alcaldes y sus funcionarios, van a tener que pagar las consecuencias, porque estamos preparando las demandas penales, y vamos con todo”.

— ¿Por qué se han tardado tanto en interponer las denuncias penales? ¿Por qué les tienen tanta consideración? Vemos en los documentos que no se han solventado los gastos de los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, sin embargo, en pleno 2014, apenas van a poner las demandas correspondientes a 2011, es decir, tres años después, cuando los alcaldes casi terminan su periodo de gobierno.

“Bueno, lo que pasa es que la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, no establece un criterio en cuanto al periodo de tiempo para solventar las observaciones, y tampoco en cuanto al momento que se deben presentar denuncias administrativas y penales, y como seguramente recodarán, yo subí y propuse una reforma para establecer un periodo o término de tiempo de hasta tres meses para que cualquier entidad gubernamental, sea quien sea, pueda solventar todas las observaciones, cuando sea revisada y auditada. Ahorita está en Comisiones, y seguramente en breve será aprobado para que la próxima Legislatura pueda aplicarla”.

Durante una entrevista con ZETA, el legislador presumió que “el organismo fiscalizador, apenas en esta Legislatura está trabajando como se debe, revisando y analizando cuentas y trayendo a raya a los servidores que manejan recursos públicos, quienes son requeridos constantemente para aclarar algunos gastos ejercidos”.

Actualmente, según datos recabados por este Semanario, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local interpuso en mayo de 2012 las primeras denuncias penales en contra de ex alcaldes que no solventaron las observaciones de los ejercicios fiscales de 2010. Son las siguientes:

* Bajo el número de averiguación previa LPZ/025/SPB/2012, interpuesta en contra del ex alcalde de Mulegé, José Manuel Murillo Peralta, y/o contra quienes resulten responsables por no haber solventado un total de 123 observaciones por un faltante de 52 millones 218 mil 637 pesos con 88 centavos.

* La averiguación previa LPZ/026/SPB/2012, en contra de Alejandro Colorado Betanzos y/o contra quien resulte responsable del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé, por no haber solventado 175 observaciones por un quebranto de 9 millones 162 mil 681 pesos con cinco centavos.

*La LPZ/027/SPB/2012, en contra del ex alcalde de Mulegé José Manuel Murillo Peralta, por presentar retraso en la comprobación de la cuenta pública de 2010.

Posteriormente se presentaron otras denuncias penales en contra de los ayuntamientos de Loreto, Comondú y La Paz, por no haber solventado las observaciones de ese mismo año de ejercicio fiscal.

Hoy por hoy, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Ernesto Ibarra Montoya, prácticamente se agotó el tiempo para poder solventar las observaciones del gasto de 2011, “y hasta donde tengo información, en breve vamos a presentar denuncias penales en contra de los ayuntamientos de Mulegé y Loreto, porque fueron los más desinteresados en solventar la mayoría de las observaciones, a pesar del cúmulo de irregularidades detectadas”.

El diputado recordó que en ese ejercicio fiscal fueron cuatro meses de los anteriores alcaldes y ocho de los actuales, quienes son corresponsables del uso y manejo del dinero en ese ejercicio fiscal.

— ¿Por qué aún no están requiriendo a los ayuntamientos por el ejercicio fiscal 2012?

“Bueno, porque no podemos iniciar la investigación de 2012, cuando apenas estamos preparando las denuncias penales de 2011 y estamos en la espera de los resultados de las denuncias penales de 2010. Ahorita, en el caso de 2012, los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, estamos por notificar por escrito a los alcaldes de que a partir de ese momento, tendrán un periodo de cinco a seis meses para solventar todas las observaciones, y en caso de no resolver, se harán acreedores a denuncias administrativas y penales por algunos delitos tipificados en la Ley”.

El propio presidente del Órgano de Fiscalización Superior, Julio César López Márquez, anticipó que en virtud de que la Ley no establece tiempos fatales, actualmente trabajan en poder homogenizar a nivel nacional un periodo de gracia de tres meses hasta un año para que cualquier ente público observado, entregue los comprobantes respectivos, y de no hacerlo, se atenga a las denuncias administrativas y penales.

El auditor superior explicó que el principio constitucional establece claramente que los gobiernos de cualquier nivel deben buscar economía, eficiencia y eficacia, y desgraciadamente no sucede así: “Por eso se establecen los presupuestos, y son los parámetros que deben regir en cualquier gobierno, y no salirse de esos gastos”.

Un contador consultado por ZETA, quien revisó la documentación de las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior, determinó que “la información refleja una completa desorganización y un tremendo desaseo, que de suceder en cualquier empresa, el administrador ya estaría en prisión”.

En palabras del contador, la mayoría de las observaciones se dan porque no se están rigiendo en los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, menos aún, en los principios constitucionales. “Es decir, si se presupuestó, por decirlo así, 100 mil pesos en el rubro de compra de materiales y suministros, la mayoría de los alcaldes, en vez de lanzar una licitación, contribuir a la economía, eficacia y eficiencia, hacen compras pequeñas a sus amigos o conocidos, y terminan por gastar mucho más de lo que había presupuestado, y es una cadenita que se va extendiendo en todos los rubros”, ejemplificó.

Mulegé

Según el resultado de la auditoría -cuya copia obra en manos de ZETA-, el alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, tiene como práctica recurrente no depositar en las cuentas bancarias el 100 por ciento del dinero recaudado en impuestos, y difícilmente ha podido comprobar miles de millones de pesos en viáticos entregados a funcionarios de su cuestionable administración.

De muy bien diente, en una sentada a comer en cualquier restaurante, el edil suele gastar hasta 15 mil pesos, y entre 30 y 40 mil pesos en una sola salida de Santa Rosalía para asistir a un evento social o reunión política, sobre todo ahora que últimamente ha salido a buscar consensos en su calidad de precandidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Peor aún, una parte importante de sus salidas y las de sus funcionarios, como las de su hermano, Luis Julián, y actual subdirector administrativo de Oficialía Mayor, no tienen justificación y carecen de oficios de comisión -según el dictamen de la auditoría-, pero eso sí, algunos disponen desde 7 mil hasta 87 mil pesos para gastar en gasolina, alimentación y hospedaje, a costillas de los ciudadanos de Mulegé, quienes por obvias razones, no ven reflejados sus impuestos en seguridad, obra pública, alumbrado, agua potable y recolección de basura.

El de Mulegé es, pues el alcalde más pachanguero. De acuerdo a la auditoría, puede gastar sin chistar hasta 40 mil pesos en la contratación de música, comprar banquetes de comida en 66 mil pesos y pagar hasta 103 mil pesos al Notario Público Número 21, Marcos Rogelio Espinoza Cota, por concepto de honorarios de elaboración de escrituras de algunas propiedades, que todavía no están muy claras.

El colmo: que el alcalde Guillermo Santillán Meza tiene como proveedor y funcionario al actual director de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Ricardo Salvador Amparán Vázquez, quien en una de tantas facturas cobró 23 mil pesos por concepto de conservación y rehabilitación de caminos rurales, violentando así el Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Como hombre de la “gran vida”, el edil lo mismo compra dos llantas usadas en 7 mil pesos, que un vehículo usado en 220 mil pesos, y hasta bicicletas para niños a razón de casi 2 mil pesos cada una.

El perredista es quizá el que mayor número de asesores tiene, pues paga entre 12, 20 y hasta 40 mil pesos mensuales por supuestamente recibir servicios de asesoría contable y de comunicación, incluso se dio el lujo de contratar al Despacho Jurídico de Vargas Aguiar y Asociados, representado por Juan Carlos Vargas Aguiar, y pagar 2 millones 283 mil 383 pesos con 49 centavos por el cobro de licencias de construcción, uso de suelo y obras en contra de minería y metalúrgica “El Boleo”, como si no contara con una área jurídica y personal calificado.

A pesar de lo anterior, y en base a la auditoría, el alcalde últimamente ha vendido terrenos urbanos a diferentes personas, cobrando anticipos desde 38 mil hasta 100 mil pesos, cuyas operaciones carecen de avalúos, actas, convenios, contratos de compraventa y escrituración.

De acuerdo al resultado de la auditoría, lo más grave de todo es que la obra pública realizada por el edil en el ejercicio fiscal 2012, carece de documentación comprobatoria como es presupuesto, proyecto ejecutivo, y fecha de inicio y entrega, así como el lugar y tipo de obra ejecutada, proceso de contratación, método de adjudicación y nombre de proveedor, pues solo se comprobó que el dinero fue sacado de las cuentas bancarias y no se sabe a ciencia cierta su destino, el cual suma 217 millones 515 mil 956 pesos con 88 centavos.

ZETA solicitó la postura oficial del alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, a través de la jefa de Comunicación Social, Cristina Medina Carrillo, sin embargo, no respondió al llamado.

Loreto

Si Mulegé tiene un verdadero desastre, Loreto no es la excepción. Propietario de maquinaria pesada, dompes y pipas, el alcalde Jorge Alberto Avilés Pérez, presentó -de acuerdo al resultado de la auditoría- un gasto exorbitante en combustibles y repartió gasolina y diésel a diestra y siniestra, sin llevar un registro en la bitácora de distribución.

La facturación de gasolina va desde los 252 mil pesos hasta más de medio millón de pesos, y hace presumir que parte del combustible fue entregando para la movilización de los vehículos del propio edil emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, según las pólizas de egresos, el ayuntamiento erogó miles de pesos por concepto de reparación y mantenimiento de vehículos, y en la póliza de los cheques expedidos, casualmente no aparece el modelo del vehículo, placas y oficina asignada, solo pagos que oscilan entre los 40 mil y más de 120 mil pesos.

Otro punto importante entre las irregularidades detectadas, es la compra de motores para camiones, como los 60 mil 495 pesos gastados el 13 de febrero de 2012 por concepto de la adquisición de motor completo usado Diésel Navistar 466DT, donde sospechosamente no se anexó la copia del contrato, el nombre del beneficiario y el estudio del costo beneficio.

Con menos viajes que el alcalde de Mulegé, la mayor parte de gastos y entrega de viáticos de Jorge Avilés, se centran en la primera dama loretana, Nancy Nereyda Saldaña Cuevas, quien en varios apartados no entregó comprobante del dinero gastado en viajes presuntamente oficiales.

Lo que llama la atención, es un gasto excesivo en la compra de tarjetas telefónicas para teléfonos celulares, por las cuales, tan solo en el mes de mayo, se realizaron dos adquisiciones por 144 mil 269 pesos con 78 centavos, y 135 mil 729 pesos con 15 centavos, además, no se elaboró ninguna bitácora para saber el nombre de los beneficiarios.

Eso sí, en la lista de beneficiarios con apoyos económicos, aparecen reporteros y presuntos periodistas, quienes cobraron desde 12 mil hasta 50 mil pesos, cuyo recurso no dejó ningún tipo de beneficio a la sociedad loretana.

Pero como al pueblo hay que darle “circo, maroma y teatro”, el edil priista liberó sin respingar 150 mil pesos para la realización de la carrera Loreto 400, donde quedó registrado que no se entregó ningún tipo de comprobante fiscal que justificara el gasto.

Peor aún, el alcalde de Loreto no tuvo manera de comprobar 6 millones 414 mil 457 pesos -provenientes de recursos propios y federales- por concepto de realización de obra pública, alguna de las cuales, dicho sea de paso, asignó de manera directa y sin licitación a la compañía constructora propiedad de su entonces director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Jorge Armando López Espinoza, que dicho sea de paso, es el mayormente beneficiado en obras públicas junto con su cuñado Armando Calleros Zatarain, y los hermanos Hansel Ulises y Francisco Javier Ramos Robles.

En la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del ejercicio fiscal de 2012, el propio colaborador de Avilés, Jorge Armando López Espinoza, salió con un faltante de 111 millones 102 mil 927 pesos con 30 centavos, cuya empresa y la de sus amigos ejecutó -según el expediente- la construcción de un tanque superficial y línea de conducción hidráulica para suministro de agua potable de la urbanización del Polígono 2 en Loreto, donde obtuvieron un contrato de 6 millones 740 mil 793 pesos con 58 centavos.

La obra está prácticamente observada porque “no fue licitada” y adjudicó de manera directa sin tener ninguna justificación, violentando la Ley de Obra Pública y Servicios, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En medio de todas estas irregularidades, Jorge López, tuvo que dejar el cargo de director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto, refugiándose en la presidencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), dejando pendiente de comprobar, entre otras cosas, compra de combustible, reparación de vehículos y maquinaria, supuestas asesorías y un terrible endeudamiento con acreedores diversos.

ZETA solicitó una entrevista con el alcalde de Loreto, Jorge Alberto Avilés Pérez, a través de la jefa de Comunicación Social, Litia Herrera, quien a pesar de comprometerse a fijar una postura del edil, finalmente no se comunicó y guardo silenció en torno a los hechos.

Cabe destacar que, según la auditoría, durante el ejercicio fiscal de 2012, ninguno de los alcaldes de Mulegé y Loreto abonó en el pago de adeudos bancarios ni de IVA, así como créditos fiscales con instituciones como ISSSTE y FOVISSSTE.

Los Cabos

En el caso del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, señaló como una observación más el caso de los más de 224 millones de pesos gastados irregularmente por el tesorero Gerardo Manríquez Amador, al carecer “del acta de aprobación del Cabildo”; por lo tanto, consideró el asunto como una irregularidad que tendrá que solventarse, porque lo de lo contrario, el propio organismo fiscalizador deslindará responsabilidades administrativas y penales en contra del alcalde y del tesorero, y quienes resulten responsables por ese delito.

Un auditor de la propia institución, consultado por ZETA, expuso que “la única manera de que esa irregularidad pueda solventarse, es entregando el acta de Cabildo firmada por todos los regidores, donde estén en común acuerdo de que se registró una ampliación del presupuesto”.

Sin embargo, siete de los 13 regidores están en contra de firmas cualquier acta de Cabildo, en ese sentido, inclusive promovieron la salida de Gerardo Manríquez Amador y Héctor Aréchiga de la Peña, quienes, según datos recabados por ZETA, serán los primeros en salir en los cambios anunciados por el edil perredista.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra Montoya, dijo que a raíz del escándalo por ese dinero, “ahorita estamos revisando con lupa en qué, dónde, cómo y de qué manera se gastó todo ese dinero, y sobre todo, por qué no se le tomó en cuenta al Cabildo de Los Cabos, siendo que es la máxima autoridad del ayuntamiento”.

— Independientemente del Cabildo, ¿Ustedes están revisando y fiscalizando ese dinero?

“Claro, el Órgano de Fiscalización Superior ya lo revisó y detectó irregularidades, y bueno, hizo una observación que deberá solventarse, pero más allá de que se solvente o no se está revisando la documentación, porque estamos hablando del dinero de un ejercicio cerrado, queremos tener la certeza hacia dónde se fue y en qué se ejerció, y poder llegar a una conclusión”.

— ¿Qué va a pasar si por ejemplo sale el tesorero, como parece está previsto?

“Bueno, respetando la autonomía, los regidores tendrán que deslindar responsabilidades, sobre todo el síndico, que es el encargado del patrimonio y la Hacienda municipal, porque si no lo hace, según la Ley de Contabilidad Gubernamental, estaría incurriendo en un delito, y sería tan responsablemente penal como el tesorero, por nuestro lado; y si no se solventa esa observación con el acta de Cabildo, vamos a denunciar penalmente a los responsables, porque estamos hablando de más de 224 millones de pesos, que no es cualquier cosa.

“Podemos ver el caso de las últimas detenciones de ex gobernadores, ex alcaldes y ex tesoreros que fueron detenidos por desvíos de 20, 30 y 50 millones de pesos, y aquí estamos hablando de una suma mucho más grande, por lo que cayeron algunos ex servidores públicos”.

El propio alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, adelantó que habrá cambio en su gabinete, ya sea por “motivos de salud” o “motivos de salud de la propia administración municipal”, luego de dar a conocer que la compañía responsable de auditar los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013, será el despacho Béjar Galindo Lozano y Compañía.

LAS IRREGULARIDADES EN LORETO EN 2012

Descripción	Presupuestado	Gastado
Combustibles	$144,019.65	$7,074,360.68
Reparaciones, accesorios y refacciones	$229,291.74	$2,110,191.71
Equipos de telecomunicaciones y celulares	$120,000.00	$334,149.78